La administración de los recursos públicos exige tomar decisiones difíciles. Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las obligaciones del Estado, los gobiernos deben revisar sus presupuestos, corregir desequilibrios y garantizar que los recursos disponibles se utilicen de manera eficiente. Pero una cosa es sanear las finanzas públicas y otra trasladarles la cuenta a los ciudadanos sin explicar suficientemente las razones, las alternativas y las consecuencias de la decisión. El 30 de diciembre de 2025 (Ver Anexo 1), el Concejo Distrital, calladito, aprobó el Acuerdo 019, sancionado ese mismo día por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, mediante el cual se modificaron los factores de subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. La norma derogó el Acuerdo 002 de 2022 (Ver Anexo 2) y redujo los porcentajes de subsidio para los usuarios residenciales de menores ingresos. Así, mientras el gobierno de Carlos Pinedo nos entretiene con el show de anuncios de proyectos fallidos y envueltos en cuestionamientos por posible corrupción, calladito reduce subsidios a los samarios.
Los cambios del Acuerdo 019/2025 fueron: El subsidio del estrato 1 pasó del 70 % al 65 %; el del estrato 2, del 40 % al 30 %; y el del estrato 3, del 15 % al 5 %. Al mismo tiempo, aumentaron las contribuciones solidarias aplicables a los estratos 5 y 6 y a los usuarios comerciales e industriales.
En términos prácticos reducir un subsidio significa, para el usuario beneficiario, perder una parte del alivio que recibía en su factura. Por eso, aunque técnicamente no se trate de un impuesto nuevo, la medida puede entenderse como un aumento de la carga económica que deben asumir los hogares para acceder a los servicios esenciales. El ciudadano termina pagando más de su propio bolsillo.
La Administración Distrital sustentó la reforma en un desequilibrio del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. Según los considerandos del acuerdo, las necesidades proyectadas para financiar los subsidios durante 2026 ascendían a aproximadamente $41.893 millones, mientras que la apropiación presupuestal prevista era de unos $29.162 millones. La diferencia, cercana a $12.732 millones, representaba un déficit que, de acuerdo con el Distrito, comprometía la sostenibilidad financiera del esquema.
El déficit debe atenderse. Sin embargo, la Alcaldía debería haber aclarado ¿Por qué resultó tan fácil recortar el alivio económico de los hogares y no se presentó una estrategia para reducir gastos administrativos, revisar la burocracia o evaluar la eficiencia del gasto público? ¿Qué alternativas se estudiaron para mejorar el recaudo de las contribuciones solidarias? ¿Se examinaron los costos de los prestadores y las posibilidades de optimizar el funcionamiento del fondo? ¿Se evaluó el impacto de la reforma sobre la capacidad de pago de las familias?
Estas preguntas son pertinentes en una ciudad donde la ciudadanía reclama resultados concretos en materia de servicios públicos e infraestructura. Los cuestionamientos sobre proyectos anunciados que no se materializan como se esperaba, las controversias alrededor de la contratación pública y las denuncias que reclaman investigaciones y explicaciones no pueden sustituir una auditoría del gasto, pero sí refuerzan la necesidad de que el Distrito demuestre cómo prioriza y administra los recursos públicos.
Además, en Santa Marta hay un elemento que no puede ignorarse: la presión que representa el servicio de energía eléctrica para las familias del Caribe colombiano. Las facturas de electricidad, agua, alcantarillado y aseo compiten por el mismo ingreso familiar. Aunque cada servicio tiene sus propias reglas tarifarias y fuentes de financiación, el presupuesto de una familia es uno solo. Reducir el subsidio de agua y saneamiento sin examinar el efecto acumulado de esas obligaciones deja incompleta la evaluación social de la reforma.
Existe también la responsabilidad política y administrativa de respetar la participación ciudadana con el fin de mejorar la calidad de las decisiones, identificar riesgos y contrastar las prioridades del gobierno con las necesidades reales de la población. Por eso llama la atención el papel del Concejo Distrital. Aprobar una modificación de esta magnitud exige argumentos públicos y explicaciones que vayan más allá de repetir que existe un déficit financiero.
Preguntamos a los concejales ¿Qué discusiones se dieron antes de aprobar la reducción de los subsidios? ¿Qué concejales cuestionaron el impacto sobre los estratos 1, 2 y 3? ¿Quién exigió explicaciones sobre las alternativas de ahorro y financiación? ¿Se discutió la presión económica que soportan los hogares por el costo de la energía eléctrica? ¿Dónde están las explicaciones públicas de quienes respaldaron la decisión?
El Acuerdo 019 es una prueba de la calidad del control político que ejerce el Concejo sobre la Administración de Carlos Pinedo.
La paradoja de esta soterrada decisión es que los hogares de menores ingresos tienen que pagar más por servicios cuya calidad y continuidad siguen sin garantizarse. Para la muestra la multa la multa de $240 millones que la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar) impuso a Aseo Técnico de la Sabana (Atesa) por deficiencias operativas en la prestación del servicio de aseo. ¿Será que la reducción de los subsidios se reflejará en compromisos de mejoramiento de la prestación estos servicios?
El Concejo Distrital y el gobierno de Carlos Pinedo les deben explicaciones públicas a los samarios. Al final, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la responsabilidad de quienes administran los recursos públicos. Si el déficit era inevitable, que presenten las cuentas. Si existían alternativas, que expliquen por qué fueron descartadas. Y si el recorte era necesario, que demuestren cómo protegerán a los hogares que tendrán que asumirlo.
A Santa Marta, el regalo de fin de año le llegó mediante facturas y a sus espaldas. Y mientras los ciudadanos hacen cuentas para sobrevivir, quienes decidieron aliviar las finanzas del Distrito a costa de sus bolsillos siguen calladitos.
