Por: Veruzka Aarón Torregroza
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El paso del frente frío por el Caribe colombiano ha sido devastador. Santa Marta no fue la excepción. Según cifras del Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (OGRICC), el saldo preliminar deja en la ciudad tres víctimas mortales, cerca de 930 familias damnificadas, 23 viviendas totalmente destruidas y 93 declaradas no habitables. El Gobierno ha atribuido la magnitud de la emergencia a la imprevisibilidad del cambio climático. Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente si se tiene en cuenta que la vulnerabilidad -entendida como el grado en que un asentamiento está expuesto a alguna amenaza climática y a la capacidad que tiene para manejar los riesgos, en este caso del cambio climático- de Santa Marta no es una condición reciente. Durante años la ciudad ha padecido los impactos de las temporadas de lluvia, sin que se hayan adoptado medidas estructurales para reducir la vulnerabilidad. El verdadero riesgo de la ciudad no es producto del cambio climático sino de la incapacidad de quienes la han gobernado para enfrentarlo. Al actual gobierno, le cabe en particular, la responsabilidad de no haber priorizado la revisión del POT 500 Años, el instrumento base para corregir y mejorar la gestión del suelo en la ciudad y avanzar hacia una ciudad menos vulnerable, especialmente frente a aguas lluvias.
La recurrencia de afectaciones durante temporadas de lluvia históricamente conocidas evidencia deficiencias persistentes en los procesos de planificación territorial. En este sentido, la crisis actual no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de fallas estructurales acumuladas en la gestión pública local durante las últimas tres décadas. De ahí lo lamentable que la ciudad haya desaprovechado la oportunidad de realizar la revisión del POT 500 Años. Este instrumento que debió ser el eje de la planificación quedó reducido a un plan de negocios para unos cuantos sectores económicos de la ciudad a expensas no solo del bienestar social y económico de la mayoría población, si no que como las cifras registran, de la seguridad física de esta.
El gobierno de Carlos Pinedo a pesar de ser conocedor de la importancia de priorizar la contratación de esta revisión y garantizar su calidad técnica, ha preferido, adjudicarlo a los mismos profesionales que conformaron la empresa de consultoría contratada en 2020 para la formulación del POT 500 Años, responsables de las falencias técnicas de este. En específico los señores Fabian Diaz Cruz y Juan Rodríguez Vitta según lo certifica la Secretaría de Planeación Distrital fueron contratados para la “Prestación de servicios profesionales para la asesoría y apoyo técnico a la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta y a sus diferentes etapas con relación a los componentes urbano y rural […].” La ejecución de cada uno de estos contratos debió desarrollarse entre el 04 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 por un valor de $56.250.000 (C/U). El resultado de esta ejecución hasta el momento la ciudadanía lo desconoce.
Para quienes la revisión del POT 500 Años les resulta indiferente, vale resaltarles que uno de los aspectos más relevantes de este proceso es la oportunidad de gestionar la formulación de estudios necesarios para identificar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos e incorporar las medidas normativas, de planeación y de inversión que orientarían el desarrollo urbano y rural de forma segura frente a estos.
La política de gestión del riesgo durante el gobierno Carlos Pinedo, ha sido manejada como una simple moneda de cambio para favores politiqueros. Esto se refleja en la decisión de nombrar en la OGRICC a personas inexpertas en el tema, cuyos resultados, dan cuenta de su incapacidad técnica. El señor Alex Velázquez presentó como resultado de su gestión 2 obras de mitigación (Informe de Rendición de Cuentas de 2024):
- ⇒Intervención del Cerro las Flórez en la vía alterna
- ⇒Intervención del río Manzanares para reducción del riesgo de erosión y afectación de la IED San Francisco Javier.
Del actual jefe de la OGRICC, Darío Linero, no se tiene claro cuál es su trayectoria o experiencia en el tema de Gestión del Riesgo.
Esta crisis, como la del agua, tiene responsables claros: administraciones que durante más de 30 años postergaron las decisiones estructurales por la mezquindad de adjudicar contratos de consultorías a empresas de garaje cuyas capacidades técnicas no se compadecen de la magnitud de las crisis de la ciudad.
Es así como la gestión del riesgo, un ámbito de carácter altamente técnico que exige planificación, análisis prospectivo y decisiones basadas en evidencia, ha sido reducida a una respuesta reactiva y coyuntural frente a las emergencias, en detrimento de acciones eficaces de prevención y mitigación.
Ad portas de las próximas elecciones, al parecer, deja más redito político manosear a las víctimas con la entrega de colchonetas y mercados que gestionar soluciones definitivas.


2 Comments
Jirge capella 11 Feb 2026
Mientras no se haga primero un estudio previo.todos estos proyectos fracasan
Liliana Mercadal 16 Feb 2026
Una vez más queda en evidencia cuán importante hubiera sido la revisión del POT.