Tras las denuncias por presuntas irregularidades administrativas y contractuales reveladas por la revista Semana, el Gobierno declaró insubsistente a Adith Rafael Romero Polanco, quien se desempeñaba como director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Mauricio Rodríguez Amaya, en el que se ordena: “Declárese insubsistente el nombramiento del funcionario Adith Rafael Romero Polanco en el empleo de director general de la Unidad, efectuado mediante el Decreto 0628 del 5 de junio de 2025”. La medida se produce en medio de un creciente escándalo que sacude a una de las entidades más sensibles del Estado.
De manera inmediata, Rodríguez Amaya designó en calidad de encargado a Breiner Osorio Pinto, asesor del DPS, para asumir la dirección de la entidad.
Las denuncias que rodean la salida de Romero apuntan a presuntas irregularidades en procesos de contratación y adquisiciones, que habrían sido ejecutados desde el interior de la Unidad para las Víctimas.
De acuerdo con la información revelada, en estos presuntos actos también estaría involucrado Gustavo Moreno, senador del partido En Marcha y miembro de la Comisión Sexta del Senado, lo que eleva el alcance político del caso.
La Procuraduría General de la Nación ya adelanta investigaciones disciplinarias para establecer responsabilidades. Sin embargo, hasta el momento ni Romero Polanco ni el senador Moreno han ofrecido explicaciones públicas, mientras crece la presión por esclarecer si se trató de un esquema sistemático de irregularidades en una entidad encargada de atender a millones de víctimas del conflicto armado.
