Con la frase “primero los colombianos” el presidente Abelardo de la Espriella dio un giro drástico de la política migratoria colombiana en la última década. Su instrucción es clara: identificar y deportar a los extranjeros en condición migratoria irregular, empezando por quienes cometen delitos y extendiendo la medida a quienes no hayan regularizado su permanencia.
La decisión conecta con un sentimiento auténtico de millones de colombianos: el deterioro de la seguridad, la presión sobre los servicios públicos y la percepción de que el Estado perdió el control de sus fronteras. El problema no es que el Gobierno quiera ejercer autoridad; el problema comienza cuando el ejercicio de esta busca la simplificación de una crisis mucho más profunda.
La migración venezolana no nació con Gustavo Petro ni con Iván Duque. Es la consecuencia del colapso político, económico y humanitario de Venezuela, que expulsó a más de siete millones de personas de su territorio. Colombia, por razones geográficas e históricas, recibió cerca de un tercio de esa diáspora.
Iván Duque tomó una decisión que probablemente será recordada como una de las políticas públicas más audaces de América Latina. El Estatuto Temporal de Protección permitió regularizar a millones de venezolanos y transformar una emergencia humanitaria en una estrategia de integración. Pero este no fue un simple gesto de solidaridad: también buscó sacar personas de la informalidad, facilitar su identificación por parte del Estado y reducir su vulnerabilidad frente a las economías ilegales.
Gustavo Petro heredó ese modelo, pero no logró consolidarlo. Su gobierno mantuvo el discurso humanitario mientras la capacidad institucional perdió dinamismo. Los trámites se ralentizaron, miles de migrantes quedaron atrapados entre permisos vencidos y procesos inconclusos, y la integración comenzó a estancarse precisamente cuando requería mayor fortaleza administrativa.
Hoy, De la Espriella recibe esa factura acumulada. Sin embargo, su respuesta es radicalmente distinta: el nuevo presidente privilegia la deportación como principal herramienta de control.
El Gobierno justifica su decisión sobre tres pilares: seguridad, soberanía y legalidad. Son argumentos legítimos. Ningún Estado está obligado a aceptar indefinidamente la permanencia irregular de extranjeros, y cualquier democracia tiene el derecho de expulsar a quienes delinquen, siempre que respete el debido proceso.
Sin embargo, el anuncio presidencial introduce un riesgo delicado: equiparar irregularidad con criminalidad. La condición migratoria es una situación administrativa; el delito es una conducta penal. En esta diferencia separa una política de seguridad de una política de estigmatización.
En lo que algunos no caen en cuenta es que los efectos de esta “mano dura” que pretende implementar el gobierno no recaerán exclusivamente sobre la población migrante. También tendrán consecuencias económicas para el país.
Muchos de los venezolanos a los que hoy se pretende deportar ya forman parte del tejido productivo colombiano. Trabajan en la construcción, la agricultura, los restaurantes, el comercio, el transporte y los servicios. Pagan arriendos, consumen bienes, crean pequeños negocios y sostienen buena parte de la economía informal que mueve cientos de municipios.
Una deportación indiscriminada podría provocar cuatro efectos inmediatos:
» Escasez de mano de obra en sectores de bajos salarios.
» Reducción del consumo en economías locales, especialmente en ciudades fronterizas.
» Mayor informalidad y clandestinidad laboral.
» Incremento del gasto público en operativos migratorios, detención y deportación.
Paradójicamente, una política diseñada para fortalecer la autoridad del Estado podría terminar sobrecargando precisamente a las instituciones con menor capacidad operativa: Migración Colombia, la Fuerza Pública y los gobiernos locales.
La inspiración internacional resulta evidente. Donald Trump convirtió las deportaciones en emblema político en Estados Unidos; varios gobiernos europeos endurecieron los retornos migratorios, y en América Latina el control fronterizo volvió a convertirse en una bandera electoral.
Pero Colombia enfrenta una realidad imposible de copiar mecánicamente. Sus 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela no son un muro: son una frontera viva atravesada por familias binacionales, economías compartidas y decenas de pasos informales que hacen inviable resolver el fenómeno únicamente mediante expulsiones.
De la Espriella tiene razón en un punto fundamental: Colombia debe recuperar el control de su política migratoria y enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales que se aprovechan de una frontera históricamente desbordada. Es una demanda legítima de un Estado que no puede renunciar a ejercer autoridad sobre su territorio.
Probablemente este giro en la política migratoria le reportará un amplio respaldo ciudadano al nuevo gobierno. Las políticas de “mano dura” suelen producir réditos políticos inmediatos porque ofrecen una respuesta simple frente a un problema complejo. Sin embargo, el verdadero examen de este gobierno no será cuántas personas logra deportar, sino su capacidad para proteger la seguridad de las fronteras sin provocar un costo social y económico mayor para Colombia.
1 Comment
Máximo José Polo Pérez 26 Ago 2026
Apreciado y gentil lector, considero de importancia aportar algunos conceptos que nos ayuden en el debate a nivel global que nos ocupa en ésta editorial:
El Fenómeno Migratorio Venezolano en Colombia: Análisis Técnico, Histórico y Geopolítico de la Integración frente al Paradigma de la Expulsión.
