En la política contemporánea, pocas herramientas resultan tan eficaces, y por qué no decirlo, tan peligrosas como la duda. Esta herramienta tiene mayores impactos en medio de sociedades altamente polarizadas, como lo es hoy Colombia. Esto lo sabe el presidente Petro, quien a pesar de haber sido elegido por elección popular varias veces mediante la imperfecta democracia del país como congresista, alcalde mayor de Bogotá y Presidente de la República, hoy reniega del sistema electoral colombiano. Sembrar sospechas sobre las instituciones, advertir fraudes inminentes o cuestionar la neutralidad de los árbitros electorales es una vieja estrategia a la que Petro ha recurrido en varias oportunidades, en especial, durante las últimas elecciones presidenciales a las que se ha presentado. En Colombia, el debate se ha encendido alrededor del papel de Gustavo Petro como presidente y sus reiteradas críticas al sistema político y electoral. Mientras que entidades de control, organismos veedores nacionales e internacionales y sectores políticos desestiman riesgos de fraudes en el proceso, Petro y seguidores, insisten en cuestionamientos sin presentar pruebas que los fundamenten.
¿Existe realmente un interés en deslegitimar el próximo proceso electoral? Ese interés suele aparecer como un recurso oportunista, útil para “pescar en río revuelto” cuando el ambiente político se torna incierto. Poner en duda o desconocer las reglas de juego mina la confianza de quienes participan en la contienda. Sin confianza en el proceso, el voto pierde su fuerza moral, mientras la institucionalidad comienza a resquebrajarse.
El 21 de mayo de 2018 CNN titulaba “Petro alerta de riesgo de fraude en elecciones presidenciales de Colombia” Según el candidato de la coalición Colombia Humana, Gustavo Petro, el software con el que la Registraduría Nacional contabiliza los votos “presenta alteraciones de algoritmos que no dan garantía y que pueden generar un fraude masivo”. Cuatro años más tarde, 8 de marzo de 2022, en revista Semana registra este titular: “Petro alerta a sus bases sobre fraude electoral: ¿qué hay detrás?”. Estos titulares en retrospectiva más que a alertas parece que respondían una estrategia política orientada a blindar el capital electoral propio frente a eventuales resultados adversos.
Petro ha construido su trayectoria sobre la crítica al establecimiento. Desde el Congreso hasta la Casa de Nariño, su discurso ha cuestionado no solo a élites económicas, medios de comunicación y órganos de control, sino que también la imparcialidad de las instituciones electorales. Pero esto no hace parte de una simple narrativa ideológica que confronta las estructuras políticas, es también parte de un cálculo que se toma con el fin de aumentar tensiones entre las bases. En escenarios de alta tensión, advertir irregularidades puede cumplir varias funciones: cohesionar la base electoral, anticipar una narrativa frente a resultados adversos o presionar reformas institucionales.
Ahora bien, Colombia no carece de controles. Del otro lado de los cuestionamientos del presidente Petro hay una organización de elecciones que recae en la Registraduría Nacional del Estado Civil, la vigilancia corresponde al Consejo Nacional Electoral y las controversias son dirimidas por el Consejo de Estado. A ello se suma la observación internacional y el escrutinio público. Deslegitimar sin pruebas contundentes un engranaje institucional de esa magnitud no solo tensiona el debate político, sino que erosiona la confianza ciudadana. Aunque organización, no puede considerarse perfecta, pues ha enfrentado serios cuestionamientos históricos: demoras en escrutinios, errores logísticos y disputas jurídicas que alimentan suspicacias. Pero no por esto, puede considerarse antidemocrática.
La pregunta que surge es ¿por qué después de denunciar fraudes infundados, Petro no ha desconocido sus victorias lectorales en el sistema del que tanto desconfía? Si el sistema fuese estructuralmente ilegítimo, la coherencia indicaría una postura de rechazo permanente, tanto en la derrota como en la victoria. Sin embargo, Petro solo cuestiona las reglas del juego se cuestionan cuando el resultado es incierto para su propio proyecto. Esto lleva a preguntarse si hay una intención deliberada de deslegitimar el sistema porque la consistencia democrática exige reconocer la validez de las reglas no solo cuando benefician, sino también cuando contradicen las propias expectativas.
Mientras Petro y el político Pacto Histórico cuestionan las reglas y confianza en las reglas del juego del sistema electoral colombiano, un amplio sector de la ciudadanía espera sus respuestas frente a las investigaciones y sanciones oficiales de las que han sido sujeto por violaciones a los topes de financiación y manejo de gastos en 2022.
En el fondo, creo que muchos coincidimos en que la discusión no gira únicamente en torno a Petro, sino al tipo de democracia que estamos dispuestos a sostener. Una democracia en la que las reglas no se validen o se descalifiquen según la conveniencia del momento, ni se interpreten como legítimas cuando favorecen y como conspiración cuando contradicen intereses particulares.
El presidente Petro debería tener presente que desde su posición como primer mandatario, su rol frente a la legitimidad electoral como en el de todas las instituciones, es el que aporta desde la transparencia, pedagogía y prudencia en el discurso público.
