La participación abierta del presidente Gustavo Petro en el debate electoral de las presidenciales colombianas ha sido altamente cuestionada. Su conducta ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que el país tenga una seria discusión no solo sobre si es sostenible no solo que se impida a un mandatario en ejercicio participar en política, sino en general, a los funcionarios públicos. Pero mientras esas normas existan, el primero obligado a respetarlas debería ser el presidente de la República. La democracia constitucional no funciona sobre interpretaciones individuales de conveniencia política. Funciona sobre reglas comunes, incluso cuando incomodan al gobernante de turno. Si un presidente considera que las limitaciones existentes son anacrónicas o injustificadas, el camino democrático que le queda es promover su reforma dentro de las instituciones, no actuar como si dichas restricciones hubieran dejado de existir.
Más allá de la discusión jurídica sobre si Petro incurre o no en participación indebida en política, lo preocupante es permitir que los gobiernos de turno hagan de este tipo de conductas una estrategia para tensionar los límites legales e institucionales cuando estos no coinciden con sus propósitos políticos. Esto se evidencia en el caso de Petro por sus reiteradas confrontaciones con organismos de control, cuestionamientos a cortes cuando sus decisiones no favorecen al Gobierno, intentos de gobernar mediante interpretaciones expansivas de decretos, presiones políticas sobre instituciones autónomas y descalificaciones públicas a sectores críticos o independientes.
Para sus seguidores estas conductas se validan con el discurso del gobernante que se encuentra bloqueado por las estructuras históricas de poder que han frenado transformaciones sociales profundas en Colombia. Sin embargo, también es cierto que el Gobierno Petro no ha gobernado completamente aislado ni paralizado por las instituciones. De hecho, varias de sus iniciativas más importantes han sido aprobadas por el Congreso y han contado con respaldo institucional. La reforma tributaria, por ejemplo, fue aprobada en sus primeros meses de gobierno; también avanzaron reformas relacionadas con la “paz total”, cambios presupuestales, programas sociales y distintas facultades administrativas impulsadas desde el Ejecutivo. El Gobierno no puede eludir sus responsabilidades frente al rechazo de reformas producto de sus errores de gestión política, fracturas en sus coaliciones, improvisación administrativa, tensiones internas y problemas de ejecución.
Una democracia no se fortalece debilitando los contrapesos institucionales. Precisamente porque ningún gobernante, por muy popular que sea, debe quedar por encima de los límites constitucionales, las democracias modernas construyen sistemas de controles, equilibrios y restricciones al poder.
Si Colombia permite que sus límites legales e institucionales se violen por parte de cualquiera de sus poderes constitucionales, tendrá que enfrentar el riesgo se erosione su cultura democrática. Y esa erosión rara vez comienza con rupturas abruptas; suele empezar con la normalización del desacato moral a los límites institucionales.
La participación abierta del presidente en el debate electoral también tiene consecuencias sobre la legitimidad democrática. Su intervención es desigual frente al resto de actores políticos. Quien se manifiesta es nada más y nada menos que el poder institucional desde una posición privilegiada frente a la opinión pública. Su influencia inevitablemente tendrá impactos sobre las decisiones electorales de la ciudadanía.
Las reglas terminan debilitándose no solo para el presente gobierno, sino para todos los que vienen después. Paradójicamente, muchos de los límites que hoy incomodan al petrismo son los mismos que mañana podrían protegerlo frente a eventuales abusos de otros sectores políticos. Las garantías institucionales no se diseñan para favorecer gobiernos específicos, sino para impedir que cualquier poder —de izquierda, derecha o centro— termine actuando sin controles.
El poder democrático no solo necesita legitimidad electoral. También necesita contención institucional. Y el ejemplo de esa contención debería comenzar, siempre, desde la Presidencia de la República.
