La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta una de las pruebas más exigentes desde su creación: demostrar que los recursos públicos que recibe se traducen en justicia efectiva, verdad para las víctimas y sanciones que no se queden en el terreno de las promesas. Las críticas a sus resultados, las denuncias sobre presuntas irregularidades y la propuesta de reducir su presupuesto han reabierto la discusión en Colombia: ¿estamos ante una institución que necesita corregir sus falencias o frente a un intento de debilitar uno de los pilares del Acuerdo de Paz de 2016? En medio del debate parece haber un consenso entre quienes en nombre del Estado negociaron con las FARC: ni cheque en blanco para la jurisdicción ni demolición institucional como respuesta a sus falencias.
La controversia tiene dos dimensiones. La primera es legítima e inaplazable: la JEP debe responder por sus resultados, sus gastos y la oportunidad de sus decisiones. La segunda es política e institucional: determinar si las deficiencias justifican recortar recursos hasta comprometer su funcionamiento o si, por el contrario, el país debe preservar su capacidad operativa mientras exige reformas verificables.
El debate presupuestal tiene cifras concretas. El senador Enrique Gómez Martínez propuso trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, con el argumento de fortalecer la justicia ordinaria, ampliar su capacidad y atender la congestión de los despachos judiciales. La iniciativa recibió el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella. Por otra parte, el proyecto de presupuesto para 2027 contempla una reducción cercana a $170.000 millones respecto de los recursos que la jurisdicción busca preservar.
Quienes defienden el ajuste sostienen que la crisis fiscal obliga a revisar el gasto estatal y que una jurisdicción con costos elevados no puede quedar al margen de la austeridad. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, ha cuestionado los indicadores de gestión, los gastos de nómina y contratación, los viajes y el costo del arrendamiento de la sede. Según las cifras que ha divulgado, la JEP habría destinado más de $56.000 millones a viajes, tiquetes y viáticos entre 2020 y 2026, mientras que los pagos por arrendamiento del edificio habrían superado los $114.000 millones durante ese periodo.
La congresista también ha cuestionado la relación entre el presupuesto y el número de sentencias, y ha señalado que las cifras institucionales podrían incluir decisiones que no equivalen a fallos definitivos sobre los macrocasos. La crítica apunta a un asunto fundamental: el Estado debe medir resultados y no limitarse a reportar actividades.
Pero reducir la evaluación de la JEP al cociente entre presupuesto y número de sentencias sería igualmente equivocado. Investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad, establecer responsabilidades de máximos responsables y reconstruir patrones de violencia exige tiempo, equipos especializados y trabajo con víctimas y comparecientes. La evaluación debe considerar también imputaciones, reconocimientos de responsabilidad, aportes a la verdad, decisiones judiciales y cumplimiento de las sanciones. La complejidad de estas tareas explica parte de sus costos, pero no justifica cualquier gasto ni convierte la lentitud en una condición inevitable.
La polémica adquirió mayor gravedad cuando Posada denunció haber conocido un documento fechado el 21 de septiembre de 2026, en el que un compareciente advertía sobre los posibles efectos del recorte para sus garantías judiciales y la continuidad de su proceso. Anunció, además, actuaciones ante la Procuraduría y solicitudes de información a la jurisdicción.
La respuesta de la JEP tampoco puede limitarse a advertir sobre una eventual asfixia financiera. Su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, ha sostenido que los recortes podrían comprometer el funcionamiento de la jurisdicción y afectar los derechos de víctimas y comparecientes. Su advertencia merece atención, pero debe acompañarse de información precisa: qué programas quedarían comprometidos, qué expedientes sufrirían retrasos, cuáles medidas de protección podrían afectarse y qué gastos pueden reducirse sin poner en riesgo las funciones misionales.
El debate no enfrenta únicamente a los críticos de la JEP con sus defensores. Juan Manuel Santos, quien encabezó el proceso de negociación del Acuerdo Final, ha defendido la implementación de lo pactado, al tiempo que ha reconocido la necesidad de acelerar los procesos y cumplir el cometido de la jurisdicción. Esa posición ofrece una distinción necesaria: defender la paz no significa justificar las demoras, y reclamar resultados no obliga a respaldar la desaparición del tribunal.
Es necesario tener claro que la JEP surgió como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su mandato no consiste exclusivamente en imponer penas de prisión, sino en establecer responsabilidades, promover el reconocimiento de los crímenes y aplicar sanciones propias con contenido restaurativo, sujetas a condiciones y mecanismos de verificación.
Por lo anterior, la jurisdicción necesita una revisión rigurosa de su desempeño, auditorías transparentes sobre sus principales rubros de gasto y metas verificables para cada macrocaso. Debe explicar los costos de su operación, justificar los contratos y desplazamientos, acelerar las decisiones pendientes y presentar informes comprensibles sobre el cumplimiento de las sanciones. Si existen gastos innecesarios, deben eliminarse. Si hay irregularidades, deben investigarse.
Pero también es cierto que cualquier modificación debe respetar el orden constitucional, la independencia judicial, el debido proceso y las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz. La discusión presupuestal no puede sustituir el debate jurídico sobre la continuidad de la institución.
Ni cheque en blanco ni demolición institucional. La JEP no puede reclamar inmunidad frente a las críticas ni sus detractores pueden presentar el recorte presupuestal como una solución automática a los problemas de la justicia colombiana.
Colombia tiene razones para exigirle más a la JEP. Los años transcurridos, la magnitud de los recursos comprometidos y las expectativas de millones de víctimas hacen inaceptable que los resultados se evalúen únicamente desde la perspectiva de la propia entidad.
