En Santa Marta evitamos preguntar en voz alta: ¿quién define el futuro urbano de la ciudad? En una democracia, el crecimiento urbano es una decisión pública liderada por la autoridad de planeación, sustentada en criterios ambientales, sociales y técnicos, y orientada por el interés general. Sin embargo, el anuncio central al final de la reunión entre la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) y la ESSMAR parece contar otra historia: la proyección de incorporar 66.000 nuevos usuarios de servicios públicos en los próximos cinco años en Santa Marta. Para el sector constructor esta proyección representa una señal de dinamismo económico; para la administración distrital debería ser una alarma sobre la capacidad real del territorio para soportar ese crecimiento. El debate público se ha invertido. Hoy primero se habla primero de nuevos proyectos de vivienda y después, se verá qué hacer con el acueducto, alcantarillado, riesgos ambientales y ordenamiento territorial. Es exactamente al revés como una ciudad debería planificarse.
La reunión entre el gerente de ESSMAR, David Millán, y los afiliados de CAMACOL dejó un mensaje claro: la planificación terminó subordinada a las expectativas de edificabilidad.
Ninguna ciudad sostenible crece porque los constructores tengan inventarios de suelo; crece porque existe una autoridad de planeación capaz de definir qué territorios pueden urbanizarse, cuáles deben protegerse y cuáles jamás deberían ocuparse. Esto para Santa Marta será difícil de lograr mientras no se corrijan las serias deficiencias de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), reconocidas por la propia Secretaría de Planeación (Documento Justificación Técnica Revisión del POT ).
Frente a este escenario es oportuno destacar que VoxPública tuvo acceso a la comunicación (Oficio Solicitud de Información PJIIAAM-209) mediante la cual el Procurador Judicial Ambiental, Jorge Escobar Silebi, hace un fuerte llamado de atención al Distrito sobre la revisión del POT y sobre la manera en que este ha abordado el futuro urbano de Santa Marta.
En dicho Oficio, la agencia del Ministerio Público además de solicitar el texto contentivo del proyecto de revisión del Acuerdo Distrital N° 011 de 2020, recuerda a las autoridades locales a las cuales se dirige que: “El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública”. Es decir, el POT no existe para acomodarse al mercado. Es el mercado el que debe ajustarse al POT.
El Ministerio Público es contundente al señalar que la disponibilidad de servicios públicos ya fue objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la Corte Constitucional y que el desarrollo urbano debe entenderse como una oportunidad para proteger los bienes colectivos, no para deteriorarlos.
También advierte sobre el riesgo de que se utilicen indebidamente instrumentos previstos en el POT como los Planes Urbanos de Borde y los Planes Integrales Ambientales de Borde, a través de los cuales podrían normalizarse ocupaciones que fracturan ecosistemas y obligan posteriormente a destinar recursos públicos para llevarles infraestructura, legalizarlas o mitigar riesgos que nunca debieron existir.
Este mensaje resulta más que oportuno para quienes reclaman que el desarrollo urbano de Santa Marta no puede reducirse a una conversación entre constructores. CAMACOL cumple legítimamente la función de representar los intereses del sector edificador. Nada reprochable en ello. Pero y ¿qué pasa con Planeación distrital cuya función es defender los intereses de la ciudad?
Preocupa que la visión gremial termine dominando la conversación pública sobre el futuro de Santa Marta. Una ciudad no puede diseñarse únicamente desde la rentabilidad del suelo. También deben sentarse en la mesa quienes defienden el patrimonio ambiental, la gestión del riesgo, el espacio público, la movilidad, la disponibilidad hídrica y los derechos de quienes ya habitan los barrios con servicios precarios.
La prioridad del gobierno de Santa Marta no puede centrarse en satisfacer el apetito de ganancias de los “cacaos” criollos del negocio inmobiliario, sino en garantizar un desarrollo urbano que proteja el interés general, la sostenibilidad del territorio y el derecho de los ciudadanos a una ciudad planificada.
No se trata de oponerse al desarrollo inmobiliario, sino de gobernarlo, someterlo a la planificación, al ordenamiento territorial y a la capacidad real de sus servicios públicos. Solo así el crecimiento deja de ser un negocio para unos pocos y se convierte en bienestar para toda la ciudad.
Los 66.000 nuevos usuarios anunciados no deberían celebrarse como una meta comercial, sino analizarse como un compromiso de planificación que exige decisiones técnicas, ambientales y políticas de enorme responsabilidad por parte del gobierno local. Cada nuevo proyecto aprobado sin una visión integral amplía la deuda urbana que terminarán pagando los ciudadanos.
¿De qué le va a servir a Santa Marta que se construyan más edificios sobre el mismo desorden? ¿No aprendimos del modelo fallido que condujo al desastre urbanístico de El Rodadero?
Cuando entenderemos que una ciudad que pierde el control de su territorio deja de planificar su futuro y comienza, simplemente, a urbanizar su próxima crisis.
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