Por Redacción
Por estos días el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha sido noticia en Colombia debido al aumento en los avalúos catastrales. El descontento que se tradujo en protestas en varias ciudades se centró en los porcentajes de incremento aplicados a predios rurales en varios municipios del país para la vigencia 2026, definidos en la Resolución 2057 de diciembre del año pasado, expedida por la entidad. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es una de las entidades técnicas más importantes del Estado colombiano, aunque muchas veces su labor pasa desapercibida para el ciudadano común. Su trabajo impacta directa e indirectamente aspectos de la vida diaria, desde la propiedad de la tierra hasta la planificación de ciudades y la inversión pública. En medio de estas tensiones la redacción de VoxPública ha recibido -fuente que pide reservar su identidad por razones de seguridad- copia de una denuncia que advierte sobre posibles irregularidades en la contratación dentro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La denuncia que fue radicada de forma anónima es dirigida ante Natalia Rojas González, jefe de Control Disciplinario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Bogotá). En este, se señala a la directora territorial (Magdalena), Yuris Viviana Ramírez Navarro por presuntas prácticas que podrían constituir un conflicto de intereses.
Según la denuncia (auto de apertura de investigación disciplinaria N° 6914 del 25 de febrero de 2026 – proceso disciplinario N° 00-4288-26) desde el año 2024 la directora territorial habría impulsado la contratación de familiares directos (incluyendo a su esposo y varios sobrinos ) de la funcionaria jurídica Carmen Rosa Africano Córdoba y de la ingeniera de sistemas Ale Avendaño Noriega. El señalamiento central apunta a que, pese a esta relación, Africano Córdoba no se habría declarado impedida para intervenir en las distintas etapas de los procesos contractuales que beneficiaron a sus allegados. De acuerdo con el documento, esta situación podría vulnerar principios fundamentales de la función pública como la transparencia, la imparcialidad y la moralidad administrativa, al tiempo que plantea interrogantes sobre los controles internos en la entidad.
Con el propósito de confirmar la información allegada desde VoxPública nos dimos a la tarea de consultar los datos allí consignados a través de distintas plataformas del Estado. Esto fue lo que encontramos:
Familiares de Carmen Rosa Africano Córdoba contratados en el IGAC (Magdalena)
♦ Omar Alfonso Meriño Daza (esposo): Registra 8 contratos bajo la figura de Contratista 01 en el IGAC, desde el 25 de noviembre del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025. El último contrato ( aparece por valor de $88.105.577, desde el 21de enero de 2026 hasta el 10 de octubre de este mismo año. Presta de servicios profesionales para el seguimiento, administración, control, supervisión y demás actividades conexas, durante la ejecución del proceso de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito a cargo de la Dirección Territorial. (Fuente: Portal de Transparencia del IGAC.)
♦ Robinson Flórez Africano (sobrino): Registra 2 contratos. Desde el año 2023 hasta el 2025. El último contrato es el N° 2608 de 2025 por valor de $19.379.389,00 desde el 12 de mayo marzo 2025 hasta 26 septiembre del mismo año. Llama la atención que en este mismo portal en favor de Robinson Flórez aparece otro contrato (2533 de 2025) por valor de $ 23.077.561, el cual tiene como periodo de ejecución del 06 de marzo de 2025 al 20 de diciembre del mismo año. En este último presta servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades del dentro del proceso de avalúos comerciales en la dirección territorial magdalena. (Fuente: Portal de Transparencia del IGAC.)
♦ Angie Flórez Africano: registra 1 contrato. Desde el 21 de enero de 2026 hasta el 20 de diciembre 2026 por valor de $22.924.000. Presta servicios personales para realizar apoyo en las actividades de campo en el marco de la actualización y/o formación catastral con enfoque multipropósito en el municipio asignado para la dirección territorial. (Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/detallarHV/S5158402-0291-5)
Familiares de Ale Avendaño Noriega contratados en el IGAC (Magdalena)
♦ Andrés Felipe Obispo Noriega (hermano): Registra 1 contrato (N° 2266 de 2023) por valor de $8.462.067, desde el 07 de septiembre hasta el 30 de diciembre. Presta servicios de apoyo a la gestión en ventanilla para atención al público del proceso de conservación catastral en la dirección territorial magdalena.
♦ Iván Dario Obispo Noriega (hermano): Registra 3 contratos durante el 2025 como contratista 01. A la fecha su contrato desde el 21 de enero de 2026 es por valor de $18.100.000. Presta servicios personales para realizar actividades de apoyo operativo y administrativo en el marco de la actualización y/o formación catastral con enfoque multipropósito en el municipio asignado a la Dirección Territorial (Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/detallarHV/S3408139-0291-5)
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es una entidad técnica cuya credibilidad depende de la imparcialidad y precisión de su trabajo. Por eso, cuando se presentan posibles conductas irregulares -como favorecer a familiares en contratación- el impacto no se queda dentro de la institución: afecta directamente al público y al funcionamiento del Estado. Debemos tener presente que en el Magdalena las implicaciones de la pérdida de confianza en esta institución es de suma gravedad dado que en este subsisten profundos conflictos por tierras que históricamente han cobrado vidas y en donde en la actualidad hay en juego muchas disputas legales por la propiedad.
En una entidad que organiza la información del territorio y sustenta impuestos, inversiones y derechos de propiedad, la transparencia es esencial para proteger el interés público.
Expertos en derecho disciplinario consultados por este medio explican que, de comprobarse los hechos, la omisión de declararse impedido en un proceso donde existe un interés personal o familiar puede derivar en sanciones que van desde suspensiones hasta destituciones, dependiendo de la gravedad de la conducta. El posible favorecimiento en contratos también puede implicar: Violación del principio de selección objetiva, falta de transparencia y Desviación del interés general.
Por ahora, serán las autoridades competentes quienes determinen si existen méritos suficientes para abrir un proceso disciplinario que esclarezca los hechos y establezca posibles responsabilidades.
Documento denuncia anónima
