ESSMAR: LA INTERVENCIÓN FRACASÓ… ¿EL DISTRITO SI PUEDE?

Cuando la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.) fue presentada ante la opinión pública en 2019, la promesa era ambiciosa y políticamente audaz: recuperar para lo público la operación del acueducto y el alcantarillado y, con ello, iniciar la solución definitiva de la crisis del agua en la ciudad. La entonces gerente de la empresa, Ingrid Aguirre, afirmó: “Santa Marta ya necesita una solución estructural al problema de desabastecimiento. Hoy nosotros decidimos tomar la operación, siendo coherentes con este sistema de gobierno y con lo comprometido por el doctor Rafael Alejandro Martínez”. La expectativa ciudadana fue enorme. Sin embargo, el paso de los años desmintió la promesa. La ESSMAR no solo fracasó en resolver el problema estructural del abastecimiento, sino que gracias a la intervención, pronto comenzó a convertirse en un problema adicional para la ciudad. A menos de un año de su creación, la ESSMAR registró pérdidas significativas y mostraba evidentes señales de deterioro financiero y operativo. Su galopante déficit llevó al gobierno de Iván Duque, ordenar en noviembre de 2021 su intervención a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Lo que se presentó como una medida para rescatar la empresa marcó el inicio de una prolongada agonía institucional, financiera y operativa.

Desde su creación, la ESSMAR, estuvo sometida a los intereses político – burocráticos, y su etapa de intervención, no fue diferente. Era tanta el hambre de quienes la reclamaban como botín, que no faltaron entre bandos, amenazas y/o ataques violentos. Esa puja y la falta de compromiso del gobernó nacional con los samarios, impidieron que se consolidara una dirección estable: en menos de cinco años la ESSMAR pasó por seis agentes especiales designados por la Superintendencia, lo cual, profundizó la incertidumbre institucional.

La inestabilidad gerencial tuvo un alto costo financiero. El déficit de la ESSMAR, que rondaba los $42.000 millones cuando comenzó la intervención en 2021, se estima que para 2025 habría superado los $125.000 millones. Lejos de un proceso exitoso de recuperación, la intervención terminó por agravar la crisis económica y operativa de la empresa.

El Gobierno Petro, responsable durante el mayor tiempo de la intervención, anunció a pocas horas de su salida, la devolución de la ESSMAR al Distrito. Pero no entrega una empresa saneada, fortalecida y preparada para una nueva etapa. Por el contrario, entrega una entidad con graves limitaciones financieras, una infraestructura deteriorada y una capacidad operativa insuficiente frente a las necesidades de una ciudad que supera el medio millón de habitantes y que además soporta una fuerte presión turística.

Mientras algunos celebraron el regreso de la empresa a manos del Distrito; otros, en cambio, nos formulamos algunas dudas esenciales: ¿Cuál es el objetivo de una intervención de una entidad, si no es su recuperación, o al menos conducirla a una mejor condición frente a lo que se asume? ¿El tiempo para que las intervenciones logren sus propósitos es indefinido? ¿Cuál es la justificación para que el gobierno Petro devuelva la ESSMAR al Distrito, si fue a cargo de dicha entidad que inició su crisis? ¿Debe entenderse que el gobierno Petro consideró que el Distrito ahora si tiene la capacidad técnica, financiera y gerencias para administrar a la ESSMAR en medio de la magnitud de su crisis? Si esto es así ¿por qué el gobierno Petro esperó hasta el último minuto para devolver la ESSMAR al Distrito?

Devolver la empresa sin un plan integral de salvamento puede equivaler a trasladar a la ciudad una carga que hoy no está en condiciones de soportar. Y si el Distrito fracasa en esa tarea, las consecuencias no serán políticas -porque en esta ciudad la incompetencia administrativa no se castiga electoralmente- sino sociales: más racionamientos, más barrios sin continuidad del servicio, más presión sobre los acuíferos y mayor deterioro ambiental.

El Gobierno Petro tenía la facultad para terminar con la intervención, pero también tenía la obligación de explicar qué deja, en qué estado la deja y con qué respaldo financiero y técnico se garantizará la transición. No basta con un acto administrativo; Santa Marta necesita que la ESSMAR sea devuelta con una hoja de ruta verificable, con inversiones, metas, cronograma y responsables.

Santa Marta recibe una empresa que lucha por sobrevivir. Y la gran pregunta que sigue sin respuesta es la misma desde hace años: ¿quién responderá, política, técnica y judicialmente, por haber convertido la esperanza de recuperar lo público en una crisis aún más profunda para la ciudad?

Sabemos que a los politiqueros les interesa que la ciudad no salga de sus crisis porque detrás de estas hay contratistas lucrándose. Pero ¿qué pasa con los gremios, y sociedad en general, serán como hasta ahora convidados de piedra?

¿Será que es momento para que en Santa Marta incursione en la política un outsider dispuesto a jugársela por la gestión eficaz de sus soluciones?