LA LEY DE GARANTÍAS: ENTENDERLA PARA EXIGIRLA

Por: BRIANA CAMARGO CANTILLO

abg.brianacamargo@gmail.com

Cada vez que se acercan las elecciones, vuelve a escucharse con más fuerza la llamada Ley de Garantías. Para muchas personas, este término suena lejano, complicado o incluso molesto, especialmente cuando se asocia con obras que se detienen, contratos que no se firman o decisiones que parecen aplazarse sin explicación. Sin embargo, entender de qué se trata esta ley es clave para comprender cómo se protege la democracia y por qué su cumplimiento beneficia a toda la ciudadanía.

La Ley de Garantías existe para evitar que quienes están en el poder usen los recursos del Estado para hacer campaña política. En otras palabras, busca que ningún candidato tenga ventaja por manejar dinero público, contratos o programas oficiales en plena época electoral. Su propósito es sencillo: que las elecciones sean justas y que el voto de las personas no sea influenciado por favores, promesas o beneficios financiados con recursos que son de todos.
Durante los meses previos a las elecciones, esta ley impone algunas reglas especiales a las entidades públicas. Pero esto no significa que el Estado se detenga por completo. Lo que se limita es la forma en la que se contrata, no la posibilidad de seguir trabajando. Por ejemplo, las entidades pueden seguir haciendo procesos abiertos donde cualquier interesado pueda participar, como licitaciones o convocatorias públicas. Lo que no se permite es contratar “a dedo”, es decir, sin dar oportunidad a que más personas o empresas compitan.

También es importante saber que los contratos firmados antes de que empiece la restricción no se cancelan ni se caen. Estos pueden continuar, ampliarse o ajustarse si es necesario, siempre que se hagan de manera responsable y transparente. Además, las entidades pueden firmar acuerdos entre sí cuando no impliquen mover dinero público, lo que permite mantener la cooperación institucional sin afectar la igualdad electoral.

La ley también contempla situaciones en las que no se puede esperar. Por eso, permite contratar sin restricciones cuando se trata de temas urgentes como la seguridad del país, la atención en salud, la educación, las emergencias por desastres naturales o la reparación de vías y servicios públicos dañados por situaciones graves. En estos casos, el interés de la comunidad está por encima de cualquier calendario electoral.

Lo que sí está claramente prohibido es usar el dinero, los bienes o los programas del Estado para favorecer partidos o candidatos. Tampoco se permite, a partir de las fechas establecidas por la ley, firmar contratos de manera directa sin convocatoria pública ni celebrar convenios que impliquen gastar recursos públicos entre entidades. Estas medidas buscan cerrar la puerta a prácticas que históricamente han afectado la transparencia y la confianza en las elecciones.

En este contexto, el Gobierno Nacional ha impulsado espacios de formación para que tanto funcionarios como ciudadanos entiendan mejor estas reglas. Un ejemplo de ello fue la reciente jornada de capacitaciones sobre la Ley de Garantías, que reunió a miles de personas interesadas en aprender cómo se deben manejar los recursos públicos en época electoral. Este tipo de iniciativas muestran que la información clara es una herramienta poderosa contra la desinformación.

De cara a las próximas elecciones, la Ley de Garantías no debe verse como un castigo ni como un obstáculo innecesario, sino como una protección. Protege el derecho de cada ciudadano a elegir libremente, sin presiones ni ventajas indebidas. Cuando la comunidad entiende estas reglas, puede exigir su cumplimiento y participar de forma más consciente en la vida democrática. Al final, una democracia fuerte no solo depende de las leyes, sino de que las personas las conozcan y comprendan.