Créditos Foto: Alcaldía de Santa Marta
Por: Veruzka Aarón Torregroza
El Distrito de Santa Marta de acuerdo con lo estipulado por la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, decidió en 2024 iniciar la Revisión del “POT 500 Años”. Sin justificar aún el por qué, el Distrito optó por realizar una revisión Excepcional. Después de casi 5 años de que el Honorable Concejo Distrital aprobara mediante el Acuerdo No. 011 de 2020 dicho POT, este comenzó a reflejar las deficiencias técnicas advertidas previamente por distintos sectores de la ciudad. Muchos samarios creyeron que este problema no les afectaría, pero comienzan a percibir los impactos en su cotidianidad. Tal es el caso de Bello Horizonte, sector sujeto a cambios de norma que han inducido al aceleramiento de su crecimiento de forma desordenada y poco sostenible. La revisión del POT se esperaba como una tabla de salvación para corregir sus fallas. Sin embargo, el Gobierno Distrital amparado en una jugadita legal dejó este proceso en manos de contratistas que hicieron parte de la elaboración del cuestionado POT en 2020. “La mujer del César no solo debe ser honesta, también debe parecerlo”, esta debería ser una máxima para la administración distrital, pues no solo se trata de actuar legalmente, sino tan importante como esto, evitar cualquier duda, apariencia de corrupción, conflicto de intereses o falta de ética.
La Constitución Política 1991 en su Artículo 209 establece que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad…”. Esto no parece cumplirse a cabalidad al revisar la contratación relacionada para la elaboración del POT 500 Años y su proceso de Revisión.
En 2018 el hoy exalcalde Rafael Martínez suscribió el contrato de Consultoría N° 002 con la empresa Geografía Urbana para “Realizar la revisión general y el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Santa Marta” por valor de $1.302.331.113. A este, seis meses después, le fueron adicionados $598.800.000. Esta consultoría estuvo integrada por un equipo de profesionales entre los cuales estuvieron: Juan Francisco Rodríguez Vitta (Director Temático) y Fabián Díaz Cruz (experto urbanista). La consultoría debía entregar los siguientes productos: CONTRATO Y MODIFICACIÓN CONSULTORIA 002 DE 2018
El monto de la inversión y entregables de la consultoría indicarían que esta cubriría las necesidades técnicas del proceso de elaboración del POT. Sin embargo, no fue así. Antes de aprobarse el POT (2020), el Distrito contrató a uno de los profesionales de la consultoría por aparte para desarrollar actividades que estaban implícitas en los entregables de esta. Es el caso de Fabián Díaz con contrato N° 222/2020 por valor de $32.000.000, cuyo objeto era la “Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la planeación socioeconómica del territorio en la Secretaría de Planeación del Distrito de Santa Marta”. En este contrato Díaz como profesional independiente debía entre otras actividades “Apoyar en el proyecto de acuerdo en los documentos que conforman el POT: Expediente Municipal, Memoria Justificativa, Diagnóstico, Formulación, así como “Apoyar en la realización del informe de presentación y estrategia para la aprobación del Acuerdo ante el Concejo Distrital”. Aquí cabe preguntar: ¿No están estas actividades implícitas en los entregables de la consultoría N° 002/2020? Si no estaban ¿por qué no se adicionaron en la modificación que se hizo seis meses después? CONTRATO 222 DE 2020
Pero la participación de los señores Díaz y Rodríguez no se quedó en el proceso de elaboración del POT 500 Años. A pesar de las cuestionadas calidades técnicas de dicho POT, el gobierno de Carlos Pinedo contrató a Díaz con el objeto de “Prestación de servicios profesionales para la asesoría y apoyo técnico a la modificación excepcional del POT de Santa Marta y a sus diferentes etapas con relación a los componentes urbano y rural para el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta” (contrato 1694/2024). La misma situación se presentó con Rodríguez Vitta, cuyo objeto de contrato fue “Prestación de servicios profesionales para la asesoría y apoyo técnico a la modificación excepcional del POT de Santa Marta y a sus diferentes etapas con relación a los componentes región y productividad para el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta” (contrato 1695/2024). CONTRACTUAL 1694 y CONTRATO 1695
Se preguntarán ¿por qué el actual gobierno se toma el trabajo de contratar para la Revisión del “POT 500 Años” por separado a estos profesionales y no hacerlo mediante la empresa Geografía Urbana? Pues, porque Geografía Urbana (y su equipo de profesionales) estaría inhabilitada según lo descrito en la Ley 1150 de 2007: “artículo Art. 2, Numeral 4, literal c: las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. “No podrán celebrar contratos con las entidades estatales:[…] f) Quienes hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños, planos, anteproyectos, proyectos o pliegos de condiciones para la respectiva contratación.” Sin embargo, toda ley tiene su excepción. En este caso, la figura de contratos para la “Prestación de servicios profesionales”, es una de estas. Así, la jugadita legal del gobierno de Pinedo fue acomodar mediante dicha figura la contratación de estos profesionales.