Contexto Histórico y Dinámicas de Movilidad Pendular en el Eje Colombo-Venezolano
El fenómeno migratorio venezolano no puede comprenderse de forma aislada; es el resultado de una metamorfosis histórica en las relaciones transfronterizas del norte de Suramérica. Durante el siglo XX, la dirección del flujo migratorio era diametralmente opuesta.
La bonanza petrolera venezolana y el recrudecimiento del conflicto armado interno en Colombia convirtieron a Venezuela en el principal receptor de mano de obra y refugiados colombianos entre las décadas de 1970 y 1990.
Académicos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia han denominado a este fenómeno histórico como «sistemas de movilidad simétrica subregional».
La frontera de 2.219 kilómetros nunca operó como una barrera rígida, sino como un espacio de porosidad estructural y dinámicas transfronterizas compartidas.
A partir de 2015, el colapso multifactorial del modelo socioeconómico venezolano desencadenó una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC). Este quiebre institucional detonó la mayor crisis de desplazamiento forzado en la historia moderna del hemisferio occidental, movilizando a más de 7.7 millones de personas.
Colombia, debido a su contigüidad geográfica, lazos consanguíneos e historia compartida, se convirtió en el principal Estado receptor, albergando a cerca de un tercio de esta diáspora.
La literatura científica clasifica la evolución de este flujo en cuatro fases críticas:
Fase de Capital Humano Alto (2010–2015): Migración de élites profesionales, tecnócratas petroleros y capitales privados.
Fase de Sectores Medios (2015–2017): Inserción de profesionales jóvenes y técnicos impulsados por la escasez generalizada de bienes básicos.
Fase de Vulnerabilidad Crítica (2017–2020): Flujos masivos y descapitalizados (caminantes) con perfiles epidemiológicos y nutricionales severamente desgastados.
Fase de Estabilización y Reunificación Familiar (2021–Presente): Procesos de asentamiento definitivo e intentos de regularización institucional bajo un entorno de alta precariedad económica y saturación de servicios locales.
Dimensiones Geopolíticas y Gobernanza FronterizaDesde una perspectiva geopolítica, el manejo de la migración en la última década mutó de la diplomacia de contención a una gobernanza basada en la «Seguridad Humana» bajo la administración de Gustavo Petro.
Académicos de la Universidad del Rosario y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) exponen que la gobernanza migratoria en América Latina oscila entre dos enfoques antitéticos:
El enfoque de securitización (basado en la soberanía westfaliana, el control policial y la expulsión) y el enfoque de integración de derechos (basado en el nexo migración-desarrollo).
El giro restrictivo propuesto por discursos de «mano dura» propuesto por Abelardo De la Espriella y visibilizado en analogías internacionales como las de la administración de Donald Trump en Estados Unidos o las derechas securitistas europeas, padece de un error de concepción técnica:
La falacia de la soberanía hermética. En fronteras vivas y de alta complejidad geográfica como la colombo-venezolana, la imposición de barreras burocráticas estrictas o la amenaza de deportación masiva no detiene el flujo migratorio; lo desplaza hacia la ilegalidad. La investigación criminológica y sociológica en la región demuestra que la restricción de canales de regularización dinamiza las «economías de la ilegalidad». Grupos Armados Organizados (GAO) como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, junto a redes transnacionales como el Tren de Aragua, ejercen una gobernanza criminal en los pasos informales (trochas). El cierre de vías legales empuja a la población migrante a depender de estas estructuras para el contrabando humano (tráfico de migrantes), aumentando su vulnerabilidad a la trata de personas, el reclutamiento forzado y la explotación laboral. Por ende, la política de la administración de Gustavo Petro se estructuró sobre la premisa de que la regularización administrativa es el mecanismo de seguridad más eficiente: registrar e identificar al migrante le permite al Estado recuperar el monopolio de la información demográfica y fiscal, restándole control territorial y financiero a los actores criminales de la frontera.
Rigor Técnico-Estadístico e Impacto Macroeconómico de la Migración
La evaluación del impacto macroeconómico de la migración venezolana en Colombia cuenta con un robusto corpus empírico respaldado por el Banco de la República, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los análisis de equilibrio general computable refutan las tesis xenófobas que catalogan la migración exclusivamente como una carga fiscal neta o como un factor de degradación de la seguridad interna.
El Mercado Laboral y el Tejido Productivo
Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirman que la población migrante venezolana presenta una tasa de participación laboral significativamente más alta que la nativa, impulsada por la necesidad de generación inmediata de ingresos.
Los migrantes se han incorporado con fuerza en sectores clave:
Construcción e Infraestructura: Provisión de mano de obra en obras civiles y edificación urbana.
Sector Agropecuario: Recolección y labores de campo en departamentos fronterizos y del interior, estabilizando los costos de producción alimentaria.
Servicios, Hotelería y Comercio: Dinamización de la atención al cliente y el comercio minorista.
