COMPETITIVIDAD DEL MAGDALENA: MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Durante años, el Magdalena se ha promovido como un territorio estratégico por su ubicación sobre el Caribe, uno de los principales puertos del país, un destino turístico reconocido internacionalmente, una riqueza ambiental incomparable, potencial agroindustrial, recursos mineros y una posición privilegiada para el comercio exterior. Sin embargo, cuando se observan los indicadores que realmente miden la capacidad de un territorio para generar bienestar y desarrollo, la realidad es mucho menos alentadora. El más reciente Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2026 ubica al Magdalena en el puesto 18 entre los 33 departamentos del país. Exactamente en la mitad de la tabla nacional por debajo de departamentos como que Atlántico (6), (Boyacá (10) y Tolima (12) tienen menos atributos territoriales. Esta comparación es necesaria para resaltar que no es suficiente con contar con un enorme potencial si este no se traduce en desarrollo. En economía, esa diferencia tiene un nombre: incapacidad para transformar ventajas comparativas en ventajas competitivas.

El IDC es una herramienta desarrollada por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario para medir, de manera objetiva, el desempeño competitivo de los 32 departamentos de Colombia y Bogotá D.C.

La edición 2026 evalúa a los territorios mediante 93 indicadores, agrupados en 13 pilares y organizados en cuatro grandes factores: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador.

El IDC 2026 evidencia que el mejor desempeño del Magdalena se encuentra en tres aspectos: sus instituciones, el tamaño de su mercado y la diversificación de su economía. En contraste, presenta rezagos importantes en educación, mercado laboral, sostenibilidad ambiental, innovación e infraestructura.

Los peores resultados corresponden a factores que en gran medida Dependen de políticas públicas. En otras palabras, el Magdalena posee condiciones para hacer negocios, pero no ha construido las capacidades para competir. Esa es la razón por la cual permanece en el puesto 18 del país, lejos de los departamentos líderes en competitividad.

El Magdalena ocupa el puesto 26 en educación básica y media y el 21 en salud. Ninguna región puede aspirar a competir con economías más dinámicas si sus niños reciben una educación de baja calidad y si el sistema de salud presenta limitaciones para garantizar bienestar y productividad laboral. La deficiencia de estos factores es caldo de cultivo para la  reproducción de ciclos de pobreza y reducción de la capacidad del departamento para atraer inversiones intensivas en conocimiento.

En el mercado laboral, el departamento aparece en el puesto 26, una señal de que el crecimiento económico todavía no logra traducirse en empleos de calidad, mayores ingresos y mejores condiciones para los trabajadores. Muestra de esto la alta dependencia del turismo estacional, cuya gran parte de empleo generado se registra en la informalidad.

Otro indicador preocupante es la adopción de tecnologías de información, donde Magdalena ocupa el puesto 19. En una economía donde la competitividad depende cada vez más de la digitalización, la conectividad y el desarrollo tecnológico, este resultado refleja una brecha que puede terminar ampliando las diferencias frente a departamentos más avanzados. Pero es muy difícil pretender mejorar esta posición mientras la educación se mantenga rezagada.

El IDC incorpora la infraestructura como uno de los cuatro factores habilitantes sobre los cuales descansa la competitividad de los territorios. Evalúa aspectos como la cobertura de acueducto, alcantarillado, energía, gas, el estado de la red vial y los costos de transporte, reconociendo que estos determinan la capacidad de una economía para producir, atraer inversión y generar empleo. En este contexto, el puesto 16 que ocupa el Magdalena en infraestructura debería interpretarse como una alerta.

El Magdalena continúa acumulando retrasos en proyectos estratégicos que llevan décadas formando parte del debate público: La consolidación del corredor logístico entre Ciénaga y Santa Marta, la articulación eficiente entre puerto, aeropuerto y red vial, la recuperación del sistema férreo, el fortalecimiento de plataformas logísticas regionales y, especialmente, la solución definitiva del abastecimiento de agua potable sigue siendo tareas pendientes.

Para enfrentar el bajo desempeño en estos sectores se supone que el gobierno departamental cuenta con el Plan de Desarrollo Departamental (PDD)  «Con MÁS Resultados 12+1 Ruta del Cambio para Superar la Pobreza».  Sin embargo, la dificultad que este presenta es que al intentar abarcarlo todo, el Plan prioriza muy poco.

Más que una estrategia de transformación económica el PDD presenta una suma de políticas sectoriales. Pero NO explica cómo todos esos componentes se integrarán para transformar la estructura productiva del Magdalena. No aparece una apuesta decidida por convertir al Magdalena en la gran plataforma logística del Caribe colombiano. No existe una visión que articule el puerto, el aeropuerto, el sistema férreo, la agroindustria, el turismo y la infraestructura vial bajo un mismo modelo económico. Tampoco se identifican con claridad los clústeres productivos que deberían liderar el crecimiento del departamento durante las próximas décadas.

Por otro lado, debemos ser conscientes de que la competitividad nunca ha sido una responsabilidad exclusiva del Estado. Una de las grandes dificultades para gestionar el potencial del territorio es la ausencia de liderazgos. Así lo reflejan los territorios más exitosos a través de la construcción de alianzas permanentes entre gobiernos, empresarios, universidades y sociedad civil.

Resulta llamativa la escasa incidencia que hoy tienen los gremios económicos en el seguimiento técnico y la defensa de los grandes proyectos de infraestructura. Mientras otras regiones mantienen una presión constante para sacar adelante corredores logísticos, aeropuertos, puertos o parques industriales, en el Magdalena esa voz parece conformarse con lo mínimo cuando el departamento necesita acelerar decisiones que marcarán su futuro económico. La academia tampoco puede permanecer al margen.

Se construye a partir de una visión compartida de desarrollo, que priorice inversiones verdaderamente transformadoras, sustentadas en estudios técnicos rigurosos y concertadas entre el Estado, el sector productivo, la academia y la sociedad civil. Solo así es posible orientar los recursos públicos hacia iniciativas capaces de cerrar brechas estructurales, elevar la productividad y mejorar la calidad de vida de la población.