LA DICTADURA DE LOS MOTICLISTAS EN SANTA MARTA

Por años, Santa Marta ha crecido de espaldas a un fenómeno que hoy se volvió imposible de ignorar: el dominio absoluto de las motocicletas en sus calles. No es una percepción, es una realidad que se comprueba a través de diferentes datos. El Decreto 453 de 2025, expedido durante la administración de Carlos Pinedo Cuello, indica que el 39% del parque automotor de la ciudad corresponde a motocicletas. Es decir, cuatro de cada diez vehículos que circulan en la capital del Magdalena son motos. Esa cifra, por sí sola, debería haber encendido todas las alarmas hace años. Pero no, la respuesta institucional ha llegado tarde y, peor aún, mal concebida. El decreto se apoya en el Plan de Movilidad de Santa Marta, un estudio desactualizado (2017) frente a la velocidad con la que ha crecido este tipo de transporte. Adoptar medidas con datos de hace una década en una ciudad que cambia a ritmo acelerado no solo es un error: es una torpeza, por decir lo menos. Controlar este fenómeno que podría denominarse como la “dictadura” de los motociclistas no es un simple tema de movilidad, se trata de restablecer la seguridad,  la cultura ciudadana y la gobernabilidad en la ciudad.

El problema no es la motocicleta en sí misma. Para gran parte de la población esta se ha convertido en una solución de movilidad accesible para miles de ciudadanos, una herramienta de trabajo y, en muchos casos, la única alternativa frente a un sistema de transporte público deficiente. El problema es el descontrol ante el incumplimiento de normas por parte de sus usuarios, y en muchos casos, la ilegalidad con la que estas transitan.

La falta de control ha contribuido a la consolidación impune de una cultura vial sin reglas claras e irrespeto a la autoridad. Basta recorrer las principales avenidas para encontrar maniobras temerarias, invasión de carriles, circulación por andenes, irrespeto a semáforos, modificación u ocultamiento de placas y una informalidad que se volvió norma. La ley, en la práctica, es opcional para el motociclista.

El impacto de lo anterior se refleja en las cifras de siniestralidad. En el nivel nacional, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), más del 60% de las muertes en accidentes de tránsito involucran motociclistas. Entre enero y junio de 2025 -último reporte disponible- en Santa Marta se registraron 57 muertes por accidentes de tránsito. Esta cifra no solo es alarmante por sí misma, sino que ubicó a la ciudad con la tasa de siniestralidad vial más alta de la región Caribe. Este dato preocupa pero no debe sorprender al observar que una proporción significativa de motociclistas se moviliza sin cumplir normas básicas de seguridad: cascos mal abrochados o inexistentes, exceso de velocidad, transporte de más pasajeros de los permitidos y una constante invasión de carriles y espacios peatonales.

Pero el impacto no se queda en la accidentalidad, pues hay una dimensión de seguridad ciudadana que no puede ignorarse. Las motocicletas, por su agilidad y facilidad de escape, se han convertido en el vehículo predilecto para la comisión de delitos como hurtos y sicariato. Esta es una tendencia reconocida por autoridades en distintas ciudades del país, y Santa Marta no es la excepción.

Frente a este panorama, la administración distrital intenta reaccionar con medidas de restricción vehicular. Sin embargo, esta medida no solo es inadecuada solo por la cantidad de vehículos en circulación sino por la falta de una organización institucional capaz de garantizar los controles requeridos. Esto se debe tanto al desfase en el tiempo de los estudios, como a la pésima gestión y organización de la Secretaría de Movilidad. Así quedó reflejado con el operativo de tránsito que se realizó en el sector El Rodadero durante el pasado Domingo de Ramos, cuando particulares interrumpieron el procedimiento, pasando por encima de las autoridades y bajaron de forma irregular de las grúas las motocicletas retenidas.

Ante estas conductas propias de una dictadura como la impuesta por los motociclistas: ¿cómo regular de manera efectiva el uso de la motocicleta sin desconocer su importancia social? La solución implica, como mínimo, tres acciones urgentes. Primero, realizar un estudio serio por parte de una firma con experiencia y no de garaje, como acostumbra el actual gobierno. Segundo, actualizar de manera rigurosa y periódica los datos de movilidad para tomar decisiones informadas. Tercero, fortalecer los controles en vía con presencia real de autoridad, no solo operativos esporádicos. Y cuarto, invertir en educación vial sostenida, porque el problema no es solo de normas, sino de cultura. esto último es de suma importancia dado que gran parte de los problemas coyunturales en Santa Marta pasaron a estructurales por falta de la sanción social. Este “pacto” por la indiferencia social nos ha llevado a niveles de tolerancia de conductas corruptas y delictivas (públicas y/o privadas),  que nos han convertido en una sociedad fallida.

Santa Marta está a tiempo de evitar que esta “dictadura” se consolide de forma irreversible. Pero para lograrlo, necesita algo más que decretos: requiere liderazgo, información actualizada y, sobre todo, voluntad política para hacer cumplir las reglas.

Cuando en una ciudad las normas dejan de aplicarse de manera equitativa, lo que se pierde no es solo el orden en las calles, sino la confianza en las instituciones. Y esa, a diferencia de la movilidad, no se recupera fácilmente.