Con la llegada de nuevos congresistas se abre una oportunidad para replantear la manera como el Magdalena ejerce su representación ante el poder nacional. El desafío es acabar con la orfandad de gestión que durante años ha acompañado al departamento. Se ha dicho, con razón, que el Magdalena está sobrediagnosticado. Existen planes, estudios y consultorías que han identificado buena parte de sus problemas estructurales. Sabemos dónde están los déficits de agua potable y saneamiento, las brechas de conectividad, las amenazas ambientales, las necesidades del campo y las limitaciones de nuestra infraestructura. Pero diagnosticar no es estructurar. Entre identificar una necesidad y convertirla en una inversión financiable existe un largo recorrido técnico que nuestras entidades territoriales no siempre han sido capaces de completar. Una cosa es saber que se necesita una carretera, un sistema de acueducto o una intervención ambiental y otra, muy distinta, contar con proyectos maduros, con estudios y diseños, alternativas evaluadas, presupuestos consistentes y los soportes técnicos, jurídicos, ambientales y financieros necesarios para superar el rigor de las entidades nacionales.
Allí está uno de nuestros principales cuellos de botella: los diagnósticos no han trascendido a la etapa de proyectos bien estructurados y listos para competir por los recursos de la Nación.
Y esta realidad obliga a distribuir correctamente las responsabilidades. Los congresistas no estructuran acueductos, no diseñan carreteras, no adjudican contratos ni ejecutan los recursos de inversión. Esa tarea corresponde al Ejecutivo y a las entidades competentes. La Gobernación y las alcaldías tienen la responsabilidad de transformar las necesidades del territorio en una cartera priorizada de proyectos técnicamente sólidos.
La bancada necesita recibir del territorio algo más que una lista de problemas. Necesita proyectos para gestionar. Sin proyectos maduros, incluso la mejor gestión parlamentaria tendrá un alcance limitado. Pero también es cierto lo contrario: de poco sirve contar con proyectos técnicamente viables si permanecen durante años sin una representación política capaz de acompañarlos y defenderlos ante el Gobierno Nacional.
Ese debería ser el propósito para el Milagro del Magdalena: pasar del diagnóstico al proyecto, y del proyecto a la gestión.
El departamento necesita superar, además, la fragmentación de sus agendas. Cada alcalde tiene sus prioridades, cada gobernador construye su hoja de ruta y cada congresista adelanta gestiones individuales. Cuando cambian los gobiernos, muchos proyectos pierden continuidad, vuelven a comenzar o simplemente desaparecen.
La nueva bancada debería contribuir a romper ese ciclo mediante una Agenda Estratégica del Magdalena 2026–2030, construida conjuntamente con el Ejecutivo territorial, limitada en sus prioridades, técnicamente sustentada y susceptible de seguimiento ciudadano.
Necesitamos definir qué proyectos son verdaderamente estratégicos, conocer su nivel real de maduración y establecer una ruta para llevarlos hasta su viabilidad y financiación.
Sabemos que se requiere la solución estructural al abastecimiento de agua de Santa Marta; la recuperación integral de la Ciénaga Grande; la protección de la Sierra Nevada y la seguridad hídrica; la conectividad vial; una solución de largo plazo para el corredor Ciénaga–Barranquilla; la infraestructura aeroportuaria; el aprovechamiento del ferrocarril y la plataforma logística; la adaptación del litoral al cambio climático; el desarrollo de los pueblos palafíticos; la transformación productiva del campo y el fortalecimiento de la educación superior deberían formar parte de esa discusión.
Pero sabemos si ¿existen para estas iniciativas sus respectivos proyectos?, ¿en qué etapa se encuentran?, ¿cuentan con estudios y diseños?, ¿qué les falta para ser viable?, ¿cuánto cuestan?, ¿qué entidad es competente y dónde puede financiarse?
La Gobernación y las alcaldías deben entregar proyectos capaces de superar los filtros técnicos de las entidades nacionales. La bancada, por su parte, debe ejercer plenamente las competencias que le corresponden: impulsar los instrumentos legislativos necesarios, participar en las discusiones presupuestales, acompañar la interlocución con el Gobierno, exigir respuestas, ejercer control político y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.
No sería justo responsabilizar a un congresista por no conseguir recursos para un proyecto inexistente o deficientemente formulado. Pero tampoco sería aceptable que, existiendo proyectos maduros y estratégicos, la bancada permanezca ausente.
Los grandes proyectos del Magdalena no deberían tener propietarios políticos, pero sí responsables institucionales y dolientes públicos.
Al finalizar el próximo período, deberíamos poder preguntar a nuestros gobernantes qué proyectos dejaron estructurados y viabilizados, y a nuestros congresistas qué hicieron para acompañarlos ante la Nación.
El Magdalena no necesita seguir explicando indefinidamente sus problemas. Los conocemos. Necesita convertir los diagnósticos en proyectos, los proyectos en decisiones y las decisiones en inversiones.
Ese es el verdadero reto de los próximos cuatro años.
