LA ÉTICA SALIÓ DEL GRUPO

En los grupos de WhatsApp hay una expresión que se ha vuelto parte del lenguaje cotidiano: “X salió del grupo”. A veces ocurre por decisión propia; otras, porque alguien fue expulsado. En cualquier caso, el mensaje simboliza una ruptura. Se abandona una conversación, se pierde un vínculo, desaparece un límite compartido. Si esa lógica se trasladara al Gobierno nacional, podría decirse que la ética salió del grupo. No se trata de un juicio sobre un episodio aislado ni de una descalificación automática de todos los funcionarios que integran el Ejecutivo. Se trata de una constatación preocupante. Durante los últimos meses se han acumulado controversias de naturaleza distinta, nombramientos cuestionados, denuncias de corrupción, conflictos de interés, enfrentamientos entre funcionarios, presiones políticas, uso del poder para fines particulares y comportamientos incompatibles con la dignidad del servicio público que, más allá de sus diferencias, revelan un mismo problema de fondo: la ética dejó de ser el criterio orientador de las decisiones públicas.

La política siempre ha convivido con el conflicto. Eso no es nuevo. Lo verdaderamente inquietante es cuando desaparece la frontera entre lo legal y lo correcto, entre lo posible y lo debido.

Desde la filosofía, la ética no es un simple listado de prohibiciones ni un manual de buenas maneras. Es la reflexión sobre el deber ser de la conducta humana. Aristóteles entendía que la virtud consistía en formar el carácter para actuar correctamente incluso cuando nadie observa. Immanuel Kant sostenía que la moral exige comportarse de manera que nuestras acciones puedan convertirse en una regla universal. Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, recordando que quien ejerce el poder debe asumir las consecuencias de sus actos y no refugiarse únicamente en la nobleza de sus intenciones.

En la administración pública estos principios adquieren una dimensión aún mayor. El funcionario no administra recursos propios ni ejerce un poder privado. Administra bienes públicos y representa la confianza de millones de ciudadanos. Por eso la ética constituye la primera condición de legitimidad del Estado. Cuando esa brújula desaparece, las instituciones comienzan a deteriorarse aunque las normas permanezcan intactas.

Lo preocupante del momento político colombiano no es únicamente la existencia de escándalos. Todos los gobiernos los han tenido. Lo verdaderamente grave es la creciente normalización de conductas que antes generaban un rechazo casi unánime y que hoy suelen relativizarse dependiendo del color político de quien las protagonice. La indignación parece haberse vuelto selectiva.

Los hechos ya no se evalúan por su contenido y pasan a juzgarse según la conveniencia ideológica. Si el protagonista pertenece al sector político propio, siempre existe una explicación, una conspiración o una justificación. Si pertenece al adversario, la condena es inmediata.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro llegó al poder prometiendo una nueva forma de ejercer la política. La bandera del cambio estaba profundamente asociada a una superioridad ética frente a las prácticas tradicionales que durante décadas fueron denunciadas por el hoy oficialismo.

Quien construye su legitimidad sobre un discurso ético debe aceptar que será medido con un estándar más alto. No basta con argumentar que administraciones anteriores también incurrieron en errores. La promesa consistía precisamente en romper con esa lógica, no en reproducirla.

El reciente escándalo que involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero ilustra esa contradicción. Más allá de que sean las autoridades competentes las llamadas a establecer responsabilidades, sorprendió la reacción del presidente Gustavo Petro, quien, antes que marcar una prudente distancia institucional, salió en su defensa y sostuvo que ellas debían denunciar a «los empresarios que buscaron corromperlas» y, en caso de haber recibido dinero, devolverlo y colaborar con la justicia. Incluso afirmó que, «si es verdad, dieron dineros como pendejos», porque creyeron que él o sus ministros actuaban «por presiones de mujeres o por codicia».

El problema no radica únicamente en el contenido de esas declaraciones, sino en el mensaje que proyectan desde la máxima autoridad del Estado. La ética pública exige que quien gobierna no solo sea imparcial, sino que también lo parezca. Cuando el jefe de Estado anticipa una narrativa de defensa mientras los hechos aún deben ser esclarecidos por las autoridades, la línea que separa la responsabilidad institucional de la solidaridad política comienza a desdibujarse. Allí es donde la ética deja de actuar como brújula y empieza a convertirse en un argumento circunstancial.

La función pública exige competencias técnicas, capacidad de gestión y liderazgo. Pero ninguna de esas cualidades sustituye el valor de la integridad. La ética no es un adorno para los discursos oficiales ni un capítulo protocolario de los códigos de buen gobierno. Es el mecanismo que limita el ejercicio del poder cuando nadie parece dispuesto a hacerlo.

Quizás por eso la metáfora del WhatsApp resulta tan elocuente.

En muchos grupos, cuando alguien importante sale, la conversación continúa, pero ya no es la misma. Se pierde equilibrio, se deteriora el ambiente y las discusiones terminan dominadas por el ruido. Algo parecido parece estar ocurriendo en la política colombiana.

Los escándalos se suceden con tanta rapidez que el anterior apenas alcanza a desaparecer de los titulares cuando ya surge uno nuevo. La capacidad de asombro se reduce y la opinión pública comienza a convivir con lo que antes consideraba inaceptable. Ese puede ser el síntoma más peligroso de todos.

Quizás aún haya tiempo para que la ética vuelva al grupo. Pero para hacerlo necesita una invitación. Mientras tanto, el chat del poder sigue lleno de mensajes, justificaciones, discursos y excusas.

La ética salió del grupo. Y, lo más preocupante, nadie ha preguntado por qué se fue.