DENUNCIAS DE AGUIRRE:¿OPORTUNISMO?

Por: Veruzka Aarón Torregroza

veruzkaaaron.t@gmail.com

En los últimos días, Santa Marta ha estado inmersa en una nueva ola de escándalos políticos tras conocerse denuncias por presunto acoso sexual formuladas por un grupo de mujeres ex militantes del movimiento Fuerza Ciudadana contra Carlos Caicedo, fundador de esta colectividad. Las denuncias fueron reveladas por La FM. El escándalo escaló cuando la representante a la Cámara, Ingrid Aguirre, informó públicamente que su salida de este movimiento era “consecuencia directa del hostigamiento sistemático y de la invisibilización de mi trabajo”. Aguirre, destacó haber sido obligada a someterse a una prueba de polígrafo para demostrar su lealtad interna, un hecho que calificó como degradante y violatorio de su dignidad política. Esta nueva denuncia ha dividido a la opinión pública. Mientras que una parte se solidariza con la congresista, otra parte, entre estos miembros de Fuerza Ciudadana, la han tildado de oportunista por exponer estas situaciones en medio del debate electoral en el cual aspira a repetir como representante a la Cámara, esta vez por el partido Liberal. ¿Dónde ubicar las acciones de Aguirre? Su comportamiento es liderazgo contra violencia política de género o se acerca al oportunismo político?

Las denuncias contra lideres de Fuerza Ciudadana reactivaron un debate que no es nuevo en el escenario político local: el de las dinámicas de poder, silencios y lealtades dentro de los movimientos políticos. La violencia política contra las mujeres existe, se reproduce en estructuras partidistas verticales y suele justificarse bajo la lógica de la disciplina y la lealtad. Denunciarla es legítimo y necesario. Las prácticas que Aguirre describe son conocidas en la política colombiana, especialmente en movimientos altamente personalistas. Estas deben investigarse sin matices ni defensas corporativas.

Nadie debería desestimar la gravedad de las acusaciones, pero las denuncias de Aguirre llamaron la atención no tanto por su naturaleza, sino por el perfil de quien las formula. Aguirre, no fue una militante marginal ni una figura secundaria: fue una de las integrantes que mayor ascenso, visibilidad y poder alcanzó dentro de Fuerza Ciudadana. De ahí que su caso no debe tomarse a la ligera como el de una presunta víctima más. Desde su posición, Aguirre, no solo debió haber observado este patrón de abuso de poder en el interior del movimiento contra mujeres y hombres, sino que parece haberlo ejercido también como dan cuenta las denuncias que cursan en su contra.

Como representante a la Cámara, Aguirre es objeto de denuncias laborales instauradas en mayo de 2025 por dos extrabajadores de su unidad legislativa, quienes la señalaron por falta de pago de honorarios y presunto acoso laboral. Según los exempleados, habrían prestado servicios sin contrato formal, bajo horarios y órdenes directas, con una deuda que superaría los $40 millones.

Estos hechos no constituyen, por sí solos, prueba de que las denuncias actuales de Aguirre sean falsas o infundadas. Pero sí introducen una tensión ética difícil de eludir en el debate público: ¿es posible denunciar el abuso de poder mientras se es, al mismo tiempo, señalada por ejercerlo?

Personalmente, y en mi condición de mujer, creo que por la posición que ostentó, su trayectoria y conductas cuando ejerció el poder, ameritan cuestionar si la denuncia de Ingrid Aguirre es genuina u oportunista. No olvidemos que en el marco de la inhabilitación de Patricia Caicedo como candidata a la Alcaldía de Santa Marta, Aguirre denunció por acoso sexual y corrupción al ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Cesar Lorduy,  quien por esta razón debió renunciar ¿Por qué dado el carácter sistemático del hostigamiento  por parte de Carlos Caicedo-lo cual infiere que data de tiempo atrás- no lo denunció antes?

Cuestionar a Aguirre no es atacar ni minimizar la violencia política contra las mujeres. Es, por el contrario, una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué ocurre cuando una causa justa se convierte en un recurso personal dentro de la disputa por el poder? El problema no es la denuncia en sí, sino la coherencia de quien la enarbola como bandera.

El discurso de violencia de género, entendido como una ética política, no es solo una herramienta defensiva frente a la violencia ajena. También es un compromiso con la forma en que se ejerce el poder cuando se lo tiene. El punto crítico del caso Aguirre no es que denuncie -debe hacerlo-, sino que esta denuncia emerge en un contexto donde ella misma enfrenta cuestionamientos por abusar de su poder y reproducir dinámicas similares a las que condena.

Cada vez que una figura pública utiliza el lenguaje colectivo, en este caso de género, sin asumir plenamente la rendición de cuentas que exige, no solo compromete su credibilidad personal, también la de víctimas que sí enfrentan violencia y que no cuentan con tribuna, curul ni respaldo mediático.

Las incoherencias de Aguirre no absuelven a Carlos Caicedo ni a Fuerza Ciudadana. No explican ni justifican prácticas abusivas dentro de un movimiento político. Pero ignorar esas incoherencias, o reducirlas a un “ataque patriarcal”, tampoco ayuda. No debemos permitir que lenguajes legítimos, como el que denuncia la violencia política de género, se activen selectivamente, en momentos de ruptura o conveniencia electoral, sin una coherencia clara en las trayectorias particulares.