En el caso de Díaz al “Apoyar en el proyecto de acuerdo en los documentos que conforman el POT: Expediente Municipal, Memoria Justificativa, Diagnóstico, Formulación.” (Contrato N° 222/2020), al participar en la elaboración (productos que debió entregar la consultoría) de documentos que hacen parte del núcleo técnico y normativo del POT, habría intervenido de manera sustantiva en el proceso de elaboración de este. Al respecto se refiere la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de mayo de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1998-02539-01: “La inhabilidad por participación en estudios previos no se predica de cualquier aporte incidental o accesorio, sino de aquella intervención determinante que compromete la transparencia y la igualdad en la contratación.”
En dicho contrato, Díaz también fue responsable de “Apoyar en la realización del informe de presentación y estrategia para la aprobación del Acuerdo ante el Concejo Distrital” Su intervención en la preparación de pliegos o estudios podría considerarse un presunto conflicto de interés en términos de imparcialidad, pues el mismo contratista que defendió políticamente el POT, luego estaría a cargo de su revisión, y no cualquier revisión, sino una que implica cambios profundos como es el caso de la Excepcional.
Así las cosas, con estas jugaditas se cubrió el aspecto legal. Pero y ¿qué de los cuestionamientos técnicos y éticos? Estos solo pueden evadirse con un proceso de revisión de espaldas a la ciudad. De otra forma el gobierno de Carlos Pinedo no podría responder a quienes cuestionan las calidades técnicas, la objetividad e imparcialidad de estos profesionales que después de haber participado de las fallas y debilidades que hoy dificultan la implementación del POT 500 Años, hoy realizan su Revisión.
Estas debilidades parten no solo de la carencia de estudios e insumos necesarios para la proyección de los servicios públicos de la ciudad, sino del planteamiento de normas que no estaban debidamente justificadas. Si el POT tiene fallas demostradas, ¿quién asegura que la Revisión de estos contratistas las va a corregir?
Éticamente debieron declararse impedidos los señores Rodríguez y Díaz para no ser jueces y parte de un POT que más daño que beneficio le ha traído a la ciudad a partir de las arbitrariedades que este ha facilitado. Sin embargo, la mayor falta ética le cabe al Gobierno de Carlos Pinedo, que a pesar del pleno conocimiento de las deficiencias del POT actual, opta por dejar su proceso de revisión en manos de profesionales cuyas capacidades técnicas e imparcialidad están ampliamente cuestionadas.
Estos hechos explican en gran parte la manera tan soterrada como el Distrito en cabeza de la Secretaría de Planeación han adelantado el proceso de Revisión del POT: en medio de oscuridad técnica y una discrecionalidad que viola los principios de la participación ciudadana.
De jugadita en jugadita esta ciudad ha sido conducida a una condición de crisis estructural que facilita la corrupción de los procesos administrativos de la ciudad. Lo que no se entiende es cómo una sociedad en pleno permite este manoseo crónico sin reaccionar.¿Será que los samarios renunciamos a la ética colectiva?
POT Santa Marta 500 años: El curioso caso de Bello Horizonte https://x.com/veruzkaaaron/status/1945811050403594550?t=dAf0ZuKIGyNrw38MVm7PsQ&s=08
Revisión del POT 500 años: ¿Insistir en los mismos errores? https://share.google/VADWia3iUyNqvNJUs
18 Comments
Jose Antonio 10 Sep 2025
Buena investigación, pero quedan arandelas por resolver y la Procuraduris General de la Nacion debe intervenir ennel proceso, toda vez que, el arquitecto Fabian Diaz Cruz no es lanpersona IDONEA para realizar asesoría a la Secretaría de Planeacion, su hoja de vida presenta irregularidades en la manifestación de estudios realizados
Elizabeth R. 10 Sep 2025
Por sus actos los reconocereis !
Los que solo buscan su propio beneficio en cargos públicos,
Los que se asustan cuando la ciudadanía reclama.
Los que de jugada en jugada venden su alma y con ella el progreso que tanto dicen defender.
Que sentirán cuando se miran en el espero?
ELIANA PATRICIA CEBALLOS 10 Sep 2025
Excelente artículo, muy necesario para abrir los ojos frente a lo que está ocurriendo. Estás acciones evidencian por qué Santa Marta sigue atrapada en prácticas que atentan contra la transparencia y la ética pública. No se trata solo de cumplir las normas, es necesario garantizar confianza ciudadana. Pensar en el bien común y no en unos pocos. Ojalá más samarios se animen a leer y a cuestionar, porque nuestra ciudad merece un futuro mejor y no seguir repitiendo los mismos errores.
—
¿Quieres que lo deje como un comentario ciudadano general (crítico y reflexivo) o prefieres que lo escriba con un enfoque más institucional/técnico, resaltando el marco legal y la ética en la contratación?
Elizabeth Raigosa 12 Sep 2025
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