REVISIÓN DEL POT “500 AÑOS SANTA MARTA”: ¿PARTICIPACIÓN O VALIDACIÓN CIUDADANA?

Por: VERUZKA AARÓN TORREGROZA

veruzkaaaron.t@gmail.com

De manera intempestiva la Alcaldía Distrital de Santa Marta comunicó a la ciudadanía sobre el desarrollo de lo que denominaron “Espacios de construcción colectiva y participación ciudadana del proceso de modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial”. En el marco de estos espacios se convocó a las localidades de la ciudad durante los días 14, 15 y 16 de octubre del año en curso. Quienes lograron conocer oportunamente de esta convocatoria asistieron con la idea de que en dichos espacios tendrían oportunidad de participar efectivamente del proceso de Revisión Excepcional del POT.  Sin embargo, conocido el mecanismo de participación ciudadana que empleará la administración distrital para este proceso, surgió la preocupación entre varios asistentes y especialistas en el tema. Estos coincidieron en advertir que la limitada información disponible y los reducidos espacios de participación dispuestos por el Distrito, lejos de garantizar una intervención efectiva de la ciudadanía —como correspondería a un escenario destinado a corregir los errores y debilidades evidenciadas en este instrumento—, podrían estar orientados a restringir el debate, omitir una discusión profunda y seria, y obtener así una validación sin posibilidad de cuestionamiento por parte de la comunidad.

La participación ciudadana se ha convertido en un mecanismo incómodo para los gobiernos en sus distintos niveles territoriales. Esto, a pesar de la clara normatividad que respalda este derecho consagrado desde la Constitución Política como un principio esencial del Estado en el Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: “Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.” En desarrollo de este mandato constitucional, diversas leyes han regulado los mecanismos de participación ciudadana. Entre ellas destaca la Ley 388 de 1997, cuyo propósito es orientar el desarrollo del territorio municipal o distrital de manera armónica. Dicha norma, en su artículo 24, dispone que “la concertación y la participación democrática son fundamentos del ordenamiento del territorio municipal y distrital”, reafirmando así que la planeación del territorio no puede desligarse del ejercicio participativo de la ciudadanía.

Según lo explicado a los asistentes en una de las jornadas desarrolladas, el mecanismo de participación ciudadana que implementará el Distrito consiste en la habilitación, por parte de la entidad, de un correo electrónico para que los interesados puedan enviar sus sugerencias y/o preguntas. A estas se les dará respuesta mediante una matriz que será publicada en un plazo de quince días en la página oficial de la entidad. En ese mismo espacio se informará si las observaciones recibidas fueron o no incorporadas al proceso. Pregunta para los ciudadanos preocupados ¿Puede este mecanismo garantizar una participación activa de la ciudadanía y que las decisiones sobre el uso del suelo respondan al interés general y no solo a intereses particulares?

Decían las abuelas que “en el desayuno se sabe el hambre que se pasará en el resto del día”. Ese refrán parece aplicarse a este proceso, que desde su inicio ha estado marcado por un manejo poco transparente por parte de la administración del alcalde Carlos Pinedo. Este proceso debió partir de la socialización de los resultados del seguimiento y evaluación del avance de la ejecución del POT, tal y como lo señala el Decreto 1232/2020  (Parágrafo 1, Artículo 2.2.2.1.2.1.1): “La revisión o modificación de los POT debe partir de los resultados de la etapa de Seguimiento y Evaluación”. Según el Decreto 1077 de 2015, esta modalidad “podrá emprenderse en cualquier momento a iniciativa del alcalde municipal o distrital, siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los motivos que dan lugar a su modificación”. La ausencia de esta información, por tanto, no solo limita la transparencia del proceso, sino que pone en entredicho su fundamento legal y técnico.

Iniciar este proceso sin brindar a la ciudadanía la información adecuada y oportuna no es un simple problema de organización administrativa. Esta parece ser una secuela de la “jugadita” mediante la cual la administración distrital intenta encubrir el soterrado manejo de este proceso cuyo liderazgo técnico ha sido entregado por medio de cuestionables contrataciones al señor Fabián Díaz, uno de los profesionales responsables de formular el “POT  500 Años” sin contar con la totalidad de los soportes técnicos y estudios que sustenten el diseño de normas orientadas al crecimiento urbano de la ciudad. Esta falta de rigor se refleja, por ejemplo, en la clasificación de suelos, cuyas definiciones en el documento del POT no corresponden con la realidad territorial. (ver POT SANTA MARTA 500 AÑOS: EL CURIOSO CASO DE BELLO HORIZONTE – Vox Pública https://voxpublica.com.co/pot-santa-marta-500-anos-el-curioso-caso-de-bello-horizonte/) .

Como lo han demostrado comunidades como Bellavista y Bello Horizontes, está en manos de la ciudadanía en general, decidir si emplear mecanismos de Ley para asegurar una participación ciudadana efectiva en este proceso, o simplemente, servir como validadores y facilitadores para que se concrete este nuevo entuerto que busca ultimar los “negocios” de unos cuantos a costa de la planificación y desarrollo ordenado de nuestra ciudad.

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