OBRAS POR IMPUESTOS: LA RECONSTRUCCIÓN NECESITA UN NUEVO PACTO NACIONAL

Colombia vuelve a enfrentar una tragedia que desnuda su fragilidad institucional. Tras el devastador terremoto que sacudió al país, el debate público se ha concentrado, como casi siempre ocurre, en cuánto dinero destinará el Gobierno, qué ministerio liderará la reconstrucción y cuántos meses tardarán en llegar los recursos. Esta vez, sin embargo, ha surgido una posibilidad distinta. La reconstrucción de las zonas afectadas ya no se plantea exclusivamente desde la capacidad financiera del Estado, sino también desde un instrumento que permite transformar parte de los impuestos en obras públicas concretas: carreteras, escuelas, hospitales, acueductos y sistemas de saneamiento. Obras por Impuestos deja de ser una política tributaria para convertirse en una oportunidad de reconstruir más rápido y con mayor corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado.

Ese instrumento existe desde hace casi una década. Obras por Impuestos representa una de las políticas públicas más innovadoras que ha producido Colombia en materia de financiación territorial. Creada mediante la Ley 1819 de 2016, nació con el propósito de cerrar las brechas históricas en los municipios más afectados por el conflicto armado.

Su esencia suele confundirse. No se trata de una exención tributaria ni de un beneficio gratuito para las empresas. Jurídicamente es una modalidad de pago del impuesto de renta que permite a los contribuyentes destinar hasta el 50 % de ese tributo a la ejecución directa de proyectos de inversión pública previamente aprobados por el Estado.

En otras palabras, en lugar de consignar ese porcentaje a la DIAN, la empresa financia y ejecuta una obra que queda al servicio de la comunidad. El impuesto no desaparece: cambia de forma y se convierte en infraestructura.

El mecanismo descansa sobre una arquitectura institucional que busca garantizar la transparencia y la priorización del interés público.

Todo comienza con la estructuración de proyectos por parte de las entidades territoriales y los ministerios, los cuales ingresan al Banco de Proyectos de Obras por Impuestos. Posteriormente, las empresas manifiestan su interés en financiarlos y la Agencia de Renovación del Territorio, con el acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación, autoriza su ejecución.

Existen dos modalidades. La primera es la Opción Fiducia, mediante la cual los recursos se administran en un patrimonio autónomo encargado de desarrollar la obra. La segunda es la Opción Convenio, incorporada por la Ley 2010 de 2019, que amplió las posibilidades de ejecución conjunta entre entidades públicas y contribuyentes.

Hay un principio que no admite excepciones: las empresas no eligen libremente qué construir. Solo pueden ejecutar proyectos previamente viabilizados en sectores estratégicos como educación, salud, agua potable, saneamiento básico, energía e infraestructura vial. La prioridad, por tanto, la define el interés público y no la estrategia corporativa. Este detalle es fundamental: la prioridad la define el interés público, no el interés corporativo.

Quienes desconfían del modelo suelen cuestionar su alcance. Los hechos, sin embargo, ofrecen una evidencia distinta.

La primera obra emblemática fue el mejoramiento de la vía entre Chalán y La Ceiba, en Sucre: tres kilómetros de carretera que conectaron a cerca de 2.500 habitantes de una región históricamente aislada por el conflicto armado.

Desde entonces, Obras por Impuestos ha financiado centenares de proyectos en municipios PDET y ZOMAC: escuelas rurales, acueductos, puentes, centros de salud y corredores terciarios. Entre 2018 y 2023 la inversión acumulada superó los 2,1 billones de pesos, con cerca de 300 proyectos ejecutados en más de 230 municipios.

Pero el verdadero éxito no radica únicamente en las cifras, sino en los tiempos. Allí donde la contratación pública puede tardar cinco años en entregar una escuela, este modelo ha demostrado que una alianza bien estructurada puede hacerlo en menos de dos. El cuello de botella deja de ser el dinero y pasa a ser la capacidad de gestión.

¿Puede servir para reconstruir después del terremoto? La respuesta es sí, aunque exige decisiones políticas audaces.

Si bien el mecanismo fue concebido para territorios afectados por la violencia, las reformas posteriores demostraron que su alcance puede ampliarse mediante voluntad legislativa. Esa experiencia abre una oportunidad histórica: crear un régimen extraordinario de Obras por Impuestos para las regiones devastadas por el terremoto.

Las necesidades de la emergencia coinciden exactamente con los sectores que el instrumento ya financia: reconstrucción de hospitales, recuperación de escuelas, rehabilitación de acueductos, reparación de vías y restablecimiento de servicios públicos esenciales. No sería un subsidio al sector privado, sino una forma más eficiente de anticipar inversión pública utilizando recursos tributarios que de cualquier manera ingresarían al Estado.

Durante décadas, Colombia ha alimentado una falsa dicotomía: o el Estado lo hace todo, o el sector privado termina apropiándose de lo público. Obras por Impuestos demuestra que existe un tercer camino: la corresponsabilidad.

Reconstruir después de un terremoto significa mucho más que levantar edificios. Significa restaurar la confianza ciudadana en que los impuestos pueden traducirse en bienestar, que la empresa puede ser un aliado del desarrollo y que el Estado puede ejercer liderazgo sin monopolizar la ejecución.

Hoy Colombia tiene la oportunidad de transformar una herramienta creada para cerrar las heridas de la guerra en el motor de la reconstrucción nacional. Persistir únicamente en nuevos créditos, reformas tributarias o interminables apropiaciones presupuestales sería desperdiciar un mecanismo que ya ha demostrado su capacidad para acelerar la inversión pública.