EN LAS CRISIS ESTÁ EL NEGOCIO

Por: Veruzka Aarón Torregroza

veruzkaaaron.t@gmail.com

La crisis de los servicios de agua y alcantarillado ha sido uno de los temas decisorios en la elección de los últimos alcaldes de Santa Marta. Sin embargo, después de quince años consecutivos de discursos e inversiones de miles de millones de pesos en contratos de consultorías, estudios y diseños, no se ha concretado una solución. Esto es una muestra inequívoca de que la crisis se ha convertido en una rentable fuente de recursos para una élite técnico-política, que vive de diagnosticar una y otra vez la crisis sin resolverla, prolongando el negocio de los estudios.  O, demuestra que la capacidad de gestión de nuestros dirigentes no tiene límites. Hasta el día de hoy el derecho al agua sigue siendo una promesa incumplida para la ciudad. Los gobiernos anteriores intentaron excusar sus incompetencias con distintos argumentos, que evolucionaron desde el célebre “a mí nadie me pidió la solución del agua” hasta teorías de supuestas intrigas por parte de las familias “tradicionales”, que bloquearon soluciones gestionadas ante los gobiernos nacionales de turno. El gobierno de Pinedo retomó las promesas incumplidas. Sin embargo, después de dos años de gestión y ante los cuestionamientos sobre la idoneidad de los contratistas a quienes han adjudicado proyectos esenciales para la solución del problema, comienza a sembrar la base de su propia narrativa ante un eventual fracaso en su gestión:  “las redes de acueducto y alcantarillado de gran parte de la ciudad tienen más de setenta años.”  Al parecer, en las crisis está el negocio.

El dato es cierto. La infraestructura es obsoleta, insuficiente y presenta un deterioro significativo. Pero a estas alturas no debería presentarse como un descubrimiento reciente por parte de los técnicos. La condición de las redes no es una contingencia sobreviniente; es una realidad conocida desde hace décadas por técnicos, operadores y autoridades. Su existencia ha sido ampliamente documentada en diagnósticos previos, muchos de ellos financiados con recursos públicos. Cabe destacar que los proponentes declaren y acrediten conocer a fondo las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y operativas en las que se desarrollará el proyecto.

La pregunta, entonces, no es si las redes están viejas, sino si estas condiciones de obsolescencia e insuficiencia se incorporaron en la estructuración de proyectos y adjudicación de contratos para diseños y obras. O si por el contrario estas condiciones se ignoraron o minimizaron. Más aún: por qué la obsolescencia de la infraestructura aparece ahora en el discurso oficial justo cuando comienzan a evidenciarse incumplimientos y resultados inferiores a los prometidos.

La situación debe preocuparnos como ciudad puesto que durante los últimos años han sido dilapidados miles de millones no solo sin ningún resultado de avance para la solución de las crisis de acueducto y alcantarillado, sino sin ninguna consecuencia para los responsables de dichos detrimentos.

Ilustran la mala gestión: los contratos de Findeter y la Universidad de los Andes que muestran cómo los recursos han circulado sin generar resultados concretos. Entre 2014 y 2017, la Universidad de los Andes fue contratada por Findeter por cerca de $3.941 millones para desarrollar el “Estudio para el Fortalecimiento de la Infraestructura Sanitaria de Santa Marta para los Requerimientos Proyectados en los Próximos 50 Años”. A partir de los resultados planteados por Uniandes, el Ministerio de Vivienda gestionó por intermedio de Findeter los siguientes contratos de consultoría: 1) Contrato “Estudios y diseños de ingeniería de detalle, de la construcción de las obras necesarias para el mejoramiento y optimización a mediano plazo del sistema de acueducto de la ciudad de Santa Marta” ($2.627.012.427. 2) Contrato “Estudios y diseños de ingeniería de detalle para la construcción de las obras necesarias para la solución definitiva de abastecimiento del sistema de acueducto de la ciudad de Santa Marta-Fase I: ingeniería básica” ($ 4.838.027.940). Este último contrato, fue la base para la prefactibilidad de la APP para captar aguas desde el Río Magdalena por valor de $3.2 Billones de pesos.

Un par de años más tarde se contratan estudios a partir de la contribución de la empresa Cenit por más de $16.000 millones para el proyecto del Sistema de Acueducto de «El Curval». A pesar de no obtener viabilidad técnica, este proyecto fue el soporte para la aprobación de vigencias futuras por parte del Concejo de Santa Marta de la anunciada “solución final” por valor de $1.7 billones. A pesar de los intentos del gobierno anterior por contratar esta obra la licitación, debió ser declarada desierta gracias al valeroso ejercicio de la Veeduría del Agua que, había denunciado sus vicios de forma e inconsistencias técnicas.

Este gobierno estructuró unos pliegos de condiciones con requerimientos mínimos tan bajos que permitieron la participación de prácticamente cualquier empresa de garaje en la licitación para la elaboración de los estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Distrito de Santa Marta. En consecuencia, no podía resultar sorpresivo que el contrato terminara siendo adjudicado a una empresa que no cuenta con la estatura técnica acorde con la magnitud y complejidad de la solución que Santa Marta requiere.

Las consecuencias de esa decisión no son menores. La calidad de los estudios y diseños condiciona, de manera determinante, la viabilidad técnica, financiera y ambiental de las obras futuras. El riesgo no es solo la mediocridad técnica, sino la repetición del ciclo que ha caracterizado la gestión del agua en Santa Marta: estudios débiles, proyectos mal estructurados y, finalmente, nuevas excusas para justificar el fracaso.

Así las cosas, alcalde Pinedo, a buen entendedor, pocas palabras. La advertencia está hecha y el desenlace, de persistir este rumbo, será responsabilidad directa de quienes hoy gobiernan. La ciudad no necesita más diagnósticos complacientes ni contratos hechos a la medida de la improvisación. Necesita decisiones técnicas serias, pliegos exigentes y resultados verificables.

Alcalde, nos damos por advertidos.