GOBIERNO DE PINEDO INCUMPLE COMPROMISOS FRENTE A LA REVISIÓN DEL POT

Durante los días 14, 15 y 16 de octubre, el gobierno del alcalde Carlos Pinedo llevó a cabo jornadas de socialización del mecanismo de participación ciudadana en el proceso de Revisión Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial “Santa Marta 500 Años”, denominadas: “Espacios de construcción colectiva y participación ciudadana del proceso de modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial”.

Este proceso ha generado grandes expectativas en la ciudadanía, al ser considerado la oportunidad ideal para corregir las profundas debilidades e inconsistencias advertidas -pero que no fueron atendidas por el Concejo Distrital- al aprobar dicho instrumento de planificación en el año 2020. En este contexto, ha resultado desconcertante y preocupante que la Alcaldía Distrital haya incumplido el primer compromiso pactado con la comunidad: publicar, en un plazo máximo de 15 días en la página oficial de la entidad, una matriz de observaciones en la que se indicara si los aportes ciudadanos fueron o no incorporados al proceso, así como las razones correspondientes.

Incumplir el primer compromiso con la ciudadanía no es un error menor: es una señal política que deja ver que la real disposición del gobierno es tomarse la foto y validar el proceso de revisión en lugar de garantizar la participación ciudadana. Este incumplimiento resulta más llamativo porque ocurre a menos de dos meses de que el alcalde Carlos Pinedo instalara —y calificara como un hecho histórico— el Consejo Distrital de Participación Ciudadana, conformado por 34 delegados de comunidades y sectores sociales. ¿Qué dirán estos delegados al respecto?

El gobierno de Carlos Pinedo subestima la capacidad de la ciudadanía para hacer valer sus derechos. Pero se equivoca si cree que Santa Marta sigue siendo la misma ciudad que permitía decisiones a puerta cerrada. Hoy hay personas, organizaciones y sectores técnicos plenamente dispuestos a utilizar los mecanismos legales y democráticos para defender el interés común frente a cualquier intento de manipular el ordenamiento territorial o tomar decisiones de espaldas a la comunidad. Los samarios son más que nunca conscientes de su derecho a una ciudad planificada, sostenible y justa.

Santa Marta cumplió 500 años, pero sus condiciones urbanas distan mucho de las que debería exhibir una ciudad con su antigüedad y relevancia en el país. Una ciudad que debería ser referente nacional por su legado y su geografía privilegiada, aparece hoy rezagada en infraestructura, servicios públicos y calidad de vida. Lo que tendría que ser una vitrina de buena planificación, se ha convertido en un espejo de omisiones, improvisaciones y negocios privados disfrazados de política pública. Permitir que la ciudad retroceda hacia viejas lógicas de clientelismo y exclusión no solo sería un despropósito: sería condenarla a perder, de manera irremediable, su oportunidad de transformación.

Si el gobierno es incapaz de honrar los compromisos más básicos, la ciudadanía deberá estar lista para recordarle —en los estrados, en las calles y en las urnas— que la ciudad no es propiedad de ningún gobernante de turno.