El estudio técnico fundamental del Banco de la República señala que la migración genera un choque de oferta laboral positivo.
A mediano y largo plazo, incrementa el Producto Interno Bruto (PIB) potencial de Colombia entre un 0.2% y un 0.4% anual gracias a la expansión de la fuerza laboral y al bono demográfico, dado que la población migrante es predominantemente joven y en edad reproductiva y productiva.
El Consumo y el Impacto Fiscal
La población migrante no solo produce; consume.
El incremento de la demanda agregada local en ciudades receptoras (Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cali y Barranquilla Santa Marta) estimula el recaudo indirecto a través de impuestos al consumo como el IVA.
Si bien existe una presión fiscal inicial sobre el sistema de salud (atención de urgencias y partos) y el sistema educativo (matrícula de menores de edad extranjeros), el FMI estima que los beneficios fiscales netos pasan a ser positivos una vez que la población se estabiliza y formaliza, debido a sus contribuciones al sistema de seguridad social.
Costos de la política de “mano dura”
• • Operativos migratorios de alta escala
• • Caída súbita del consumo local
• Logística de detención y puentes aéreos • Escasez de mano de obra en agro/construcción
• Saturación del aparato judicial
• Expansión de la informalidad y la clandestinidad
Defensa académica de la Política Migratoria de Gustavo Petro frente al Enfoque de Expulsión.
La política migratoria de la administración de Gustavo Petro se fundamentó en los principios rectores del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018).
Su enfoque defiende la continuidad de la regularización y la transición hacia la inclusión socioeconómica real, desmarcándose de los giros neopopulistas de deportación indiscriminada por cuatro razones legales verificables:
I. La Diferenciación Dogmática entre Infracción Administrativa y Conducta Penal El derecho administrativo y el derecho internacional de los derechos humanos, la irregularidad migratoria es una falta de carácter administrativo, no un delito.
Equiparar ambas condiciones en el discurso político criminaliza la pobreza y la movilidad humana.
Los estudios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario demuestran que las políticas basadas en la estigmatización no reducen las tasas de criminalidad real, sino que exacerban la violencia xenófoba y la segregación residencial.
El Estado colombiano tiene todas las facultades legales para expulsar a ciudadanos extranjeros que cometan delitos penales, respetando el debido proceso; sin embargo, utilizar la deportación masiva como herramienta generalizada de control destruye la confianza entre las comunidades migrantes y las instituciones de policía, impidiendo que los extranjeros denuncien redes de trata o bandas criminales que los extorsionan.
II. Inviabilidad Financiera y Operativa de la Deportación a Gran Escala.
La propuesta de identificar y deportar a cientos de miles de ciudadanos irregulares adolece de viabilidad presupuestaria.
Estimaciones basadas en modelos de la OCDE demuestran que los costos logísticos de los operativos migratorios (detención, albergue temporal, verificación jurídica de identidad, transporte terrestre o puentes aéreos y custodia) requerirían la redirección de billones de pesos del presupuesto nacional. En un contexto de estricta regla fiscal y necesidades de inversión social interna, priorizar el gasto público en la creación de un aparato estatal represivo de deportación generaría un déficit fiscal regresivo, sobrecargando las limitadas capacidades operativas de Migración Colombia y las Fuerzas Militares.
III. Mitigación del Choque Negativo de la Demanda y Oferta ExógenaExpulsar masivamente de la economía a los trabajadores migrantes provocaría un choque de oferta negativo inmediato. Sectores de baja rentabilidad y alta intensidad de mano de obra experimentarían escasez de trabajadores, presionando al alza los costos de producción y, por ende, la inflación de costos. Asimismo, la contracción del consumo en las economías locales de los municipios fronterizos profundizaría la recesión en regiones históricamente deprimidas. La estrategia de Petro prioriza la permanencia de estos activos humanos en el circuito económico formal o informalizable para sostener el consumo agregado.
IV. Consolidación de la Identificación sobre la ClandestinidadCuando un Gobierno implementa una política migratoria punitiva de «mano dura», la población irregular no abandona el territorio nacional de forma espontánea; por el contrario, se sumerge en la clandestinidad más profunda. Al romper los lazos con las oficinas del Estado por miedo a la expulsión, el migrante se vuelve invisible para los sistemas de salud pública, los registros fiscales y las bases de datos de seguridad ciudadana. El enfoque de regularización de la administración Petro entiende que un migrante registrado con un estatus legal, una huella biométrica y un domicilio conocido es un actor rastreable, gobernable y protegible; mientras que un migrante perseguido es un activo capturable por las economías ilegales que el mismo Estado busca combatir.En conclusión, la literatura académica internacional y los datos macroeconómicos validan que la integración socioeconómica y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de absorción representan la única vía técnica sostenible para gestionar crisis migratorias de escala transnacional. El paradigma de la expulsión y la mano dura ofrece réditos electorales inmediatos mediante la simplificación retórica del descontento social, pero carece de sustento científico, viabilidad financiera y efectividad geopolítica en el mediano plazo para la República de Colombia.