La revisión excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 500 Años adoptado en el año 2020, debería representar una oportunidad para corregir las deficiencias técnicas, los vacíos regulatorios y los compromisos de planificación que quedaron sin desarrollar. No se trata de actualizar normas urbanísticas para el sector de la construcción. Se trata de que Santa Marta cuente con los estudios técnicos, la información e instrumentos financieros necesarios para dar solución de fondo a sus principales problemas. VoxPública tuvo acceso a la versión en borrador esta revisión excepcional, a pesar de que inexplicablemente el gobierno Distrital no lo ha dispuesto para conocimiento y socialización ante la opinión pública, excepto a miembros de algunos sectores muy reservados. En este borrador, encontramos que se incorporan respuestas normativas a varios problemas, pero no se evidencia que estén resueltos los déficits técnicos, institucionales y financieros que según lo expuesto por el Distrito en el documento Justificación Técnica de la Revisión Excepcional (Anexo) dificultan la implementación del POT 500 Años. No significa que todas las propuestas carezcan de utilidad. Algunas avanzan en la dirección correcta.
Según el documento Justificación Técnica las principales fallas halladas en el POT 500 Años son: 1) Cumplimiento parcial de las reglamentaciones; 2) Retraso generalizado en la implementación; 3); Ausencia del SIG y de herramientas digitales; 4) Falta de instrumentos de gestión y financiación; 5) Debilidades institucionales; 6) Falta de coordinación y seguimiento: 7) Efectos sobre la calidad de vida urbana y rural y 8) Gestión ambiental y del riesgo.
A continuación contrastamos lo propuesto en el borrador frente a los pendientes identificados en la Justificación Técnica y esto fue lo que encontramos:
- Cumplimiento parcial de las reglamentaciones. Entre otras reglamentaciones seguirían aplazadas las siguientes reglamentaciones y/o estudios:
Plan Maestro de Espacio Público (6 meses)
Estudios de detalle para la gestión del riesgo (No se fija un nuevo plazo general)
Estándares de calidad espacial para equipamientos (6 meses)
Procedimiento técnico para traslado de equipamientos (6 meses)
Plan de Movilidad Sostenible y Segura (PMSS) (12 meses)
Plan de Gestión de Cargas de Servicios Públicos para el corredor oriental (12 meses) Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (1 año para gestionar aprobación y adopción)
Plan de subterranización de redes eléctricas y de comunicaciones (Sin plazo concreto expreso en el texto revisado).
- Retraso generalizado de la implementación. El articulado del borrador no presenta un plan general para recuperar los atrasos del POT, con responsables, metas verificables y seguimiento consolidado.
- Ausencia del SIG y de herramientas digitales. El artículo 3 enumera documentos técnicos, diagnóstico, expediente territorial y cartografía como componentes integrales del acuerdo. No se encuentra una disposición expresa que ordene implementar el SIG, una aplicación móvil o un sistema público de seguimiento en tiempo real. La inclusión del expediente territorial no equivale a que esas herramientas estén operativas.
- Falta de instrumentos de gestión y financiación. El borrador incorpora elementos de gestión de cargas para el corredor de expansión oriental y contempla mecanismos de financiación dentro del Plan Maestro de Espacio Público. Pero no hay una solución expresa que cierre los pendientes señalados en el diagnóstico sobre la estrategia general de financiación, los sistemas de fiducias y la reglamentación de la participación en plusvalía.
- Debilidades institucionales y Falta de coordinación y seguimiento. se asigna responsabilidades a entidades distritales para formular planes y estándares, entre ellas Planeación y las dependencias responsables de los equipamientos. no demuestra que existan personal técnico, presupuesto, capacidad administrativa o mecanismos de coordinación suficientes para cumplirlas.
- Efectos sobre la calidad de vida urbana y rural. Propone un Plan Maestro de Espacio Público y estándares para los equipamientos; además, modifica normas aplicables a distintos tipos de equipamientos. Es un avance normativo, pero se desconocen los estudios soporte para este.
No debe desconocerse que el borrador contiene avances normativos en asuntos esenciales como la gestión del agua, el riesgo, el espacio público, los servicios públicos y el patrimonio. En este orden, una de las propuestas que introduce el borrador y que más se destaca es la de crear un Sistema de Gestión del Agua que integra abastecimiento, saneamiento, aguas lluvias, protección del acuífero, reúso y gestión del riesgo hídrico. También incorpora obligaciones como el reúso de agua en nuevos desarrollos y la planificación de zonas de gestión del agua. Es un avance en cuanto a la estructura normativa del problema. Pero no queda claro si este sistema está respaldado por estudios que den cuenta sobre balances de oferta y demanda, disponibilidad real de fuentes, capacidad de captación y tratamiento, estado de las redes, cobertura de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y financiación de las obras requeridas.
En materia de gestión del riesgo, la preocupación es aún mayor. El documento de Justificación Técnica del Distrito advierte que estos estudios no han avanzado como estaba previsto, pese a que constituyen un insumo fundamental para tomar decisiones sobre el uso del suelo y la seguridad de las comunidades.
La pregunta es si la revisión excepcional parte de un diagnóstico actualizado que permita establecer dónde están las zonas amenazadas, cuál es el nivel de exposición de la población y de las infraestructuras, qué áreas pueden ser objeto de medidas de mitigación y cuáles deben permanecer restringidas al desarrollo urbanístico. También es necesario conocer si existen estudios suficientes para sustentar las decisiones sobre expansión urbana, ocupación del suelo y localización de nuevos proyectos, especialmente en sectores donde las condiciones de amenaza pueden comprometer la vida de los habitantes y generar mayores costos futuros para el Distrito.
Algo similar ocurre con las cargas urbanísticas. El borrador introduce disposiciones asociadas a la demanda hídrica y a nuevos desarrollos, pero no demuestra que todos los mecanismos pendientes de recaudo, administración y destinación de esos recursos estén reglamentados y operando.
Así las cosas, una de las conclusiones más preocupantes de esta I Parte que cruzamos entre los compromisos pendientes por desarrollar en el POT 500 Años y lo que se encuentra en el borrador, es que varias obligaciones pendientes no desaparecen: se reformulan o quedan sujetas a instrumentos que deberán desarrollarse después.
Preocupa que persistan estas fallas, pues la revisión excepcional no puede limitarse a reconocer los problemas de implementación del plan vigente y trasladar su solución a nuevas reglamentaciones, estudios e instrumentos que deberán elaborarse después de su aprobación.
Atentos la próxima semana para una II parte…
