España sorprendió al mundo esta semana al decretar la regularización de cientos de miles de migrantes que permanecían en el país sin garantías legales. En un contexto internacional marcado por el endurecimiento de fronteras, muros administrativos y discursos cada vez más hostiles contra la movilidad humana —especialmente en Europa y Norteamérica—, la decisión del gobierno de Pedro Sánchez marca un hito político y simbólico. Mientras otros cierran la puerta, España decide entreabrirla.
El decreto real impulsado por el Ejecutivo socialista habilita a personas que viven de manera indocumentada a solicitar permisos de residencia temporal. No se trata de una amnistía total ni automática: el proceso tiene requisitos y deja por fuera a quienes registren antecedentes penales. Aun así, el mensaje es claro: reconocer una realidad que durante años ha sido tolerada, pero no regulada. Porque los migrantes estaban allí, trabajando, pagando arriendos, enviando a sus hijos a la escuela, sosteniendo sectores enteros de la economía, aunque el Estado mirara hacia otro lado.
España ha sido históricamente un país receptor de migración. Durante décadas acogió a latinoamericanos que encontraron en el idioma una primera puerta de entrada, pero también a africanos y europeos del este que llegaron empujados por crisis económicas o conflictos. Sin embargo, las “facilidades” nunca han sido universales. La irregularidad ha sido, para muchos, una condena silenciosa: trabajos precarios, imposibilidad de acceder plenamente a la salud, miedo constante a la expulsión.
La migración ha sido clave para la economía española. Sectores como la agricultura, la construcción, el cuidado de personas mayores, el turismo y los servicios dependen en gran medida de mano de obra migrante. Regularizar significa, en teoría, ordenar lo que ya existe: ampliar la base de cotizantes, reducir la economía sumergida y otorgar derechos mínimos a quienes ya aportan. Es una apuesta pragmática tanto como humanitaria.
Sin embargo, los impactos de esta medida no son del todo claros. España enfrenta fuertes presiones sociales y económicas, particularmente en los mercados de vivienda y empleo. En las grandes ciudades, los arriendos se han disparado y el acceso a un trabajo estable sigue siendo esquivo para amplios sectores de la población joven. En ese escenario, la regularización es vista por algunos como una competencia adicional por recursos escasos.
Un informe del centro de análisis Funcas recién publicado con datos de 2025 calcula que en España hay alrededor de 840 mil personas en situación irregular. No sorprende, entonces, que la medida haya generado rechazo en ciertos sectores políticos y sociales. Desde la derecha y la extrema derecha se insiste en que este tipo de decisiones alimentan la inmigración irregular y desborda la capacidad del Estado. El argumento es conocido y se repite en casi toda Europa: más control, menos derechos. Pero rara vez se acompaña de una respuesta realista sobre quién hará los trabajos que nadie quiere hacer o cómo sostener sistemas productivos envejecidos sin migración.
La decisión del gobierno de Sánchez también puede leerse como un gesto contracorriente en una Europa cada vez más replegada sobre sí misma. Mientras países vecinos endurecen sus leyes y externalizan fronteras, España parece reconocer que la migración no es una anomalía, sino una constante estructural del siglo XXI. Regularizar no elimina los problemas, pero puede hacerlos más visibles y, por tanto, gestionables.
El decreto para la regularización de inmigrantes que ha aprobado el Gobierno alcanzará también a todos aquellos que hayan solicitado protección internacional, es decir, quienes llegan huyendo de países en guerra y otras situaciones de violencia o discriminación que comprometen su vida.
España según convertirse en un “faro que guía a muchos países”, dijo la ministra de Migración y portavoz del gobierno español, Elma Saiz.
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Liliana Mercadal 28 Ene 2026
La inmigración es un tema muy complejo y debatirlo, en todo el mundo