MAGNICIDIO DE MIGUEL URIBE: POLARIZACIÓN POLÍTICA EN LA ERA DIGITAL ¿QUÉ PODRÍA SALIR MAL?

VERUZKA TATIANA AARÓN TORREGROZA

El pasado 11 de agosto Colombia amaneció con la amarga noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay quien luchaba desede hacía dos meses por su vida después del atentado sufrido a manos de un menor de edad, quien junto con 5 personas más, a partir de estas nuevas circunstancias será procesado por homicidio culposo por parte de la Fiscalía General de la Nación. La historia de Miguel Uribe conmueve por muchas razones. La más diciente por haber sido uno de esos miles de niños que creció en ausencia de uno de sus padres por culpa de la violencia en el país. Miguel, a pesar de haber sido marcado por la trágica muerte de su madre Diana Turbay, ordenada por Pablo Escobar (1991), decidió tomar el camino de la política a temprana edad. Después de una nutrida y amplia carrera, Miguel arrancó su precandidatura para la presidencia hasta cuando fue víctima del atentado que le cegó la vida. Su deceso no solo enluta a un país cansado de una violencia que le ha arrebatado a varias generaciones la esperanza de vivir en democracia, sino que lo encara ante una nueva faceta de ésta en la que, el lenguaje de odio canalizado a través de los medios digitales ha exacerbado la polarización y la agresividad política. Esta nueva violencia se ha instalado en el mundo vertiginosamente, pero a pesar de eso, muy pocos han querido ser conscientes de sus alcances y de todo el mal que puede desatar su falta de control.

El escalamiento verbal canalizado través de redes digitales ha contribuido a crear y amplificar un nuevo escenario para la contienda social y político-ideológica que antes se expresaba por otros medios. Puede que la violencia digital sufrida oor Miguel no guarde una relación directa con los autores intelectuales y materiales de su magnicidio (las autoridades competentes deberán determinarlo), pero no debe subestimarse  la influencia que esta ha tenido en la profundización del ambiente amenazante que ha cobrado su vida, y que a diario, deben enfrentar lideres de distintas orillas políticas, personajes de la actualidad y personas comunes a la hora de manifestarse. Por eso preocupa que en una democracia como la colombiana con los oscuros antecedentes que han marcado su reciente historia algunos lideres políticos, representantes de instituciones públicas y generadores de opinión en lugar de contenerse y poner el ejemplo, enfilen  recursos económicos y mediáticos del  Estado para promover el linchamiento de otros en redes sociales.

Miguel Uribe como otros lideres políticos de diferentes orillas fue victima del linchamiento por sus posturas políticas, en específico, por su oposición a reformas promovidas por el actual gobierno nacional. Los ataques no cesaron ni siquiera después de sufrir el atentado. Durante las primeras horas de este, se comenzó a especular en redes sociales que el atentado era un montaje e incluso un “autoatentado” como estrategia política para impulsar sus aspiraciones a la Presidencia de la República. Al pasar los días, y mientras seguía internado en la clínica, la embestida contra su dignidad iba en aumento. Cuentas de bodegas, de influenciadores (pagados con recursos públicos), congresistas como Isabel Zuleta del Pacto Histórico y miembros del actual gobierno como Alfredo Saade, ponían no solo en duda la condición de salud de Miguel Uribe, sino que además,  la credibilidad del cuerpo médico de la Fundación Santa Fe en donde él era atendido.

Los problemas que han llegado con las nuevas tecnologías no son exclusivos de Colombia. En realidad son un desafío mundial que comienza a ser tratado con suma rigurosidad por organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien así se pronuncian al respecto: “La Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han prestado especial atención a las garantías del goce efectivo de la libertad de expresión y otros derechos humanos en internet y se han expresado en diversas oportunidades. Entre los antecedentes a destacar, en 2021, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advirtieron que la libertad de expresión en internet se encuentra en un punto de inflexión en el hemisferio, caracterizado por un deterioro del debate público, la necesidad de compatibilizar los procesos y mecanismos para la moderación de contenidos con estándares democráticos y de derechos humanos, y un déficit de alfabetización digital.” (OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 28/24 Junio 2024 Original: español).

Suena trillado el llamado a la reflexión que se hace al país, a sus líderes y a la ciudadanía en general. Colombia está en un momento de transición hacia una regulación más estructurada de la violencia digital de género. Aunque aún no hay una norma clara, la jurisprudencia y las iniciativas legislativas más recientes apuntan en esa dirección. De tal forma, es revisar en los fallos de tutela o sentencias de Cortes en relación con demandas por afectación a la dignidad, honra y difamación, divulgación de información falsa o promover odio qué elementos de vacíos o deficiencias institucionales se identifican en Colombia para controlar esta problemática y si se plantean alternativas que a lo mejor no han sido tenidas en cuenta en la normativa y las prácticas institucionales. Igualmente, si las plataformas digitales han establecido, aplican y si son efectivos los controles a los contenidos que incitan a la violencia, la desinformación, el insulto.

La polarización política y la violencia digital en Colombia forman un binomio que se retroalimenta. Dependerá del esfuerzo de las instituciones y de la sociedad en pleno que, el entorno digital en lugar de servir como herramienta para el fortalecimiento democrático del país se utilice para fomentar  un campo de batalla en el que todos perderemos.