SOBRETASA AMBIENTAL: ¿COMO AGUA ENTRE LOS DEDOS?

En 2005 el Congreso de la República expidió la Ley 981, la cual, estableció la “Sobretasa Ambiental como un “mecanismo de compensación a la afectación y deterioro derivado de las vías construidas y que llegaren a construirse, próximas o situadas en áreas de conservación y protección municipal o sitios Ramsar […].” Esta compensación consiste en una tarifa sobre el recaudo de peaje de los corredores que generan la afectación. Dentro de esta categoría de ecosistemas está el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), el cual,  recibe el 8% (Ley 1718 de 2014) del recaudo de peajes del corredor Ciénaga-Barranquilla: $16.000 millones de los $200.000 millones que se estima es el recaudo anual (2024) del peaje. El manejo de estos recursos está a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) y se destinan en gran parte a la recuperación, mantenimiento y conservación de caños.  Pero ¿Es válido qué, la sobretasa ambiental se escurra por los caños como el agua entre los dedos, mientras la pobreza desborda alrededor de la vía?

La Ley 981/2005 (artículo 10), establece que “Los recursos recaudados por la Sobretasa Ambiental serán destinados exclusivamente por la autoridad ambiental para la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a la recuperación y conservación de las áreas afectadas por las vías de que trata la presente ley, incluyendo dentro de estos el desarrollo de obras que propicien la apropiación y defensa de dichas áreas por parte de la comunidad, de acuerdo con los planes de manejo del área protegida respectiva.” Se deduce que estos recursos pueden destinarse no solo a obras hidráulicas, tan o más importante, pueden invertir en la satisfacción de necesidades de la población. Sin embargo, esto no es lo observado durante los últimos años. Estos recursos se han destinado al mantenimiento de caños, y como si fuera poco, mediante el Acuerdo N° 002/2023, comprometidos para el mismo fin desde el 2024 hasta 2035 ($365.348.230.934).

Las intervenciones en los caños se destinan a dragados para controlar la sedimentación de estos. Pero ¿dicha sedimentación es producto de la vía? Estudios consultados señalan que esta deriva de las dinámicas del río Magdalena. En este caso, sería Cormagdalena la entidad competente.

La CGSM, no es el único ecosistema afectado por el fenómeno de sedimentación, pero contrario a otros, este no goza de un sólido respaldo financiero del Gobierno Nacional. Ejemplo de este respaldo es la Mojana, ecosistema para el cual la Nación dispuso una inversión de $2.1 billones durante 9 años para la conservación y mantenimiento de caños (816 kilómetros). Esto es posible gracias a una dirigencia política responsable y comprometida con los intereses locales.

Ahora bien ¿a dónde se pueden destinar los recursos de esta sobretasa? Pues, a la calidad de vida de comunidades localizadas a lo largo del corredor Ciénaga-Barranquilla, sobre las cuales la vía si tuvo un impacto directo y evidente. Comunidades tristemente célebres por su profunda miseria y degradados entornos ambiental y social.

Gran parte de la riqueza y productividad del país transitan por dicho corredor, pero las comunidades aledañas deben conformarse con contemplarlas. Ejemplo de esta contradicción, Sitionuevo -municipio sobre el corredor- en el cual 68% de habitantes están en pobreza monetaria extrema, 30% se encuentran en pobreza monetaria y 3% están en riesgo que caer en la pobreza. Esto de la mano de una informalidad que llega al 93%. Inexplicable que tan profundo desequilibrio económico siga ignorado hasta ahora.

En lugar de que $16.000 millones (aproximado sobretasa ambiental 2024) se diluyan entre los caños, debería considerarse como recomienda la Fundación Pro-Ciénaga (ponencia “La Ciénaga Grande de Santa Marta desde la perspectiva de ProCiénaga”, 2016), estudiar una solución integral en la que además de invertir en lo hidrológico y ecológico,  hacerlo en la población mediante proyectos encaminados a mejorar condiciones sanitarias, oportunidades productivas sostenibles (pesca artesanal, turismo, bonos de carbono, guardabosques), entre otros. 

No es posible que las pocas fuentes de recursos públicos que genera el Magdalena se destinen a cubrir costos que le atañen a la Nación. ¿Por qué para la Mojana sí y para la CGSM, no?  Hasta cuando el Magdalena será víctima de la complacencia política y/o de los intereses particulares?