Créditos foto: Mark Biondi
Por: Veruzka Aarón Torregroza
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La llamada “tragedia” que hoy vive el Tayrona no es un hecho aislado ni un fenómeno inesperado. Podía anticiparse al leerse a la luz de la teoría formulada por Garrett Hardin en 1968, según la cual un recurso de uso común, cuando es explotado por múltiples actores que buscan maximizar beneficios individuales sin controles eficaces, termina inevitablemente degradado. El Parque Nacional Natural Tayrona, declarado área protegida en 1964 con el propósito de conservar su extraordinario patrimonio ambiental, cultural y paisajístico, ha experimentado en los últimos años un grave y progresivo deterioro. Aunque formalmente existen normas, restricciones y planes de manejo, en la práctica la administración centralizada ha favorecido un modelo de sobreexplotación turística que prioriza ingresos -en favor de terceros- sobre la sostenibilidad. A pesar de estar ubicado en jurisdicción territorial de Santa Marta y de ser el activo más importante de su principal actividad económica, sin compensación alguna, la ciudad fue despojada de este territorio, y con esto, del derecho a una verdadera injerencia en su gobernabilidad, en las decisiones estratégicas y en la participación directa de los ingresos que este genera. Sin embargo, es la ciudad la que debe enfrentar las externalidades sociales, ambientales y de seguridad derivadas de su operación. Es un esquema donde la autoridad se concentra en Bogotá, pero los riesgos y costos se territorializan.
La crisis del Parque Nacional Natural Tayrona se hizo visible tras la decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia de prolongar de manera indefinida el cierre temporal por “descanso ambiental”, que inicialmente debía concluir el pasado 15 de febrero. Aunque la medida fue sustentada en afectaciones climáticas derivadas del frente frío que recientemente impactó la región Caribe, la determinación no fue bien recibida por distintos sectores de la comunidad. La controversia escaló rápidamente, generando tensiones entre la autoridad ambiental y comunidades indígenas del área, y derivó posteriormente en denuncias públicas de algunos empresarios que afirmaron ser víctimas de extorsiones y “boleteo” por parte de grupos criminales que operan en la zona. Asimismo, el personal del Parque denunció actos de intimidación en los accesos, donde se impidió el ingreso de funcionarios y se solicitó que no portaran sus uniformes, entre otros.
Cuando se aborda el tema de la seguridad en el Parque Nacional Natural Tayrona es indispensable dimensionar la magnitud del territorio y la presión que soporta. Se trata de un área de aproximadamente 15.000 hectáreas que recibe cerca de 600.000 visitantes al año, lo que lo convierte en el segundo parque natural más visitado del país, después del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo. Estas cifras, por sí solas, justifican la adopción de esfuerzos estatales serios, permanentes y oportunos para garantizar la seguridad del personal administrativo, los visitantes y las comunidades del entorno. Sin embargo, durante años la respuesta institucional ha sido insuficiente, configurando una preocupante ausencia de autoridad que ha dejado amplias zonas del parque expuestas a dinámicas de criminalidad.
Diversas autoridades han reconocido la presencia de grupos criminales que ejercen extorsión y control informal en la zona. Incluso el secretario de Seguridad Distrital, Camilo George, ha advertido que estas estructuras se han fortalecido en el contexto de la política de “Paz Total” impulsada por el presidente Gustavo Petro. La crisis de seguridad en esta zona ha sido tolerada por autoridades y sufrida en silencio por la ciudadanía como un “pacto” de silencio implícito. Resulta casi criminal declarar una reserva sin garantizar capacidad real para protegerla. La escasa presencia del Estado ha quedado en cabeza de guardabosques —sin facultades coercitivas suficientes— quienes en realidad se encuentran expuestos frente a actores armados ilegales.
En reiteradas oportunidades he planteado —sin obtener respuesta— por qué, pese al importante recaudo que genera el Tayrona como uno de los parques más visitados del país, la Parques Nacionales Naturales de Colombia como autoridad administrativa no ha desarrollado convenios robustos con la Policía, el Ejército y la autoridad marítima, como ocurre en otras concesiones de bienes públicos que requieren esquemas especiales de protección. La magnitud del territorio, el volumen de visitantes y la relevancia estratégica del parque demandan un modelo de seguridad acorde con su importancia nacional, no una presencia institucional intermitente o reactiva.
Mientras la seguridad ha estado subestimada en el área, los contratos de concesión han sido diseñados para privilegiar intereses particulares y no asegurar la reinversión suficiente en conservación, infraestructura ecológica y fortalecimiento institucional. El primer contrato de concesión de actividades turísticas fue operado por Aviatur durante 13 años. En 2019, se inició el proceso de una nueva licitación del Parque Tayrona, esta vez para un periodo de 23 años. Este, fue suspendido por cuenta de una demanda interpuesta por las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, quienes consideraron que en este proceso se vulneraron sus derechos fundamentales a la consulta previa, la autonomía y el gobierno propio. Desde este fracaso intento de licitación la Unidad de Parques vía pago de ingresos por visitante recauda un aproximado de $42 mil millones anuales. ¿Por qué parte de esos recursos no han sido destinados a fortalecer la seguridad en el área?
El presidente Petro ordenó “instalar de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental” dentro del Tayrona. Es un buen comienzo, pero esto no es suficiente. Se requiere ir más allá y cambiar el modelo centralista existente en el que se combinan una alta presión turística, débil control territorial, escasa participación local, insuficiente reinversión ambiental y riesgos crecientes para funcionarios y comunidades.
