El 2026 no solo comenzó con cifras alarmantes: comenzó con una señal inequívoca de que la violencia en Colombia no se ha ido, solo ha cambiado de rostro. En los primeros meses del año, el país registra 35 masacres y 133 víctimas, un dato que rompe la tendencia descendente de los últimos años y vuelve a encender las alarmas sobre el rumbo de la seguridad nacional.
Detrás de cada cifra hay historias truncadas, comunidades silenciadas y territorios atrapados en una disputa que ya no responde a las lógicas tradicionales del conflicto armado. Hoy, más que nunca, la violencia parece fragmentada, difusa y difícil de contener.
Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, el país apostó por cerrar un capítulo de guerra prolongada. Sin embargo, lo que siguió no fue la desaparición del conflicto, sino su transformación.
En lugar de un actor dominante, emergió un mosaico de grupos armados: disidencias, estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas criminales y organizaciones ligadas al narcotráfico. Esta multiplicidad ha generado una nueva dinámica: menos confrontaciones directas entre grandes fuerzas, pero más violencia localizada y persistente.
Las masacres actuales ya no responden únicamente a enfrentamientos armados. En muchos casos, son actos deliberados de control social.
Matar en grupo, en espacios públicos o frente a comunidades enteras, se convierte en un mensaje: “aquí mandamos nosotros”. Es una estrategia de dominación territorial que busca silenciar, desplazar o someter a la población civil.
Las víctimas, en su mayoría, no son combatientes. Son jóvenes, campesinos, líderes sociales o habitantes de zonas rurales donde la presencia del Estado sigue siendo débil o intermitente.
El mapa de las masacres coincide con regiones estratégicas para economías ilícitas. El control de rutas del narcotráfico, la minería ilegal y otros negocios clandestinos ha intensificado la competencia entre grupos armados.
En estos territorios, la ley la imponen quienes tienen las armas. La ausencia o fragilidad institucional facilita que estas estructuras no solo operen, sino que también ejerzan funciones de control social, justicia y regulación económica.
Mientras tanto, el gobierno mantiene su intento por impulsar una política de negociación simultánea con varios actores armados. Sin embargo, la llamada “Paz Total” enfrenta retos complejos: diálogos fragmentados, incumplimientos, tensiones internas y, en algunos casos, reacomodos violentos de los grupos en medio de los procesos.
Lejos de reducir la violencia de forma inmediata, estos escenarios han generado vacíos de poder o disputas por posicionamiento, lo que se traduce en un aumento de hechos violentos como las masacres.
Aunque las cifras evocan los peores años del conflicto, la realidad actual es distinta. No se trata de un retorno a la guerra de décadas anteriores, sino de una nueva fase caracterizada por la dispersión de la violencia.
Entre 2020 y 2025, el departamento ha registrado al menos 20 masacres, con más de 60 víctimas, mientras que el total de homicidios supera los 3.100 casos en ese mismo periodo. Municipios como Zona Bananera, Ciénaga, Fundación y Pivijay concentran buena parte de estos hechos, evidenciando una geografía del crimen marcada por corredores rurales y disputas ilegales. En 2026 el departamento ya figura entre las regiones afectadas por el nuevo repunte nacional.
Hoy, el país enfrenta un desafío más complejo: múltiples actores, intereses económicos ilegales en expansión y una violencia que se reproduce en pequeñas escalas, pero con impactos devastadores.
Quizás lo más preocupante no son solo las cifras, sino la posibilidad de que estas dejen de sorprender. Cuando las masacres se vuelven recurrentes, el riesgo es que se integren al paisaje informativo sin generar la indignación necesaria para impulsar cambios estructurales.
Colombia enfrenta, una vez más, una pregunta incómoda pero urgente: ¿cómo detener una violencia que ya no tiene un solo rostro, ni un solo responsable?
La respuesta no será simple. Pero ignorar el problema, o reducirlo a cifras aisladas, podría ser el primer paso para que esta nueva ola de violencia se consolide como la norma.
