El alcalde Carlos Pinedo ha encontrado en una cifra el principal argumento para defender su gestión: 211 obras adelantadas. El dato ha sido repetido como mantra por parte de él y todo su gabinete en entrevistas, declaraciones y espacios públicos como una demostración de eficiencia administrativa y como prueba de que en Santa Marta se está haciendo «algo que nunca se había hecho». Pero las cifras, por sí solas, no gobiernan una ciudad. Mucho menos la transforman. Tampoco por el número de contratos suscritos o por la cantidad de frentes de trabajo abiertos simultáneamente. Las ciudades se transforman cuando las inversiones públicas generan soluciones duraderas a los problemas que afectan la vida cotidiana de sus habitantes. Cuando una administración presume de la cantidad de obras ejecutadas, la pregunta obligada no debería ser cuántas son, sino qué representan realmente para la vida de los ciudadanos. No todas las obras tienen el mismo peso, ni el mismo impacto, ni responden necesariamente a las prioridades estratégicas de una ciudad que enfrenta enormes desafíos en materia de agua potable, movilidad, saneamiento básico, espacio público, empleo y planificación territorial.
Una administración pública no puede medirse únicamente por el volumen de contratos suscritos o por la cantidad de frentes de trabajo abiertos. El éxito de un gobierno se evalúa por resultados verificables, capaces de responder interrogantes básicos como: ¿Qué tipo de obras son? ¿Cuánto costaron? Y ¿Qué problemas solucionan?
Sería importante que el alcalde explicara cuántas de esas 211 obras corresponden a proyectos estructurales y cuántas son intervenciones menores. También sería pertinente conocer qué porcentaje de las metas físicas del Plan de Desarrollo han sido cumplidas, cuál es el nivel de ejecución presupuestal asociado a esas inversiones y qué indicadores sociales muestran una mejoría atribuible a dichas actuaciones.
El propio gobierno identificó como prioridades estratégicas la crisis del agua, la implementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, control de inundaciones, drenaje urbano y recuperación de rondas hídricas, modernización de la infraestructura vial, la construcción de intercambiadores, terminales de ruta, paraderos y el fortalecimiento del Sistema Estratégico de Transporte Público, el ordenamiento territorial, Centro Histórico y renovación urbana, fortalecimiento del puerto y la propuesta de una aerópolis o centro empresarial y logístico aparecen dentro de los proyectos orientados al crecimiento económico y la construcción del teleférico, el cual, figura entre los proyectos emblemáticos asociados al desarrollo turístico y a la conmemoración de los 500 años de la ciudad.
Si esos son los desafíos fundamentales de la ciudad, los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto han avanzado realmente esos proyectos estructurales. Una administración puede exhibir cientos de obras menores y, aun así, no registrar avances significativos en los problemas que históricamente han frenado el desarrollo del Distrito.
Es indispensable también hablar de calidad, sostenibilidad e impacto de las obras. ¿Los contratistas seleccionados cuentan con la experiencia y capacidad técnica necesarias para garantizar soluciones serias y duraderas? ¿Las intervenciones responden a estudios rigurosos y diagnósticos técnicos sólidos? ¿Están diseñadas para generar beneficios económicos, sociales y ambientales sostenibles o simplemente para mostrar resultados rápidos dentro del periodo de gobierno?
Estas preguntas adquieren especial relevancia cuando se observan antecedentes recientes de la administración distrital relacionados con instrumentos fundamentales para el futuro de Santa Marta. Procesos como el Plan Maestro y la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) han generado inquietudes puesto que los contratistas seleccionados, no brindan suficientes garantías en cuanto a capacidad técnica, experiencia y solvencia necesarias para garantizar soluciones serias y sostenibles en el tiempo.
La experiencia de Santa Marta, además, debería servir como una vacuna contra cualquier forma de triunfalismo prematuro. La ciudad ya ha visto administraciones que anunciaron proyectos con grandes campañas publicitarias, instalaron vallas, difundieron balances optimistas y presentaron obras como hitos históricos que posteriormente terminaron envueltas en controversias por sobrecostos, deficiencias constructivas, retrasos injustificados, problemas de funcionamiento e incluso procesos judiciales. Evidencia de esto, el santuario de elefantes blanco que forman parte del paisaje urbano de Santa Marta.
Los samarios aprendimos “por las malas” que una obra no puede medirse por el tamaño de la publicidad que la acompaña ni por la frecuencia con que aparece en los medios de comunicación. Su verdadero valor se conoce años después, cuando sigue prestando un servicio eficiente, mantiene sus condiciones técnicas y continúa generando beneficios para la comunidad sin convertirse en una carga económica o jurídica para el Estado.
Por eso, más que celebrar una cifra, corresponde evaluar resultados. ¿Cuál es el porcentaje real de ejecución de las metas estratégicas del Plan de Desarrollo? ¿Qué indicadores muestran una mejoría tangible en la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Qué mecanismos de seguimiento y control garantizan que estas inversiones cumplirán su propósito? ¿Cuántas de las 211 obras estarán efectivamente terminadas, operando y generando beneficios sostenibles cuando concluya el actual mandato?
La administración tiene la oportunidad de demostrar que las 211 obras son mucho más que un eslogan. Para lograrlo deberá ofrecer algo más que números. Deberá demostrar impacto, sostenibilidad, transparencia y capacidad de transformar los problemas estructurales que durante décadas han condicionado el desarrollo de Santa Marta.
El legado de un gobierno no se mide por la cantidad de obras que anuncia, sino por la magnitud de los problemas que logra resolver. Y esa es una evaluación que ninguna cifra, por impresionante que parezca, puede reemplazar.
