La regulación del derecho a morir dignamente en Colombia ha avanzado de forma progresiva bajo la guía de la jurisprudencia constitucional y su desarrollo administrativo. En ese proceso, la Resolución 813 de 2026 se presenta como un punto de consolidación: no crea el derecho, pero sí lo organiza, lo precisa y desarrolla estándares previamente fijados por la Corte Constitucional. Su apariencia es técnica; su impacto, profundamente sustantivo.
El eje estructural de la norma es claro: la eutanasia solo procede cuando existe una manifestación de voluntad libre, informada, inequívoca y persistente por parte del paciente. Este estándar responde a una línea consolidada desde la Sentencia C-239 de 1997 y decisiones posteriores. La autonomía no es aquí un criterio adicional, sino el núcleo del derecho. La muerte médicamente asistida, en su modalidad de eutanasia, se configura como un derecho personalísimo, no delegable.
Este diseño fortalece un blindaje jurídico relevante. En contextos de vulnerabilidad (clínica, social o familiar), exigir una voluntad expresa reduce el riesgo de abusos o decisiones adoptadas por terceros. En consecuencia, la resolución cierra la puerta a interpretaciones flexibles del consentimiento: este no se presume, no se reconstruye y no se sustituye. Incluso cuando se contempla el consentimiento sustituto, su alcance es excepcional y estrictamente interpretativo.
Sin embargo, esa misma solidez revela su principal tensión. Al hacer depender el acceso de la autonomía, el modelo excluye a quienes nunca han podido ejercerla. Personas con discapacidades cognitivas profundas o condiciones neurológicas que impidieron el desarrollo de una voluntad autónoma quedan por fuera del ámbito de la eutanasia, independientemente de la intensidad de su sufrimiento.
El contraste es evidente. Dos pacientes con condiciones clínicas equivalentes pueden recibir respuestas distintas según su capacidad de decidir. Uno accede a la eutanasia; el otro queda limitado a cuidados paliativos o a la adecuación de los esfuerzos terapéuticos (AET). La diferencia no está en la enfermedad, sino en la posibilidad de haber expresado una voluntad.
En términos estrictos, no se trata de un vacío normativo absoluto, sino de una zona de no cobertura derivada del criterio de acceso: allí donde no hay autonomía verificable, el derecho deja de operar. Este punto es central, porque desplaza el debate desde la existencia del derecho hacia sus condiciones reales de ejercicio.
La experiencia comparada permite dimensionar mejor esta elección. Países como Países Bajos y Bélgica han desarrollado modelos que, aunque también centrados en la autonomía, admiten el acceso de menores de edad bajo condiciones altamente restrictivas. En estos sistemas, la decisión no se sustituye plenamente, pero sí se articula mediante esquemas reforzados en los que intervienen padres, evaluaciones clínicas de capacidad y controles adicionales, especialmente en contextos de enfermedad terminal. Se trata de modelos híbridos entre autonomía y protección. Por contraste, ordenamientos como el canadiense, aunque han ampliado progresivamente los supuestos de acceso a la muerte médicamente asistida, mantienen la exclusión de menores.
Este panorama comparado no es accesorio. Permite evidenciar que el diseño colombiano no es la única opción posible, sino una decisión regulatoria específica que privilegia un entendimiento particularmente estricto de la autonomía.
En el ámbito interno, Colombia cuenta con una regulación específica para menores de edad, distinta a la de adultos, principalmente a partir de la Resolución 825 de 2018. Este régimen confirma la regla general, pero introduce una gradación: la eutanasia es posible, siempre que exista capacidad de decisión, evaluada según la edad y el desarrollo del menor. Así, mientras los adolescentes pueden participar activamente en la decisión (e incluso solicitar el procedimiento en ciertos rangos), los niños más pequeños solo pueden acceder en escenarios excepcionales, bajo controles más exigentes.
No obstante, el límite vuelve a ser el mismo. Aquellos menores que no pueden formar o expresar una voluntad autónoma (por edad, condición cognitiva o estado clínico) quedan excluidos. En estos casos, el sistema no habilita una sustitución plena del consentimiento, sino que remite a alternativas como los cuidados paliativos o la AET. En otras palabras, incluso en un ámbito donde el derecho comparado ha explorado fórmulas más flexibles, Colombia mantiene una línea consistente: sin autonomía verificable, no hay eutanasia.
La consecuencia es clara y puede afirmarse sin ambigüedades: el modelo colombiano resulta más restrictivo en escenarios de ausencia estructural de autonomía, incluso frente a algunas experiencias comparadas.
La respuesta institucional para estos casos se limita a los cuidados paliativos y a la AET. Aunque estas herramientas son clínicamente relevantes y éticamente defendibles, no son equivalentes a la eutanasia. La primera permite que la muerte ocurra sin intervenciones desproporcionadas; la segunda implica una acción directa orientada a poner fin al sufrimiento. La diferencia no es meramente técnica, sino sustantiva en términos de experiencia del paciente.
Aquí se delimita con mayor claridad la tensión de fondo. El modelo colombiano privilegia una concepción formal de la dignidad, anclada en la posibilidad de decidir, sobre una concepción material, centrada en la experiencia efectiva del sufrimiento. Esta opción es jurídicamente consistente y funcional para evitar abusos, pero no está exenta de costos.
La Resolución 813 introduce, sin duda, avances importantes. Reafirma que la discapacidad no equivale a incapacidad, exige la implementación de apoyos para facilitar la expresión de la voluntad y fortalece el valor de las directivas anticipadas. Asimismo, consolida un procedimiento riguroso que eleva las garantías y reduce el margen de error.
Aun así, el balance es claro. La resolución no elimina las tensiones del derecho a morir dignamente; las gestiona. Y lo hace inclinándose por una opción prudente: privilegiar la autonomía, incluso a costa de restringir el acceso en determinados supuestos.
El debate, sin embargo, permanece abierto. Si la dignidad es un atributo inherente a toda persona, su realización no debería depender exclusivamente de la posibilidad de haberla expresado. Pero admitir lo contrario implica abrir la puerta a decisiones sustitutivas en uno de los ámbitos más sensibles del derecho.
Entre autonomía, protección y sufrimiento, el ordenamiento colombiano ha trazado una línea clara. La Resolución 813 la consolida. Lo que aún está por definirse es si esa línea logra responder, de manera suficiente, a todos los escenarios que el propio derecho pretende abarcar.
