Por: BRIANA CAMARGO CANTILLO
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El Proyecto de Ley conocido como Huellas Vivas ha abierto un debate poco habitual en la agenda legislativa colombiana: la posibilidad de que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cubra la atención veterinaria de animales que resulten heridos en siniestros viales. La iniciativa surge en un contexto donde los casos de animales atropellados, abandonados a su suerte en las vías, se repiten con frecuencia y dejan en evidencia un vacío normativo que hasta ahora ha sido suplido, en la mayoría de los casos, por ciudadanos, rescatistas y fundaciones sin respaldo institucional.
La propuesta busca modificar el Código Nacional de Tránsito para reconocer a los animales domésticos y a la fauna silvestre vertebrada como víctimas de accidentes de tránsito, permitiendo que reciban atención médica veterinaria inmediata con cargo al SOAT. El detonante del proyecto fue un caso concreto que generó amplia indignación pública: un perro atropellado que no pudo ser atendido de manera oportuna porque ninguna autoridad tenía competencia ni recursos para hacerlo. Ese episodio, lejos de ser aislado, puso sobre la mesa una realidad estructural que el legislador decidió enfrentar.
Desde una perspectiva positiva, Huellas Vivas representa un avance coherente con la evolución del ordenamiento jurídico colombiano, que desde la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes. La iniciativa no pretende equipararlos a las personas, pero sí establecer un mecanismo mínimo de auxilio que permita salvar vidas y evitar sufrimientos innecesarios. Además, introduce un mensaje potente en materia de responsabilidad vial: los accidentes no siempre afectan únicamente a humanos, y el Estado no puede ser indiferente frente a los daños colaterales que produce el tránsito.
Sin embargo, el proyecto no está exento de críticas y preguntas legítimas. Uno de los principales cuestionamientos se centra en el impacto financiero que esta ampliación de cobertura podría tener sobre el SOAT, un sistema que ya enfrenta problemas de sostenibilidad, evasión y altos costos. Aunque los autores del proyecto sostienen que la medida no implicará un incremento automático en el valor del seguro, expertos advierten que cualquier ampliación de riesgos cubiertos debe ir acompañada de estudios técnicos claros para evitar presiones adicionales sobre las primas que pagan los conductores.
A ello se suma la duda sobre la capacidad real del sistema para responder a esta nueva obligación. Colombia no cuenta con una red pública de atención veterinaria de emergencias comparable a la infraestructura hospitalaria humana, y la articulación con clínicas privadas, tarifas, topes de cobertura y mecanismos de pago aún no está plenamente definida. Sin una reglamentación precisa, existe el riesgo de que la ley termine siendo de difícil aplicación o genere desigualdades territoriales en su implementación.
También han surgido inquietudes desde sectores que consideran que el SOAT debe concentrarse exclusivamente en la protección de la vida humana, y que ampliar su alcance podría desdibujar su finalidad original. Para estos críticos, el debate no es ético sino técnico: antes de sumar nuevas coberturas, el Estado debería fortalecer el cumplimiento y la eficiencia del sistema existente.
En el fondo, Huellas Vivas plantea una discusión que va más allá del seguro y del tránsito. Interpela la manera en que el país entiende su responsabilidad frente a los animales que comparten el espacio público y las consecuencias no previstas del desarrollo urbano y vial. El reto del Congreso será encontrar un equilibrio entre una causa que despierta empatía social y la necesidad de construir una norma financieramente viable, jurídicamente clara y administrativamente ejecutable.
El proyecto avanza así entre el respaldo ciudadano y la cautela técnica. Su éxito no dependerá solo de la sensibilidad que inspira su nombre, sino de la solidez con la que logre integrarse al sistema de tránsito y seguros sin generar efectos adversos. En esa tensión, Huellas Vivas se convierte en una prueba de hasta dónde puede llegar el derecho cuando intenta traducir la compasión en política pública.
