Colombia ha vivido, con cuatro años de diferencia, dos procesos de transición presidencial que muestran estilos casi opuestos, la comparación no busca sentenciar quién es «mejor» o «peor» perdedor, ese juicio lo hará cada quien, lo que si es cierto es poner en contraste los hechos: cómo se despidió Iván Duque en 2022 y cómo se está despidiendo Gustavo Petro en 2026.
Cuando Gustavo Petro ganó la segunda vuelta presidencial de junio de 2022, el gobierno de Iván Duque activó de inmediato el protocolo tradicional de empalme, los equipos de ambas administraciones se reunieron públicamente, hubo entrega ordenada de información entre ministerios, y Duque asistió sin condicionamientos a la posesión de su sucesor el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar.
No hubo demandas de nulidad electoral, ni suspensiones del proceso de transición, ni dudas sobre si el mandatario saliente asistiría al acto de posesión; fue, en términos generales, el guion clásico de una democracia que cambia de gobierno sin sobresaltos, el que pierde reconoce, entrega y se retira.
El escenario actual es distinto, tras la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, en la que resultó ganador Abelardo de la Espriella, el gobierno de Gustavo Petro y el equipo entrante chocaron casi de inmediato, el proceso formal de empalme fue suspendido en medio de desacuerdos entre ambas partes, y el propio Petro anunció que su equipo presentaría una demanda de nulidad sobre los resultados electorales, alegando irregularidades.
A esto se sumaron gestos simbólicos que alimentaron la incertidumbre, Petro adelantó su despedida pública al 20 de julio en lugar de esperar la fecha tradicional del cambio de mando—, argumentando que no quería despedirse en lo que llamó «fechas trágicas», Por semanas circuló además la duda sobre si asistiría o no a la posesión de De la Espriella el 7 de agosto, algo que en Colombia no ocurre desde hace décadas.
Frente a esas dudas, sin embargo, Petro ha sido reiterativo en sus declaraciones en el Consejo de Ministros del 14 de julio afirmó que su mandato termina el 6 de agosto a medianoche y que prolongarlo sería romper la Constitución, ha insistido en varias ocasiones y por distintos canales que entregará el cargo el 7 de agosto tal como lo establece la Carta Política, y ha rechazado de forma explícita cualquier lectura de sus gestos como una intención de perpetuarse en el poder.
Lo que separa a las dos transiciones no es al menos hasta ahora el resultado final, sino el ambiente en que ocurren, en 2022, el empalme fue un trámite institucional casi invisible por lo fluido, en 2026, cada paso del proceso y la suspensión de las reuniones técnicas, la demanda de nulidad, el cambio de fecha del discurso de despedida, las dudas sobre la asistencia a la posesión se han convertido en noticia y en motivo de tensión pública.
Vale la pena anotar que esta lectura crítica no es la única posible, desde el entorno del Gobierno saliente se argumenta que las fricciones no son un capricho personal, sino la consecuencia de denuncias legítimas sobre el proceso electoral que, según ellos, merecen ser investigadas antes de dar por cerrado el capítulo; y que la suspensión del empalme se originó en desacuerdos con el equipo entrante, no en una negativa unilateral a cooperar, esa versión de los hechos también circula y el lector tiene derecho a sopesarla.
Lo cierto, en todo caso, es que el desenlace definitivo de esta transición solo se conocerá el 7 de agosto, si lo anunciado se cumple, Colombia protagonizará por segunda vez consecutiva en apenas cuatro años, una transferencia del poder entre gobiernos de ideologías opuestas, la forma en que se alcance ese momento no será un detalle menor, hará parte del relato con el que las futuras generaciones juzgarán la madurez democrática del país y su capacidad para garantizar una transición institucional en medio de las diferencias políticas.
