Hay una frase de Antonio Sanguino que resume, quizá sin proponérselo, una de las mayores contradicciones de la política colombiana: el Estatuto de la Oposición destina recursos para el ejercicio de la oposición de los partidos. Lo dijo para explicar cómo podría financiarse el llamado Gabinete por la Vida, la estructura política anunciada por Gustavo Petro e Iván Cepeda tras dejar el Gobierno. Resulta desconcertante que quienes durante cuatro años ocuparon la Presidencia, los ministerios y buena parte del aparato estatal, ahora se presenten como los arquitectos de las soluciones que, según ellos, el país necesita a la vuelta de 20 días de haber dejado el poder. Más desconcertante aún es que esa nueva cruzada pretenda sostenerse con recursos públicos. No es una cuestión jurídica. Es ética.
Gobernar es la oportunidad de ejecutar aquello que durante años se prometió desde la oposición. El gobierno de Gustavo Petro llegó precisamente con ese mandato: corregir desigualdades, transformar instituciones, fortalecer lo público y demostrar que otra forma de administrar el Estado era posible.
Tuvo presupuesto. Tuvo mayoría política durante buena parte de su mandato. Tuvo ministros, agencias y entidades para convertir sus diagnósticos en resultados.
Si después de ejercer el poder la principal propuesta es crear un gabinete paralelo para explicar cómo deberían hacerse las cosas, los colombianos tenemos el derecho a preguntar: ¿por qué no las hicieron cuando podían?
No se trata de negar el derecho a la oposición. Ese derecho es esencial en una democracia. Se trata de cuestionar la autoridad moral de quienes, tras administrar el Estado, regresan inmediatamente a dictar lecciones sobre los problemas que no lograron resolver.
El Estatuto de la Oposición fue concebido para garantizar el pluralismo democrático, no para convertirse en un mecanismo de financiación de proyectos personales o de plataformas políticas construidas alrededor de antiguos altos funcionarios.
Existe una diferencia enorme entre proteger el derecho de un partido a ejercer control político y financiar una especie de “gabinete alternativo” integrado por quienes hasta hace poco recibían salarios del mismo Estado que hoy pretenden vigilar. Esta pretensión lo que reafirma es que la política parece haber perdido una palabra fundamental: servicio.
Durante décadas los dirigentes invocaron el interés ciudadano como la razón de su participación pública. Hoy la conversación parece girar alrededor de quién paga la oficina, quién financia el equipo y bajo qué figura legal puede sostenerse la siguiente etapa de la carrera política de los miembros del gabinete virtual.
El servicio público que debería ofrecer este gabinete debería ser la autocrítica. Si el propósito del Gabinete por la Vida fuera realmente aportar al país, su primer documento debería ser un balance riguroso de lo que el gobierno Petro dejó pendiente: las reformas inconclusas, las promesas incumplidas, la gestión de los desastres naturales, la crisis fiscal y los problemas estructurales que sobrevivieron intactos después de cuatro años de administración.
El verdadero servicio público nunca ha dependido de una nómina, sino de una convicción. Las grandes transformaciones sociales nacieron de ciudadanos, líderes y servidores que entendieron que representar el interés colectivo implicaba, ante todo, un deber con la comunidad y no una oportunidad permanente de financiación.
En tiempos de desconfianza institucional, quizá la lección más urgente sea recordar que servir a lo público es aportar incluso cuando no hay salario, reconocimiento ni poder. Ese es el tipo de liderazgo que reconstruye la credibilidad; lo demás corre el riesgo de ser simplemente otra forma de vivir de la política.
3 Comments
Anónimo 2 Sep 2026
Tufillo a descaro! O sea en estos próximos 4 años se la pasarán diciendo cómo hay que hacer lo que no hicieron en 4 años!
Máximo José Polo Pérez 2 Sep 2026
Apreciado y gentil lector, es absolutamente pertinente dar una opinión basada en datos para contrarrestar una narrativa que busca dar opacidad a la profesionalización de la oposición: un deber técnico y ético ante la reciente propuesta de crear el denominado ‘Gabinete por la Vida’ tras la salida del gobierno de Gustavo Petro ha levantado un debate que, infortunadamente, se ha pretendido clausurar desde la descalificación moral y no desde el rigor institucional.
Quienes critican esta iniciativa argumentando que se trata de una “cruzada personal” financiada con recursos públicos confunden, de manera conveniente, los privilegios individuales con las garantías democráticas fundamentales. El Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018) no fue concebido como un premio de consolación para quienes pierden una elección, sino como una herramienta de rango constitucional destinada a equilibrar los poderes del Estado. El artículo 11 de dicha ley es taxativo al asignar partidas presupuestales para el ejercicio de la oposición. Por lo tanto, que un partido político utilice estos recursos públicos —transparentes, regulados y auditables— para estructurar un equipo técnico de fiscalización no es un capricho ético, sino el estricto cumplimiento de una función legal. La verdadera amenaza a la transparencia democrática ocurre cuando la política se financia bajo cuerda, con capitales privados y agendas ocultas, no cuando se somete al escrutinio del presupuesto público. Se afirma, con ligereza, que haber ocupado el poder inhabilita a una fuerza política para proponer soluciones inmediatas desde la orilla contraria. Este argumento ignora los principios de la gobernanza moderna y la ciencia política internacional. En las democracias parlamentarias más estables del mundo existe la figura del Shadow Cabinet o gabinete en la sombra. Lejos de ser un desafío a las instituciones, el gabinete alternativo es la máxima expresión de la profesionalización de la política: Le asegura al país que la oposición no se limitará al sabotaje o a la queja ruidosa, sino que actuará como un contrapoder técnico, preparado y con un programa listo para ofrecer soluciones alternativas. Lejos de restarles autoridad moral, el paso por el gobierno dota a estos exfuncionarios de una ventaja técnica indispensable para el país. Haber administrado ministerios y agencias estatales rompe la curva de aprendizaje y permite ejercer un control político calificado. Quienes conocen las entrañas de la burocracia, los límites fiscales y los cuellos de botella del Estado están en una posición privilegiada para vigilar al nuevo gobierno con precisión, exigiendo resultados reales y no debates ideológicos vacíos.
Reducir el servicio público a una visión romántica del «sacrificio sin salario» es perpetuar una política amateur y elitista, donde solo aquellos que tienen fortunas personales pueden darse el lujo de hacer política sin remuneración.
El liderazgo colectivo de un movimiento que representa a millones de votantes no se extingue al entregar las llaves de la Casa de Nariño; la responsabilidad política exige defender las tesis programáticas con la misma convicción desde el gobierno o desde la oposición.
El ‘Gabinete por la Vida’ no busca vivir de la política, busca elevar el nivel técnico del debate en Colombia, obligando al nuevo ejecutivo a medirse frente a una alternativa estructurada y no ante una simple oposición de micrófono.
enelmargen 3 Sep 2026
¿No es esa la «narrativa/retórica»… colocada en boca de l@s agentes e instrumentos de la estratagema/artificios de «drecha/centro/izquierda» en la vía de las cada vez más abundantes, coloridas y costosas épocas electoreras:
«corregir desigualdades, transformar instituciones, fortalecer lo público… Estado… posible.»?