Por: BRIANA CAMARGO CANTILLO
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En Santa Marta, la discusión sobre el ajuste de las tarifas del transporte público ha cobrado especial relevancia a partir de dos estudios técnicos recientes elaborados por la Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible. Por un lado, el Estudio de Actualización de Tarifas del Servicio de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros – 2025, que sirvió de sustento para la expedición del Decreto Distrital No. 235 del 23 de enero de 2026 y que se enfoca exclusivamente en el servicio de taxis. Por otro, el Estudio de Actualización de Tarifas del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano del D.T.C.H. de Santa Marta para la vigencia 2026, dirigido al transporte urbano de buses y busetas y que servicio de sustento para la expedición del Decreto Distrital No. 237 del 23 de enero del 2026. Aunque se trata de modalidades distintas, el inconformismo ciudadano que generan ambos procesos termina siendo, en esencia, el mismo.
Los dos estudios cumplen con su finalidad técnica al analizar costos operativos como el precio del combustible, el mantenimiento entendido como rubro financiero, los salarios, los seguros, la inflación y la sostenibilidad económica del servicio. Desde esa óptica, los ajustes tarifarios encuentran un respaldo metodológico que no puede desconocerse. El cuestionamiento no está en la existencia de los estudios ni en la necesidad de revisar las tarifas, sino en el alcance de los factores que se toman en cuenta para hacerlo.
Tanto en el caso del transporte individual como en el del transporte colectivo urbano, el análisis se centra en cuánto cuesta prestar el servicio, pero no profundiza de manera suficiente en cómo se está prestando realmente. En el estudio de taxis, el vacío es más evidente: se calcula el costo de operación del vehículo, pero no se evalúa de forma clara y verificable el estado real de los automotores que hoy circulan, ni las condiciones de comodidad, seguridad o experiencia del usuario. En el transporte urbano, aunque se hace mayor referencia al parque automotor y a la necesidad de mantenimiento o renovación, el enfoque continúa siendo principalmente económico y proyectado, más que una evaluación concreta de la calidad efectiva del servicio que recibe el ciudadano.
En ninguno de los dos estudios se observa un análisis robusto sobre el estado actual de los vehículos en funcionamiento ni sobre variables directamente asociadas a la calidad del servicio, como el deterioro de los automotores, la incomodidad, la ventilación, la limpieza, el hacinamiento o la percepción de seguridad. Tampoco se establecen exigencias claras que vinculen el aumento de la tarifa con mejoras verificables en la prestación del servicio. Así, el usuario termina asumiendo un mayor costo sin una garantía expresa de que ese pago adicional se refleje en mejores condiciones de transporte.
Esto explica por qué, pese a tratarse de estudios distintos y de servicios diferentes, la inconformidad ciudadana converge en un mismo punto. El usuario de taxi y el usuario del transporte colectivo urbano parten de realidades distintas, pero comparten una expectativa legítima: que el valor que pagan esté en correspondencia con la calidad del servicio que reciben.
Plantear esta reflexión no implica desconocer la importancia de la sostenibilidad financiera del sistema ni deslegitimar el trabajo técnico de la administración. Por el contrario, invita a ampliar la mirada. El transporte público, en cualquiera de sus modalidades, no puede reducirse únicamente a una ecuación de costos. Es un servicio esencial que impacta la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de la ciudad, y que debería integrar de manera explícita exigencias reales de calidad, dignidad y experiencia del usuario.
Tal vez el debate no deba centrarse solo en cuánto debe costar el transporte en Santa Marta, sino también en qué estándares mínimos de servicio deberían cumplirse antes o al menos al mismo tiempo de trasladar ese costo al ciudadano. Mientras esa discusión no se incorpore de forma central, el inconformismo seguirá siendo el mismo, sin importar si el análisis se hace sobre taxis o sobre buses.
