TRAMO CIÉNAGA-BARRANQUILLA, EL CORREDOR DE LA MISERIA

Créditos Foto: Vanexa Romero

Por: VERUZKA AARÓN TORREGROZA

veruzkaaaron.t@gmail.com

El corredor Ciénaga-Barranquilla es uno de los ejes más importantes de la región Caribe colombiana. Por ella transitan diariamente miles de vehículos que conectan no solo a los departamentos del Magdalena y el Atlántico, sino también al resto del país con los puertos de Santa Marta y Barranquilla. Sin embargo, en los últimos años este corredor ha pasado de ser una arteria vital del desarrollo regional a un punto crítico de conflicto social, con bloqueos recurrentes protagonizados por comunidades que exigen atención estatal sin que las autoridades competentes tomen acciones de fondo para resolver la grave situación social, económica y ambiental que estas padecen. A lo largo del tiempo, estos asentamientos se han expandido sobre áreas de protección ambiental ubicadas a ambos costados del corredor, así como sobre la franja de reserva destinada a garantizar la seguridad vial y el uso público del espacio. En vez de una respuesta estructural, la institucionalidad ha sido incapaz de diseñar e implementar soluciones de fondo. En contraste, sí ha actuado con celeridad cuando se trata de favorecer intereses económicos, como quedó evidenciado con la instalación de sistemas de fotomultas a lo largo del tramo. La creciente frecuencia de bloqueos y alteraciones del orden público en este corredor es proporcional al desamparo institucional. Si la situación continúa en esta ruta de deterioro, no solo se pondrá en riesgo la seguridad de los usuarios y la estabilidad económica de las ciudades que dependen de esta vía, sino también el bienestar y futuro de las mismas comunidades asentadas en el sector.

A lo largo del tramo Ciénaga-Barranquilla tienen jurisdicción los municipios de Ciénaga, Puebloviejo y Sitionuevo, los cuales,  según proyecciones del Dane (2025) reúnen en conjunto una población aproximada de 200.000 habitantes. Estas comunidades sobreviven en su mayoría a partir de actividades primarias como el cultivo de hortalizas y la pesca. Estos municipios presentan indicadores por debajo de la media nacional en dimensiones como educación, salud, trabajo, vivienda y servicios públicos. Las tasas de pobreza monetaria en los municipios de Pueblo Viejo y Sitionuevo están cerca del 70%, mientras que la informalidad alcanza el 90%.

A la lamentable situación socioeconómica se suma el deterioro ambiental de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) derivada de actividades económicos en su entorno. Esto sin embargo se ha visto agudizado recientemente por la presencia de plantas invasoras que no solo han alterado la calidad del agua, sino la navegabilidad y la pesca, fuentes estas de sustento para la población.

Las cifras tan precarias que caracterizan a estas poblaciones contrastan con la riqueza que pasa en frente estas. Esta riqueza corresponde no solo a la movilización de productos y turistas que van del Centro-Norte del país y viceversa, sino a la que por sí misma produce el corredor por cuenta del recaudo de peajes que anualmente oscilan en $220 mil millones,  de los cuales, el 92% se destina para el corredor y el restante 8% para la Sobretasa Ambiental (Ley 1718 de 2014).

No obstante que la Ley 981/2005 (artículo 10), establece que “Los recursos recaudados por la Sobretasa Ambiental serán destinados exclusivamente por la autoridad ambiental para la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a la recuperación y conservación de las áreas afectadas por las vías de que trata la presente ley, incluyendo dentro de estos el desarrollo de obras que propicien la apropiación y defensa de dichas áreas por parte de la comunidad, de acuerdo con los planes de manejo del área protegida respectiva.”, la Corporación Ambiental del Magdalena (CORPAMAG), ha destinado durante los últimos años su totalidad al mantenimiento de caños y lo seguirá haciendo hasta el 2035 mediante el Acuerdo N° 002/2023 ($365.348.230.934).

Si bien CORPAMAG cumple con lo establecido legalmente, también es cierto que dada la profunda precariedad de las condiciones sociales y económicas de esta población, tanto la institucionalidad como los representantes políticos regionales, deberían haber considerado revaluar la destinación de estos recursos, si no total, por lo menos parcialmente.

Los magdalenenses, deberíamos dejar de mirar para otro lado cuando atravesamos ese corredor de miseria que podría ser catalogado como una vergüenza departamental y nacional. Nos preocupa ser víctimas de bloqueos y/o de las actividades delincuenciales que se presentan en el sector, por lo cual, la mayoría reclama presencia de autoridades policivas, pero es preciso considerar qué tanto de estas conductas son producto de las condiciones socioeconómicas de una población a la que toda la sociedad le ha fallado por acción u omisión. Sí, se necesita autoridad para imponer el orden pero sin justicia ni inversión social, esto será tan inútil como intentar bajar la fiebre cambiando las sábanas.

El Estado está en mora de redireccionar los recursos de la sobretasa ambiental y/o asignar nuevos para dar respuesta a los problemas crónicos de estas poblaciones. Con una fuente de recursos fiable y proyectos viables estas poblaciones verían el principio del fin de la exclusión y la vulnerabilidad socioeconómicas.

En tiempos de campañas para elecciones atípicas, sería oportuno conocer que proponen los candidatos para este eje poblacional que representa la cicatriz que divide la riqueza y la pobreza en el Magdalena.