Por: Veruzka Aarón Torregroza
veruzkaaaron.t@gmail.com
Una de las razones que explica parte del rezago histórico del Magdalena es la persistente división política y administrativa entre el gobierno departamental y el de su capital, Santa Marta. A lo largo de décadas, la relación entre estas dos instancias de poder ha estado marcada por tensiones, desconfianzas y rivalidades que, lejos de disminuir con el tiempo, suelen reactivarse cada vez que inicia un nuevo periodo de gobierno. El último episodio es la pugna en torno a la propuesta de localización de una planta desalinizadora en el sector de Taganga. La propuesta del Distrito es demoler un megacolegio cuya obra fue contratada en el 2018, la cual, a la fecha (después de 8 años) se encuentra sin culminar. Ante esta propuesta se opone la gobernadora del Magdalena, quien solicitó al alcalde Pinedo que le entregue dicha infraestructura con el fin de terminar de ejecutarla. Este enfrentamiento es evidencia de cómo la chambonería se hizo costumbre en Santa Marta: la incapacidad de estos gobiernos que, en lugar de dar un debate técnico y transparente sobre estos proyectos, lo que buscan es encubrir chambonadas.
Detrás del megacolegio en disputa hay un contrato de construcción adjudicado a la Unión Temporal Taganga por el gobierno de Rafael Martínez en 2018 por valor de $ 9.400 millones, con un anticipo de $2.800 millones, al cual en total, se le giró el 70% del valor del contrato sin que los avances de obra correspondan. Ante los retrasos de la obra y a partir de denuncias presentadas por la comunidad, la Contraloría General de la República abrió investigación, cuyos hallazgos fueron: Supervisión insuficiente del proyecto, Aprobación de pagos sin avance en la obra, Prórrogas y suspensiones repetitivas, Deficiencias en la planeación y ejecución y Falta de acción frente a las irregularidades. Es decir, en este contrato, todo lo que podía hacerse mal, se hizo.
Con estos antecedentes de la obra, llama la atención que la gobernadora reclame una infraestructura que ya no es de su competencia y que para justificarlo acuda a información falsa como la de que sobre este predio se construiría la planta desalinizadora, algo que el Distrito oficialmente ha desmentido. Parecería que el verdadero interés de la gobernadora no es más que intenta limpiar la chambonada de sus copartidarios Rafael Martínes y Virna Johnson como ejecutores de este proyecto.
Si entramos en el terreno de las responsabilidades, además de las que puedan recaer sobre las administraciones que intervinieron directamente en la ejecución del proyecto, también es válido preguntarse por las actuaciones del gobierno actual frente a esta obra inconclusa. Carlos Pinedo, tiene el deber de explicar cuáles fueron las acciones institucionales adoptadas frente a este proyecto luego del proceso de empalme administrativo. Cuando una nueva administración recibe una obra inconclusa o con posibles irregularidades, la normativa obliga a actuar con diligencia para proteger el patrimonio público y establecer responsabilidades.
Del otro lado, tenemos el proyecto de la planta desalinizadora, el cual, el gobierno pinedo intenta adelantar a rajatabla, tal y como lo deja entrever en su respuesta a la gobernadora. iniciativa -al menos desde la percepción pública- parece avanzar sin que la ciudad conozca con claridad los criterios técnicos y económicos que le justifiquen como solución al histórico problema de agua en Santa Marta. Hasta ahora, el debate público ha carecido de información suficiente sobre los análisis de costo–beneficio, los estudios comparativos con otras alternativas de abastecimiento y los escenarios financieros del proyecto. En proyectos de esta magnitud, la transparencia en los estudios previos resulta fundamental para determinar si se trata realmente de la opción más eficiente o si existen soluciones menos costosas y con menor impacto ambiental.
Uno de los temas más sensibles de la desalinizadora es el manejo de la salmuera, el residuo que resulta del proceso de desalinización. Diversos estudios científicos advierten sobre sus posibles impactos en ecosistemas marinos. En un territorio ambientalmente sensible como la zona costera de Taganga y el sistema marino cercano al Parque Nacional Natural Tayrona, estos aspectos no pueden tomarse a la ligera, en especial cuando de por medio hay fallos judiciales emitidos por el Tribunal Administrativo del Magdalena y actuaciones revisadas por el Consejo de Estado que han insistido en que cualquier intervención que pueda generar impactos sobre el entorno marino de la bahía debe sustentarse en estudios técnicos sólidos, evaluaciones ambientales rigurosas y procesos de participación de las comunidades afectadas. Este proyecto da pasos seguros para configurarse en la chambonada del gobierno actual para mañana.
De acuerdo con lo informado por el gobierno Pinedo aún no se tiene definida la localización para el proyecto de la planta desalinizadora. Se entendería a partir de esta información que, este proyecto no está viabilizado, pues sin establecer el predio, no sería posible definir el presupuesto y demás costes que dependen de la localización.
Estos grupos políticos -anteriores y actual-, se presentan como opuestos, pero en realidad son dos caras de una misma moneda, que caiga como caiga, Santa Marta, pierde. El problema de fondo no es solo un asunto de rivalidad política entre dos mandatarios de turno, sino la forma en que se toman las decisiones sobre proyectos que comprometen recursos públicos millonarios y que pueden tener impactos ambientales de largo plazo.
Si algo ha demostrado la historia reciente de Santa Marta es que cuando la improvisación reemplaza la planeación, el resultado suele ser el mismo: obras inconclusas, recursos desperdiciados y una ciudadanía que termina pagando las consecuencias de la mala gestión pública. En Santa Marta la chambonería dejó de ser un error aislado y comienza a repetirse de manera sistemática, y al parecer, institucionalizándose. Y en una ciudad con enormes retos sociales y ambientales, ese es un lujo que simplemente no puede seguir permitiéndose.
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1 Comment
Liliana Mercadal 22 Mar 2026
Clarísimo!!!