¿Qué pasa cuando tienes un derecho que reclamar, pero el dinero que necesitas para hacerlo valer podría hacerte falta para pagar el arriendo, la comida o las necesidades básicas de tu familia? En Colombia existe una figura jurídica pensada precisamente para situaciones como esta, pero muchas personas desconocen que pueden solicitarla: el amparo de pobreza.
Su importancia parte de una idea sencilla: la falta de recursos económicos no debería convertirse, por sí sola, en una barrera para acceder a la justicia. Sin embargo, antes de pensar en solicitarlo, es necesario entender qué es, quién puede acceder a él, qué gastos cubre y, sobre todo, cuáles son sus límites.
Además, no debe confundirse con los consultorios jurídicos, tema que abordamos en la columna anterior. Allí hablamos de una alternativa para recibir orientación y representación jurídica gratuita dentro de las competencias establecidas por la ley. El amparo de pobreza, en cambio, es una figura procesal destinada a aliviar las cargas económicas que una persona debe asumir dentro de un proceso judicial y, bajo las condiciones previstas por la ley, puede incluir la designación de un abogado.
Esta figura está regulada principalmente por los artículos 151 a 158 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso. El artículo 151 establece que puede concederse a quien no se encuentre en capacidad de atender los gastos del proceso sin afectar lo necesario para su propia subsistencia o la de las personas a quienes legalmente debe alimentos.
Por eso, no basta con afirmar que un proceso es costoso o que pagar sus gastos resulta difícil o incómodo. Lo que debe existir es una situación económica que realmente impida asumir esas cargas sin comprometer los recursos indispensables para vivir o para cumplir con las obligaciones alimentarias que la persona tenga a su cargo.
La solicitud puede ser presentada tanto por quien pretende iniciar un proceso como por quien ya participa en uno. Incluso puede solicitarse antes de presentar la demanda, de acuerdo con las reglas establecidas en el Código General del Proceso.
Para pedirlo, quien solicita el beneficio debe manifestar bajo juramento que se encuentra en las condiciones económicas previstas por la ley. Esto es importante porque no existe un certificado general que determine quién puede ser considerado “pobre” para estos efectos. La valoración parte de la situación económica concreta del solicitante y de su capacidad para asumir los gastos que implica el proceso sin afectar su subsistencia o la de quienes dependen legalmente de él.
La importancia de esta figura se entiende mejor cuando se revisan sus efectos. El artículo 154 del Código General del Proceso establece que la persona beneficiaria queda exonerada de determinadas cargas económicas relacionadas con el proceso. Entre ellas se encuentran las expensas, los honorarios de auxiliares de la justicia y la prestación de cauciones procesales. Además, quien recibe el amparo no será condenado en costas.
Esto significa que, si una persona cumple los requisitos legales, puede iniciar o continuar un proceso sin tener que asumir determinadas cargas económicas que, en circunstancias ordinarias, recaerían sobre ella.
A esto se suma una posibilidad especialmente relevante: cuando sea necesario, el juez puede designar un abogado para representar al beneficiario, de acuerdo con las reglas establecidas por el Código General del Proceso.
Aquí es importante hacer una precisión para evitar una confusión frecuente. El amparo de pobreza no significa que toda representación jurídica sea absolutamente gratuita ni que nunca pueda existir una remuneración para el abogado. La propia legislación establece las reglas aplicables a los honorarios del apoderado designado y contempla, entre otros aspectos, una remuneración cuando el beneficiario obtiene un provecho económico como consecuencia del proceso.
Por eso, más que entenderlo como una eliminación absoluta de cualquier costo, debe entenderse como un mecanismo destinado a impedir que la falta de recursos económicos haga imposible acceder o permanecer en la administración de justicia.
Precisamente por los efectos que produce, la solicitud debe corresponder a una situación económica real. El amparo de pobreza no está diseñado para utilizarse como una estrategia para evitar gastos que una persona sí está en capacidad de asumir. La declaración se realiza bajo juramento y debe corresponder a la realidad del solicitante. Además, si las circunstancias que dieron origen al beneficio desaparecen posteriormente, la ley contempla la posibilidad de que este sea terminado.
Ahora bien, ¿qué ocurre si el juez considera que no se cumplen los requisitos para concederlo? La respuesta también tiene una consecuencia concreta. El artículo 153 del Código General del Proceso establece que, en la providencia mediante la cual se deniegue el amparo, se impondrá al solicitante una multa de un salario mínimo mensual vigente (1 SMLMV).
Es decir, la negativa del amparo no significa simplemente que la persona deba continuar el proceso sin este beneficio. Si el juez lo deniega, además de no acceder a las exoneraciones y demás efectos propios del amparo, el solicitante debe asumir las cargas procesales que correspondan y, adicionalmente, se le impone la multa prevista expresamente por la ley.
Esto permite entender por qué no se trata de una solicitud que deba hacerse simplemente porque un proceso resulta costoso. Quien acude a esta figura debe hacerlo de buena fe y bajo la convicción de que realmente se encuentra en las condiciones económicas que exige la ley.
La decisión que niega el amparo, además, puede ser controvertida mediante los recursos que la ley establece para estos casos. Por eso, frente a una negativa, no debería asumirse automáticamente que no existe ninguna alternativa. Es necesario revisar la decisión, sus fundamentos y el recurso que resulte procedente según el momento y las características del proceso.
También conviene recordar que existen situaciones particulares y procesos sometidos a reglas especiales, por lo que no debe asumirse que el amparo funciona exactamente igual en todos los escenarios judiciales.
En últimas, el amparo de pobreza responde a una idea fundamental del acceso a la justicia: tener menos recursos económicos no debería significar tener menos posibilidades de hacer valer un derecho.
No es un abogado gratis en los mismos términos de un consultorio jurídico, no es una autorización para evitar cualquier gasto judicial y tampoco se concede simplemente porque un proceso resulte costoso. Es un mecanismo legal dirigido a quien realmente no puede asumir las cargas económicas de un proceso sin afectar su subsistencia o la de quienes dependen legalmente de él. Y precisamente por las consecuencias que puede tener una solicitud que no cumpla con los requisitos legales, se trata de una figura que debe solicitarse con responsabilidad y con pleno conocimiento de lo que implica.
