Créditos Foto: www.essmar.gov.co
Por: VERUZKA AARÓN TORREGROZA
Desde hace décadas una de las grandes limitaciones que ha enfrentado la ciudad para desarrollar una efectiva y eficiente planificación y gestión del territorio ha sido la falta de un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Este instrumento de planificación es fundamental para brindar sostenibilidad a las decisiones de crecimiento urbano en relación con la capacidad actual y futura de servicios públicos. Después de una larga espera el gobierno de Carlos Pinedo gestionó recursos ante el Gobierno Nacional para contratar la consultoría de la Elaboración de los Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Distrito. Sin embargo, este esfuerzo, puede verse desperdiciado no solo por debilidades técnicas detectadas en la estructuración del proceso de contratación sino por cuenta de condicionamientos disfrazados de sugerencias que ha impuesto el Gobierno Nacional para aprobar los recursos, con lo cual, se corre el riesgo de que el estudio y selección de alternativas sea restringido no solo en su alcance técnico sino del plazo de las soluciones que se proyectan. Pero como la consigna de algunos lideres locales es: “A caballo regalado no se le mira el colmillo”, una vez más, la debilidad de las autoridades locales para defender con argumentos técnicos las necesidades y prioridades del territorio puede pasarle factura a la ciudad.
El Distrito publicó el Proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No CMA-001-2025 para contratar la consultoría de la Elaboración de los Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Distrito. La inversión total de este proyecto corresponde a $32.823 millones, de los cuales $23.224 millones provienen de aportes nacionales y los restantes $14.494 millones del Distrito.
VoxPública consultó a miembros de la Veeduría del Agua, ingenieros especializados en el tema, quienes una vez analizados los pliegos de condiciones del proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No CMA-001-2025 plantearon algunas observaciones frente a estos. La primera de estas sobre el plazo de ejecución, el cual, se estipuló en 12 meses. Para estos especialistas este plazo es muy corto ante la complejidad de los estudios que deben desarrollarse a partir de una gran parte de insumos de información altamente desactualizada y/o deficiente.
En particular este plazo puede ser una gran limitante para la elaboración de uno de los insumos más importantes del Plan Maestro: el catastro de redes. El catastro de redes es un inventario técnico y georreferenciado que registra la ubicación, características, estado y propiedad de las redes de infraestructura existentes en un territorio. Según los expertos locales, la información de este inventario data de más de 30 años atrás (información entregada por Empomarta a la llegada de Metroagua) y la información que este dispone es como una colcha de retazos, pues desde entonces lo más que este ha tenido es la adición de manera dispersa de segmentos de área que la ciudad ha urbanizado. El tema es tan critico que en muchas intervenciones del propio Distrito los contratistas causan accidentalmente daños a la infraestructura, bien porque o no se tiene su localización exacta de las redes o porque su estado de deterioro es muy avanzado y hasta el momento de la intervención esta información es incierta.
Otro de los aspectos que genera preocupación del proceso de contratación del Plan Maestro es que en los pliegos de condiciones el Distrito evidencia su sesgo en el estudio de nuevas fuentes de captación frente a la alternativa de construcción de desalinizadoras. Esta propuesta si bien es “sugerida” por el Gobierno Nacional, debería ser sometida junto con otras a un análisis previo de costo-beneficio para su selección. Esta es más un capricho que el Gobierno Nacional ha querido implementar sin éxito en otros territorios, como es el caso de la Guajira en donde el contrato de construcción de tres desalinizadoras (Bahía Honda, Irraipa, Puerto López) fue adjudicado por valor de $42.000.000.0000 al Consorcio Plantas Desalinizadoras Uribia 2023, pero debido a presuntos sobrecostos e interés indebido en la adjudicación este fue suspendido por solicitud de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).
El Distrito justifica su inclinación hacia la alternativa de la desalinizadora al considerar que hay “[…] un contexto de reducción de disponibilidad de agua, producto de las variaciones generadas por las sequias y escasez hídrica de las aguas continentales, lo cual se ha acrecentado por los efectos de la variable cambio climático en gran parte de nuestro país” ( Anexo Técnico, b. Planta Desalinizadora). Sobre esta afirmación llama la atención no solo que no se presenta una evidencia y/o estudio científico que la respalde, sino que contradice el estudio realizado por la Universidad de los Andes en 2014, el cual, entre otros aspectos concluye que hay “[…] siete alternativas posibles para asegurar el suministro del líquido en la capital samaria, entre ellas todas las fuentes hídricas con las que cuenta el departamento, y de las cuales resultó favorecida la que plantea los ríos Toribio, Córdoba y Magdalena como fuentes principales de abastecimiento, a mediano y largo plazo […].” https://www.iagua.es/noticias/colombia/minvivienda/14/12/16/santa-marta-contara-agua-potable-durante-proximos-50-anos?utm_source=chatgpt.com.
Además de las fuentes estudiadas por la Universidad de los Andes, los expertos locales consideran que también debieron analizarse las fuentes superficiales de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta entras las cuales se destacan los ríos Don Diego y Palomino y de la vertiente occidental los ríos Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación (este tiene la misma distancia del río Magdalena). La ventaja de estos ríos es que la captación puede darse por gravedad.
En lo que respecta al sistema sanitario, la principal duda que surge es por qué en el sistema general propuesto no se evidencia la consideración de implementar Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para el vertido final de aguas residuales. La obligación normativa y ambiental de tratar las aguas residuales antes de su disposición expone al proyecto a cuestionamientos de las autoridades ambientales y de control, dado que el vertimiento directo al mar o al río sin tratamiento primario o secundario incumple principios de gestión ambiental.
Muchos gobernantes locales asumen que las inversiones provenientes del Gobierno Nacional deben aceptarse como un “caballo regalado”, sin cuestionar su pertinencia técnica, su alineación con los planes de desarrollo territoriales ni sus impactos a largo plazo. Esta actitud los lleva a someterse a la voluntad política central, en lugar de ejercer su papel de planificadores y garantes del interés público local, evaluando rigurosamente cada proyecto antes de incorporarlo al territorio.
Estos gobernantes y/o lideres, nunca se detiene a considerar que si el caballo regalado viene con aftosa, el riesgo no será solo cargar con un regalo inútil, sino contaminar todo el territorio, comprometiendo recursos, capacidades institucionales y confianza ciudadana en proyectos mal concebidos o dañinos para el desarrollo local. Por cierto en el “caballo regalado” no vienen incluido los costos de energía, mantenimiento ni ambientales que implica la disposición de salmuera derivada del proceso de desalinización.
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