El debate nacional ha puesto sus ojos sobre Taganga por una razón estratégica. Allí se encuentra uno de los capítulos más delicados del proyecto Sirius, el yacimiento de gas costa afuera que podría convertirse en la principal fuente de abastecimiento energético de Colombia durante las próximas décadas. Las estimaciones oficiales señalan que este descubrimiento permitiría multiplicar las reservas nacionales de gas y reducir la creciente dependencia de las importaciones. Sin embargo, el verdadero conflicto ya no gira exclusivamente alrededor del gas. El problema de fondo es mucho más profundo: ¿quién tiene legitimidad para hablar en nombre de Taganga? Cuando el Estado reconoce una autoridad étnica, ¿queda representada toda una comunidad? El conflicto que se teje en Taganga demuestra que esa pregunta trasciende el proyecto Sirius y revela un vacío institucional sobre la representación de los múltiples sectores que habitan un mismo territorio.
Mediante la Resolución 010 de 2022, el Ministerio del Interior inscribió al Cabildo Indígena de Taganga en el Registro de Comunidades Indígenas, tras un estudio etnológico que reconoció la existencia de un grupo descendiente de familias amerindias con prácticas culturales y formas tradicionales de pesca asociadas al legado Tayrona.
Pese a lo anterior, una parte considerable de los habitantes de Taganga -pescadores artesanales, juntas de acción comunal, asociaciones de turismo, comerciantes, líderes ambientales y familias históricas del corregimiento- no se siente representada por el Cabildo. Durante décadas fueron esos liderazgos plurales quienes gestionaron el acueducto, la protección de la bahía, la defensa de los pescadores, la educación y las múltiples reivindicaciones sociales del territorio. Hoy afirman haber sido excluidos de los espacios de concertación porque numerosas entidades públicas consideran al Cabildo como el único interlocutor legítimo.
Esa diferencia entre reconocimiento jurídico y representación social es el corazón del problema, lo cual, puede convertirse en un riesgo institucional que Colombia debe evitar.
La consulta previa protege los derechos de una comunidad étnica específica; no debería reemplazar los mecanismos de participación de toda la población que habita un territorio. Son figuras distintas, con finalidades distintas y con titulares de derechos distintos. De ahí que no debería haber comunidades que ante los ojos de la institucionalidad sean tratados como de primera o segunda categoría.
El caso Sirius simplemente hizo visible una tensión que llevaba años incubándose en Taganga. Un grupo significativo de ciudadanos sienten que sus derechos colectivos son invisibilizados. Esa inconformidad quedó plasmada por parte de organizaciones como Taganga Azul, Veeduría Ciudadana Taganga Despierta, ASOTITAG y decenas de habitantes firmantes, que al no sentirse representados por el Cabildo solicitaron formalmente al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Tierras que el Estado reconozca que existen otros sectores sociales con intereses legítimos dentro del mismo territorio.
Concretamente, los firmantes solicitan tres actuaciones:
♦ Ser vinculados al proceso de clarificación del título colonial o republicano promovido por el Cabildo ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Este es un procedimiento administrativo que adelanta la ANT para determinar si un antiguo título de propiedad otorgado durante la Colonia o la República existe, es auténtico, continúa vigente y cuál es su alcance jurídico sobre un territorio determinado.
♦ Que dicho proceso sea socializado públicamente con toda la población de Taganga y no únicamente con la autoridad indígena.
♦ Suspender los trámites relacionados con cabildo, resguardo y jurisdicción especial mientras no exista una socialización amplia con todos los habitantes del corregimiento.
Lo anterior evidencia que las mayores preocupaciones de numerosos pobladores no están hoy solo en el gas sino en el futuro de la propiedad. Diversos líderes tradicionales advierten que el propósito del Cabildo de impulsar para Taganga la figura de resguardo indígena tendría consecuencias profundas sobre el régimen de tenencia de la tierra, especialmente para centenares de familias que ocupan predios desde hace generaciones pero que nunca lograron formalizar sus escrituras.
Un ejemplo ilustrativo de lo anterior es el catastro multipropósito. Un sector de la comunidad promovía la realización del censo poblacional como primer paso para avanzar en la formalización de la propiedad y obtener títulos sobre viviendas ocupadas históricamente. Según esos líderes, el proceso terminó suspendido debido a la oposición del Cabildo.
El mensaje de este episodio es preocupante: una herramienta diseñada para brindar seguridad jurídica, como el catastro multipropósito, terminó convirtiéndose en un nuevo motivo de división comunitaria. En especial, un territorio donde la informalidad predial ha sido una constante, bloquear el diálogo sobre la propiedad significa prolongar la incertidumbre de cientos de familias.
Otro foco de controversia surge por la ampliación del número de puntos sagrados incorporados en decisiones recientes relacionadas con el territorio ancestral.
Para la comunidad indígena, estos lugares constituyen espacios de memoria, espiritualidad y protección de su patrimonio cultural. Sin embargo, para otros sectores de Taganga preocupa que estos sitios sagrados no cuentan con un soporte técnico, histórico y cartográfico suficientemente transparente que sustente su delimitación y ampliación. Esa percepción de ausencia de fundamentación genera dudas sobre la representatividad de las decisiones y alimenta la sensación de arbitrariedad. Como consecuencia, la incorporación creciente de áreas sujetas a restricciones despierta inquietudes legítimas sobre sus efectos en el desarrollo turístico, la infraestructura, la vivienda, la formalización de la propiedad y la inversión en el territorio.
Taganga no es una comunidad homogénea. Es simultáneamente un pueblo indígena, una comunidad pesquera, un destino turístico, un corregimiento urbano y un territorio de familias que llevan generaciones construyendo allí su vida. Pretender que una sola organización represente la totalidad de esos intereses equivale a simplificar una realidad mucho más compleja.
Por lo anterior, es deber del Estado escuchar por igual a los tagangueros. La legitimidad de la consulta previa no depende únicamente de proteger a una comunidad reconocida. También depende de que el resto de la sociedad no sienta que dejó de tener voz en su propio pueblo. Cada sector debe ocupar el lugar que la Constitución le reconoce, sin sustituir los derechos de unos por los de otros.
