En Colombia existe una puerta de acceso a la justicia que muchas personas desconocen: los consultorios jurídicos de las universidades. Y aunque suelen ser conocidos simplemente como el lugar al que se puede acudir cuando no se tiene dinero para pagar un abogado, su función va mucho más allá. Pueden ofrecer asesoría jurídica, conciliación, actuaciones administrativas y, en determinados casos, representación ante jueces y autoridades.
Por eso, cuando alguien dice “necesito un abogado, pero no puedo pagarlo”, la respuesta no necesariamente es que deba quedarse sin asesoría. Existe una alternativa gratuita que puede ser el primer paso para entender qué derechos tiene, qué opciones existen y cuál es la ruta jurídica adecuada.
La regulación de estos espacios está principalmente en la Ley 2113 de 2021, que establece su funcionamiento y las condiciones bajo las cuales prestan sus servicios. La norma contempla, entre otras funciones, la asesoría jurídica, la conciliación extrajudicial en derecho, la representación judicial y extrajudicial, las actuaciones administrativas, la interposición de recursos y la pedagogía en derechos.
Esto significa que el consultorio jurídico no se limita a decirle a una persona qué dice la ley. Dependiendo del caso, puede intervenir para ayudar a solucionar un conflicto, promover una conciliación, presentar determinadas actuaciones o incluso representar al usuario ante una autoridad.
Y si esta alternativa le resulta útil a alguien en Santa Marta, no se trata de una posibilidad lejana. La ciudad cuenta actualmente con consultorios jurídicos vinculados a universidades como la Universidad del Magdalena, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Cooperativa de Colombia, que ofrecen servicios de orientación y atención jurídica gratuita dentro de las competencias que establece la ley.
¿Quién puede acudir? La ley contempla, entre otros beneficiarios, a sujetos de especial protección constitucional, personas que no cuentan con medios económicos para contratar un abogado y personas o grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad o indefensión cuando esa condición esté relacionada con el asunto que se pretende atender. Para los demás servicios, el consultorio debe evaluar la situación económica del usuario conforme a los criterios establecidos por cada institución.
Pero aquí aparece una precisión fundamental para entender realmente qué significa tener acceso a “un abogado gratis”: que el servicio sea gratuito no quiere decir que el consultorio pueda asumir cualquier proceso.
La Ley 2113 establece límites concretos para la representación de terceros. Como regla general, los estudiantes pueden actuar en determinados asuntos cuando la cuantía no supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero existen excepciones y reglas particulares dependiendo de la jurisdicción y de la materia. En los procesos laborales, por ejemplo, la cuantía no puede superar los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También existen competencias específicas en asuntos penales, civiles, de familia, administrativos, policivos y de tránsito.
Esto es importante porque una persona puede tener derecho a recibir orientación jurídica y, al mismo tiempo, encontrarse con que el consultorio no está facultado para asumir su representación durante todo el proceso. Una cosa es recibir asesoría y otra que el estudiante pueda actuar formalmente en nombre del usuario ante un juez o una autoridad.
Por eso conviene distinguir qué tipo de ayuda se necesita. La asesoría permite revisar una situación y conocer derechos, obligaciones y alternativas. La conciliación busca que las partes puedan llegar a un acuerdo sin necesidad de desarrollar un proceso judicial, cuando el asunto lo permite. Y la representación implica actuar formalmente en nombre de una persona dentro de las competencias que la ley autoriza.
Además, los estudiantes no ejercen estas funciones por su cuenta. La Ley 2113 establece que prestan los servicios bajo la guía, supervisión y control del consultorio jurídico y de su personal. Para representar a terceros, además, deben cumplir los requisitos académicos correspondientes y contar con la autorización exigida para cada caso.
Entonces, ¿qué ocurre si el problema supera los límites del consultorio?
Puede suceder que la cuantía exceda la permitida, que el asunto no esté dentro de las competencias de los estudiantes o que, por sus características, requiera una intervención profesional especializada. En esos casos será necesario acudir a un abogado habilitado para ejercer y con experiencia en la materia correspondiente.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, en determinados litigios de alta cuantía o en asuntos que requieren conocimientos especializados en áreas como derecho tributario, societario, contratación, propiedad intelectual o determinadas controversias administrativas. La posibilidad de acudir a un consultorio jurídico dependerá siempre de las características concretas del caso. Y aquí está otra de las razones por las que este “abogado gratis” puede ser más importante de lo que parece: no siempre la solución jurídica consiste en presentar una demanda.
Una persona puede llegar pensando que necesita iniciar un proceso y descubrir, después de revisar su situación, que todavía puede presentar un recurso, solicitar una actuación administrativa, acudir a una conciliación o utilizar otra alternativa jurídica. También puede descubrir que existe un término que está próximo a vencer o que la acción que pretendía iniciar no es viable. Recibir orientación antes de tomar decisiones puede evitar errores que después resulten costosos o imposibles de corregir. Por eso, acudir a un consultorio jurídico no debería verse como el último recurso de quien no tiene dinero. Puede ser, precisamente, el primer lugar al que conviene acudir para saber qué hacer.
La persona que necesite ayuda puede dirigirse a un consultorio jurídico de una universidad que preste este servicio, explicar su situación y llevar los documentos relacionados con el caso. Allí se evaluará si cumple las condiciones para recibir atención y si el asunto está dentro de las competencias del consultorio. Si puede ser atendido, recibirá el servicio correspondiente; si no, deberá ser informada de la razón por la cual el consultorio no puede asumirlo.
Eso sí: “gratuito” tampoco significa necesariamente que absolutamente todos los gastos derivados de un trámite desaparezcan. Pueden existir costos procesales o gastos asociados a determinadas actuaciones que no estén cubiertos por el servicio del consultorio. Por eso es importante conocer desde el principio qué puede asumir la universidad y qué gastos podrían quedar a cargo del usuario.
Al final, la pregunta no debería ser simplemente ¿cómo consigo un abogado gratis?, sino ¿quién puede atender legalmente mi caso y cuál es la mejor manera de hacerlo? Los consultorios jurídicos son una herramienta gratuita de acceso a la justicia, pero tienen competencias y límites establecidos por la ley.
Y cuando el caso queda por fuera de esas competencias, requiere una especialidad determinada o necesita una representación profesional que el consultorio no puede asumir, la asesoría de un abogado particular deja de ser solamente una alternativa y puede convertirse en una necesidad.
En VoxPública ofrecemos servicios de asesoría jurídica para quienes necesitan revisar su situación, identificar las alternativas disponibles y establecer cuál es la ruta legal adecuada. Porque conocer que existe un abogado gratis que no conocías puede ser el primer paso; saber cuándo ese abogado puede ayudarte y cuándo necesitas acudir a un profesional particular es igual de importante.
La próxima vez que alguien diga “no tengo dinero para un abogado”, quizá la respuesta no sea “entonces no puedo hacer nada”. Puede empezar por un consultorio jurídico. Y si allí no pueden llevar su caso, eso no significa que sus derechos se hayan quedado sin camino: significa que ahora sabe que necesita encontrar la representación profesional adecuada.
